El Debate.- La decisión del Tribunal Supremo de citar al exgerente del PSOE y a una de sus delegadas más cualificadas para prestar testimonio en breve refuerza, sin duda, la necesidad de investigar a fondo la posible financiación del partido, sobre la que hay los suficientes indicios como para no conformarse con las insustanciales y escasas justificaciones ofrecidas hasta ahora.

Ya está documentado, con independencia de sus consecuencias penales, que al menos tres dirigentes socialistas de la máxima cualificación están inmersos en una trama endémica de corrupción, con el presunto trasiego de millonarias comisiones a cambio de contratos, licencias y obras públicas: sea cual sea su papel exacto, es ya evidente que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García se sirvieron de su posición para inducir relaciones comerciales entre la Administración y determinadas empresas, con el probable beneficio personal que dan porsupuesto los informes de la UCO y la instrucción judicial.

También es un hecho que todos ellos fueron promovidos y protegidos por Pedro Sánchez hasta que sostenerlos le hubiera pasado factura personal, por mucho que el relato de La Moncloa y de sus altavoces mediáticos pretenda vender ahora una inexistente reacción enérgica contra la corrupción: renovar a Cerdán en la secretaría de Organización poco antes de que entrara en prisión o incrustar a Ábalos en el Congreso al poco de destituirlo como ministro sin dar explicaciones denota una clara complicidad o un temor deudor del conocimiento recíproco del papel de cada uno.

Por último, la existencia de sobres con dinero en metálico en la sede de Ferraz, en coincidencia con el manejo de ingentes cantidades de billetes por sus máximos dirigentes y la constatada existencia de negocios con ministerios y autonomías, obliga a profundizar en las pesquisas y llegar hasta el final.

Nadie en el PSOE ha sido capaz de ofrecer una justificación razonable al trasiego de efectivo en sus propias oficinas, y las que han dado a duras penas resultan insolventes y patéticas, incluyendo las del propio presidente del Gobierno, que intentó naturalizar los cobros que él mismo disfrutó con la peregrina tesis de que no tiene nada ilegal, sin ser capaz de aclarar de dónde venía lo que él y tantos otros percibieron. ¿Salió de las cuentas del PSOE y se guardó en un cajón? ¿Dónde están las pruebas bancarias de esos movimientos? ¿Por qué la UCO no ha sido capaz de emparejar las salidas y entradas de caja?

Las confesiones de Víctor de Aldama, cuyas acusaciones iniciales se han documentado en buena parte luego con las conclusiones policiales, también ponen al PSOE en el disparadero y desechan la especie de que unos pocos desalmados actuaron a espaldas del partido, del Gobierno y del propio Sánchez: su palabra no da para condenar a nadie, pero sí indica el camino a seguir por los investigadores y aclara dónde y a quién mirar para establecer alguna conclusión.

La penal queda lejos, pero la política debiera ser inmediata: es insoportable tener al frente del país a un presidente perdedor, sin mayoría parlamentaria, sometido al chantaje eterno de sus interesados aliados y cercado por la corrupción en su entorno político y familiar más cercano. Mientras en Francia todo un presidente como Sarkozy está a punto de ingresar en prisión por delitos de índole política, aquí ni siquiera existe la esperanza de que dimita por sus ya evidentes responsabilidades, por acción u omisión.