La incompetente ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), junto la ex fiscal de odio de Málaga y en la actualidad alto cargo en su ministerio, María Teresa Verdugo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que su departamento está valorando impulsar una normativa para prohibir la presencia de asociaciones provida frente a las clínicas donde se practican abortos. La propia ministra reconoció que no es un proceso «nada fácil», ya que en juego están también derechos fundamentales como la libertad de movimiento y la libertad de asociación y de empresa.

Redondo hizo estas declaraciones durante la presentación del estudio «El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes. Según la ministra, la creación de un «perímetro de seguridad» que limite la actividad de los grupos provida supondría «una mejora» en el funcionamiento de estas clínicas.

No obstante, admitió que el marco legal español dificulta restringir libertades constitucionales, lo que «tapona muchas soluciones normativas». Aun así, insistió en que sería «fantástico» contar con una norma que redujera lo que definió como un «impacto negativo» de la labor de los voluntarios provida.

Desde el movimiento provida se defiende que estas asociaciones no generan violencia, sino que ofrecen acompañamiento, alternativas y apoyo real a mujeres en situación de vulnerabilidad, ejerciendo su derecho a expresarse en el espacio público y a ayudar de manera pacífica.

En este sentido, muchos consideran que la medida anunciada por Igualdad supone un intento de silenciar voces disidentes frente al aborto y de restringir libertades fundamentales amparadas por la Constitución.