Antonio R. Naranjo.- Ningún político decente demoraría ni un minuto más la convocatoria urgente de elecciones generales, ante la evidencia de que gobernar sin mayoría parlamentaria es simplemente fraudulento, sobre todo si va trufado de una derrota electoral previa y se concreta, de manera estruendosa, con la imposibilidad de aprobar Presupuestos desde la anterior legislatura.

Solo alguien como Sánchez, capaz también de comprarse una investidura suicida a cambio de transformarse en cómplice de todo lo que un socialdemócrata, un patriota y un demócrata debería contribuir a contener por el bien de su país, puede resistirse ahora a devolverle la voz a los ciudadanos: quien ya se la robó con unas negociaciones indignas, clandestinas y en el extranjero; es bien capaz de intentar conservar el botín por todos los medios, aunque sea una infamia imposible ya de maquillar por esa Orquesta del Titanic conocida también como Equipo Nacional de Opinión Sincronizada.

Solo el colapso parlamentario, la evidencia de haber perdido el argumento aritmético esgrimido en 2023 para seguir en La Moncloa, artero conceptualmente, pero válido a efectos matemáticos, es suficiente para disolver las Cortes y acudir a las urnas. Qué decir si, a ese paisaje, se le añade un espectáculo penal de mordidas, ingresos en prisión, amaños, dedazos, prostitutas y corrupción en el cuartel general del sanchismo y en su propia familia.

Seguramente la resistencia de Sánchez, esa cualidad del inmoral que no tiene valores ni principios ni sentimientos, avala más que nada el temor a que, llegado el momento de convocar los comicios a principios de años (como parece probable) o en el verano de 2027 (como insiste su Coro Rociero y temen sus detractores), tampoco tengamos unas elecciones limpias.

No hace falta dar por seguro un pucherazo, en la línea de Maduro, para creer que de hecho ese proceso electoral no será ya limpio: la utilización del CIS para generar estados de opinión artificiales distintos a los reales; la transformación de RTVE en una maquinaria de propaganda inaceptable; el uso del Tribunal Constitucional como un despacho de abogados de Ferraz; el desprecio al Senado y ahora al Congreso y la colonización con adeptos de Correos, Telefónica o Indra ya son, de hecho, una intromisión ilegítima en el ecosistema político y electoral de un país, con la clara intención de transformar herramientas imparciales del Estado en parte de una táctica partidista obscena.

Las Generales de 2023, convocadas en la última semana de julio para dificultar el voto del veraneante y orientadas a incrementar el voto postal, ya son una pista contundente de cómo Sánchez intenta condicionar la sagrada liturgia electoral, en un proceso degradante de todo que no ha dejado de aumentar desde entonces e incluye la manipulación de las cifras económicas o laborales ciertas para recrear un paraíso de prosperidad inexistente; los sospechosos procesos de nacionalización exprés o el brutal derroche público para generar capas inmensas de dependientes en las que sembrar la idea de que, si pierde este pequeño califa, su «escudo social» decaerá.

Nada de todo ello da para creer que Sánchez se atreverá a dar el paso definitivo y veremos en España lo que vimos en Venezuela, pero solo un insensato declinará la imperiosa necesidad de controlar como nunca el recuento de cada papeleta y solo un frívolo ignorará que, con o sin pucherazo, la limpieza de las elecciones ya está en entredicho desde el mismo momento en que este autócrata decadente tomó posesión.