Informe Orwell.- La expansión de empresas chinas en América Latina y África ha sido presentada por Pekín como una “oportunidad de desarrollo” para los países receptores. Sin embargo, la realidad que enfrentan comunidades locales y trabajadores es muy distinta. Documentos oficiales, reportes de organismos internacionales y denuncias de sindicatos revelan un patrón común: abusos laborales, importación de mano de obra desde China, desplazamiento de trabajadores locales y un creciente déficit comercial que hunde a las economías receptoras.

Argentina y el Atlántico Sur — flota de calamar: trabajo forzado y muertes en alta mar

Investigaciones recientes de organizaciones especializadas describen una flota de pesca de altura, dominada por buques con vínculos a empresas chinas, que opera en el margen exterior de la zona económica exclusiva argentina. Reportes documentan retención de pasaportes, salarios retenidos, violencia física, jornadas extremas y al menos varias muertes de tripulantes en los últimos años. Estos patrones corresponden a prácticas de trabajo forzoso en embarcaciones que abastecen mercados globales, mientras la presión extractiva sobre el recurso reduce la pesca local y desplaza economías costeras.

La Environmental Justice Foundation (EJF) publicó un informe exhaustivo que identifica decenas de buques implicados y reclama controles de importación para cortar la demanda que sostiene estas rutas.

Ecuador: el caso Coca Codo Sinclaie

En Ecuador, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa Sinohydro, se convirtió en un símbolo de los abusos laborales y de la importación de mano de obra china.

Un reporte de la Contraloría General del Estado reveló que la obra empleó a cientos de trabajadores chinos mientras los ecuatorianos eran relegados a tareas de menor remuneración. Además, más de 7.000 fisuras estructurales fueron documentadas en la represa, lo que muestra no solo un abuso laboral, sino también deficiencias técnicas graves en el proyecto estrella de la cooperación china.

Perú: minería y represión a comunidades locales

En Perú, la empresa MMG Limited, controlada por capital chino, opera la mina Las Bambas, uno de los mayores proyectos de cobre en el mundo. La empresa ha sido acusada de no contratar suficiente personal local y de reprimir protestas de comunidades campesinas que denuncian contaminación y pérdida de tierras.

Un informe de Amnistía Internacional (2022) señala que las comunidades cercanas han sufrido desplazamientos y violaciones a los derechos humanos en medio de un conflicto social que ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos en choques con las fuerzas del orden, muchas veces desplegadas para proteger intereses mineros chinos.

Zambia: mineros explotados en las minas de cobre

En África, Zambia es un caso emblemático. Empresas chinas como China Nonferrous Mining Corporation (CNMC) han sido denunciadas por explotación laboral en minas de cobre, donde trabajadores locales acusan jornadas de hasta 16 horas diarias con salarios muy por debajo del promedio nacional.

El informe del Human Rights Watch (2011, actualizado 2022) documenta que varios sindicatos denunciaron despidos masivos de zambianos para ser reemplazados por mano de obra importada de China. Además, trabajadores locales han sufrido accidentes fatales por falta de medidas de seguridad.

Kenia: infraestructura con mano de obra importada

En Kenia, la construcción del ferrocarril Mombasa-Nairobi, financiado y ejecutado por la China Road and Bridge Corporation (CRBC), se convirtió en una de las obras más polémicas del continente africano.

Reportajes de la BBC (2018) y del Daily Nation documentaron que cientos de trabajadores chinos fueron traídos al país, mientras que a los kenianos se les relegó a tareas pesadas y de bajo salario. Además, hubo denuncias de racismo, abuso físico y explotación laboral en campamentos de obra, lo que provocó protestas de sindicatos locales.

Honduras: la última víctima del régimen chino

La construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca, considerado el proyecto de salud pública más importante de la zona sur, ha quedado bajo la lupa tras revelarse que la mayoría de sus trabajadores no son hondureños, sino ciudadanos chinos contratados por la empresa SFECO Group.

De acuerdo con una investigación publicada por El Heraldo Plus, al menos 8 de cada 10 obreros en el complejo hospitalario provienen de China Continental, pese a que la Ley hondureña establece que las empresas deben emplear al menos un 90% de mano de obra nacional.

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, advirtió que esta situación agrava la crisis laboral en la región, golpeada por la caída en las exportaciones camaroneras hacia Taiwán y la limitada compra de producto por parte de China. “Aquí tenemos miles de personas desempleadas y el 80% de los empleos del hospital se entregan a chinos. Eso no es justo”, denunció el edil.

Especialistas en derecho internacional señalan que esta práctica no es nueva. Empresas chinas suelen traer a su propio personal en proyectos de gran escala, incluyendo ingenieros, técnicos, operarios y hasta cocineros, con el argumento de mayor confianza y especialización.

“El problema es que al traer todo de China —maquinaria, materiales, obreros y técnicos— el impacto positivo en la economía hondureña es mínimo”, explicó el jurista Graco Pérez. “El país se queda con la deuda y la infraestructura, pero no con empleo real ni transferencia de conocimiento”.

Otro experto consultado recordó que el Código de Trabajo es claro: al menos el 90% de los empleados deben ser hondureños y el 85% de los salarios deben quedarse en manos locales. “Aquí el gobierno no está aplicando la ley como corresponde”, señaló.

Déficit comercial de América Latina con China: un impacto económico adicional

El panorama de abusos laborales y desplazamiento de trabajadores locales se ve agravado por la creciente dependencia económica de América Latina frente a China. Según el China-Latin America and the Caribbean Economic Bulletin 2023, publicado por el Boston University Global Development Policy Center, la región exportó a China unos 184.000 millones de dólares en 2022, mientras que importó 265.000 millones de dólares en bienes chinos, generando un déficit comercial récord equivalente al 1,4% del PIB regional, por segundo año consecutivo.

Aunque algunos países como Chile, Perú y Brasil mantienen superávit con China en sectores clave como minerales y carne, otros —entre ellos México, Colombia y Argentina— sufren déficits crecientes, lo que evidencia un desbalance estructural que acompaña la llegada de empresas chinas y la importación de mano de obra que desplaza empleo local.

En los últimos 20 años, China se ha consolidado como mercado principal de exportación para América Latina, desplazando parcialmente a Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones chinas supera al de las exportaciones regionales, exacerbando los desequilibrios comerciales y profundizando la dependencia económica, que se combina con los problemas laborales denunciados en proyectos estratégicos como minería, infraestructura y energía renovable.

Proyectos recientes incluyen inversiones en cadenas de suministro de energía renovable y vehículos eléctricos, además de préstamos y reestructuraciones de deuda en países como Ecuador, Surinam y Bolivia, donde la concentración de capital chino ha generado tensiones por condiciones laborales y económicas desfavorables para las comunidades locales.

Esta dimensión económica evidencia que la influencia china en América Latina no solo se refleja en abuso laboral y desplazamiento de mano de obra, sino también en un desequilibrio comercial que limita la soberanía económica de la región, profundizando la dependencia de capital y tecnología extranjera y consolidando un patrón preocupante de impacto negativo para los trabajadores y economías locales.