La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue gobernando sin Presupuestos Generales del Estado, y ya avisa de que seguirá en Moncloa si este año tampoco consigue aprobarlos. No tener presupuestos no es gratuito y está afectando directamente al bolsillo de los colectivos más vulnerables. Ello se debe a que al no actualizarse el índice de referencia (IPREM) que fija los subsidios y las ayudas, el gobierno se está ahorrando cientos de millones de euros. ¿Las colectivos más afectados?: Las personas que cobran el paro, los autónomos sin actividad y los becarios.

El IPREM congelado: menos ayudas

El IPREM es la referencia fundamental para determinar la cuantía de prestaciones y los umbrales de acceso a becas y subvenciones en España. Al no aprobarse nuevos PGE, este índice se mantiene anclado en los 8.400 euros al año (distribuidos en 14 pagas, es decir, 600 euros al mes) desde 2023 Esta congelación tiene un impacto directo en partidas esenciales, especialmente en el subsidio por desempleo, cuya cuantía se fija con este indicado.

Así, la prestación más común por subsidio por desempleo, asciende al 80% del IPREM, lo que se traduce en 480 euros al mes. Si el IPREM se hubiese elevado (por ejemplo, en línea con el IPC o el Salario Mínimo Interprofesional), esta referencia mínima se habría incrementado, y, por tanto, la cuantía del subsidio también sería mayor.

Ello supone un beneficio para las arcas públicas y una pérdida de poder adquisitivo para los que requieren de esta ayuda asistencial. Más de un millón de personas afectadas en España a nivel asistencial, cifra que incluye el subsidio para mayores de 52 años, el subsidio por agotamiento de la prestación, la RAI, etc.,

Esta contención del gasto público se produce por un doble efecto regresivo. Por un lado, el Estado evita el coste de revalorizar las prestaciones existentes, como los subsidios. Cada euro que no se sube en el IPREM multiplica el ahorro por los cientos de miles de beneficiarios.

Por otro, se produce una exclusión de posibles beneficiarios de las subvenciones y ayudas sociales. Al mantenerse el umbral en 8.400 € brutos anuales el IPREM, cualquier ligero incremento salarial o de renta sitúa automáticamente a las familias fuera de los límites para solicitar becas, subvenciones al alquiler o asistencia jurídica gratuita.

Acceso a Becas y Ayudas Educativas

Entre los afectados, por tanto, estarían las familias que tiene derecho a recibir un ayuda para la educación, al ser el IPREM la referencia clave para determinar este derecho.

Por ejemplo, en las becas del ministerio de Educación, los umbrales de renta (umbrales 1, 2 y 3) para obtener becas de estudio, incluido el material y las tasas universitarias, se establecen en múltiplos del IPREM. Si el IPREM se congela, las familias con rentas ligeramente crecientes (por subidas salariales mínimas o SMI) superan el umbral y pierden el derecho a la beca.

Asistencia Jurídica Gratuita

También se ve afectado el derecho a ser asistido por abogado y procurador sin coste ya que depende directamente del IPREM. Para acceder a la Justicia Gratuita, los ingresos del solicitante (o de su unidad familiar) no deben superar un determinado número de veces el IPREM (generalmente 2 veces el IPREM para una persona sola). Su congelación, por tanto, excluye progresivamente a familias de bajos ingresos que, a pesar de seguir siendo vulnerables, privándoles de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Ayudas a la Vivienda

El IPREM también se utiliza ampliamente para regular el acceso a políticas de vivienda y bonos sociales, como las el acceso a la compra o alquiler de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Este acceso está supeditado a que los ingresos familiares no excedan ciertos múltiplos del IPREM (2,5 o 5,5 veces, dependiendo de la comunidad y el tipo de vivienda).

En síntesis, la no actualización del IPREM actúa como un doble muro: reduce el poder de compra de las ayudas que se cobran y restringe el acceso a nuevos solicitantes que, con rentas que apenas cubren el coste de vida, quedan automáticamente fuera de la red de protección.

En resumen, Hacienda está contabilizando un ahorro en el gasto social, a costa de dejar a los beneficiarios de ayudas y subsidios en una situación de mayor vulnerabilidad económica ante la subida generalizada de precios.

Con los presupuestos prorrogados y sin saber si el Gobierno los tramitará antes del 30 de septiembre de cara a 2026, El ahorro estimado hasta ahora se sitúa en el entorno de los 1.000 millones de euros al año, según los expertos. Una cuantía que equivale, por ejemplo, a una décima parte del último presupuesto en Defensa.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este viernes en el Fórum Europa que “para nada” da por perdidos los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 que está elaborando su departamento y aseguró que “dentro de poco” llevará al Consejo de Ministros la senda de déficit.