Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes “mientras sea necesario”.

Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo “justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales”.

Estas organizaciones lamentan que las “negociaciones paralelas” que ha hecho este Ministerio con las de médicos, lo que le convierte en el único con “el dudoso honor” de haber logrado “un frente común sindical”, al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga. “La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno”, han criticado.

El Ministerio de Sanidad ha defendido que el borrador del nuevo Estatuto Marco incorpora todas aquellas demandas que entran dentro de su ámbito competencial, después de que los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación hayan convocado este jueves una huelga indefinida que comenzará el próximo 27 de enero.

En un comunicado, el Ministerio que lidera Mónica García resalta que se han añadido estas demandas tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados.

“El texto resultante busca garantizar la unidad del régimen estatutario del personal del Sistema Nacional de Salud, evitando desigualdades entre territorios, facilitando la movilidad profesional y permitiendo una planificación sanitaria homogénea”, señalan desde Sanidad.

El Ministerio considera que se ha alcanzado el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, “articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas”. Así, subraya que bloquear su aprobación por demandas ajenas al marco competencial implicaría desaprovechar una “oportunidad histórica” de reforma normativa, pendiente desde hace dos décadas.

En este punto, destaca que el borrador incluye el fin de la inestabilidad mediante OPEs obligatorias cada dos años; la movilidad real y garantizada con un concurso de traslados anual; límites estrictos a la sobrecarga laboral, reduciendo la jornada máxima semanal a 45 horas, por debajo de las 48h de la directiva europea, así como la transformación del modelo de guardias, pasando de 24 a 17 horas.

El departamento que dirige García también resalta que el texto incluye la ampliación de la protección ante noches y turnos penosos, la conciliación forzada y la reordenación de la clasificación profesional, entre otros puntos.