En una carta que ya ha recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el antiguo jefe de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo «el Pollo» Carvajal, expone la realidad que rodea a la empresa tecnológica Smartmatic, creada en Caracas y orientada al recuento electrónico de votos. Según su versión, la firma surgió como una palanca del chavismo destinada a garantizar su dominio político desde el primer día.

Los servicios de esta compañía se han contratado en múltiples procesos electorales. El caso más reciente tuvo lugar el domingo en Honduras, donde la oposición temía que se produjera un fraude que perpetuara a la izquierda afín al chavismo. Allí, el diario Abc detectó fallos en el sistema de registro biométrico, aunque la derrota del oficialismo hondureño fue tan amplia que no existía margen para revertirla.

Pese a ello, no existen pruebas de manipulación y Smartmatic ha rechazado en ocasiones anteriores cualquier vínculo con intereses políticos. Así lo mantiene en el litigio abierto contra Fox News, a la que acusa de haberla señalado en el recuento de las presidenciales estadounidenses de 2020, cuando Trump denunció públicamente un fraude del que se consideraba víctima.

Las nuevas afirmaciones de Carvajal introducen un elemento adicional en el debate sobre la fiabilidad de la tecnología electoral y la vigilancia de las empresas que operan en este sector. En Miami, una imputación vigente apunta a sobornos, pagos opacos y estructuras internacionales presuntamente empleadas para asegurar contratos públicos, lo que revela la fragilidad de algunos sistemas de contratación en países con instituciones débiles.

Estados Unidos y otras democracias que dependen de proveedores externos enfrentan ahora más interrogantes sobre controles, auditorías y estándares de integridad electoral. El caso coloca a Smartmatic bajo un escrutinio más severo en un momento en que su reputación ya se encontraba condicionada por disputas políticas y procesos judiciales previos.

En su mensaje dirigido a Trump, Carvajal asegura que «Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano» y que evolucionó hasta convertirse en «un instrumento para garantizar que el régimen permaneciera en el poder para siempre». La empresa se convirtió entonces en proveedor central del Consejo Nacional Electoral (CNE). Carvajal afirma haber intervenido directamente en su operatividad mediante la colocación del jefe de informática del CNE, quien, según declara, le reportaba de manera directa. Ese cargo manejaba la base tecnológica del voto y el flujo de datos durante los comicios.

El exgeneral sostiene además que «el sistema Smartmatic puede ser alterado», algo que describe como un hecho comprobable. Según su versión, el software permitiría modificar resultados sin dejar rastro.

También afirma que la tecnología de la firma se exportó a diversos países, incluido Estados Unidos, donde se utilizó en determinados estados y condados. Tras años al frente del aparato de inteligencia militar del chavismo, Carvajal terminó en España antes de ser extraditado a Nueva York.

El antiguo jefe de Inteligencia indica que operativos del chavismo mantienen contactos con funcionarios y empresas de votación dentro de Estados Unidos. Asegura haber remitido información previa a las autoridades estadounidenses y se declara dispuesto a ampliarla.

Fundada en 2000, Smartmatic opera sistemas de votación electrónica, registro biométrico y gestión electoral. Su tecnología se ha aplicado en comicios de Venezuela, Filipinas, Brasil, Bélgica, Armenia, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Estonia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Italia, Bulgaria, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos, donde participó en proyectos concretos como el caucus republicano de Utah en 2016 y el sistema de voto del condado de Los Ángeles. En España, ha mantenido contactos y consultas para proyectos relacionados con procesos electorales.

Después de la derrota de Trump en 2020, Smartmatic quedó en el centro de una oleada de acusaciones que la señalaban por fraude, pese a no haber operado en los estados disputados. Voces como Rudy Giuliani o Sidney Powell difundieron esas afirmaciones, mientras varios presentadores de Fox News las replicaron. Esto llevó a la empresa a presentar una demanda de 2.700 millones de dólares por difamación.

La causa ha avanzado tras la difusión de mensajes internos y declaraciones de empleados del canal que mostraban dudas sobre esas teorías. Smartmatic ya logró precedentes favorables con el caso de Dominion Voting Systems, resuelto mediante un acuerdo millonario, y ahora aspira a que un jurado determine los daños que ha sufrido.

La compañía afronta además, desde 2024, un proceso penal en Miami por sobornos y blanqueo de capitales relacionados con Filipinas. La imputación señala que la matriz del grupo, SGO Corporation Limited, y varios directivos habrían pagado más de un millón de dólares entre 2015 y 2018 al entonces presidente de la Comisión Electoral filipina para obtener contratos y liberar reembolsos tributarios vinculados a las elecciones de 2016.

Según la acusación, los implicados inflaban precios de las máquinas para generar fondos opacos y ocultaban los pagos mediante contratos ficticios, lenguaje codificado y transferencias a través de bancos de Asia, Europa y Estados Unidos, incluido el distrito sur de Florida. Enfrentan cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por blanqueo internacional, aunque todos los acusados se presumen inocentes mientras prosigue la causa.

La investigación judicial identifica a varios ejecutivos, entre ellos Roger Alejandro Piñate Martínez, Jorge Miguel Vásquez, Elie Moreno y el expresidente de la Comisión Electoral filipina Juan Andrés Donato Bautista. Algunos continúan prófugos.