José Ramón Riera.- Por segunda vez desde la Transición, estamos ante un proceso de ruptura de la caja única de la Seguridad Social. La primera vez fue en 1978. Yo entonces tenía 24 años, había vivido el final de la dictadura en la Facultad de Económicas y acepté, como muchos, que la Constitución diese al País Vasco y Navarra un sistema fiscal diferenciado. Qué error, qué tremendo error. Solo con el paso de los años he comprendido que aquel acuerdo fue una herida abierta en la igualdad de los españoles.

Hoy, sin referéndum y solo para garantizarse unos meses más en La Moncloa, el Gobierno pretende conceder a Cataluña el mismo privilegio: quedarse con el 100 % de los impuestos recaudados a través de su propia Agencia Tributaria. A cambio, devolvería un cupo que, como ya ocurre con los vascos, nunca cubrirá el coste real. Porque, mientras tanto, el resto de los españoles seguimos pagando sus pensiones contributivas, sus pensiones no contributivas, sus incapacidades temporales, el Ingreso Mínimo Vital y todo lo que se vaya sumando a la Seguridad Social.

Porque hoy al País Vasco y a Navarra, y desde hace ya muchos años, les estamos pagando entre todos los españoles ese déficit de las pensiones que, en 2024 en el caso vasco, ascendió a 5.157 millones de euros y en el de los navarros sumo otros 808 millones.

Cataluña el año pasado nos costó a todos los españoles, menos a los vascos y a los navarros, 7.673 millones, que fue el déficit que tuvieron y que tuvo que cubrirse una parte con impuestos y otra con deuda.

Si se consuma la cesión de competencias fiscales a Cataluña, se cometerá una de las mayores injusticias vividas en nuestra débil democracia: tres regiones disfrutando de privilegios a costa de las otras catorce. Un éxito político para sus élites, un fracaso económico para la mayoría.

Lo más grave: se está haciendo sin referéndum, colando por la puerta de atrás una decisión que afecta directamente a 38 millones de españoles que verán deteriorado su nivel de vida.

Los políticos de esas tres regiones habrán conseguido un éxito para sus ciudadanos a costa de la mayoría de los españoles.

Lo que intenta el gobierno no puede aprobarse sin un referéndum, porque es colar por la puerta de atrás algo que afecta a 38 millones de españoles, que no viven en esta comunidad autónoma, que van a vivir peor por esta decisión.

Nuestro país, en los seis primeros meses, ha generado un déficit de 25.587 millones de euros, siendo la región española más deficitaria, precisamente, Cataluña, que genera un déficit de 4.155 millones, que supone el 16,2 % del déficit total.

La segunda en esta lista y en el total es Andalucía, que genera 3.827 millones de déficit en el primer semestre y pesa un 15 %.

Pero la tercera en valor absoluto, por encima de la Comunidad Valenciana que tiene casi el doble de habitantes, es el País Vasco, que en los seis primeros meses acumula un déficit de 2.549 millones y ya supone ella sola el 10 % del déficit total.

Si a Cataluña y al País Vasco le sumamos Navarra, el déficit en este período suma 7.141 millones de déficit que supone el 27,9 % del total.

Lo que estas cifras ponen en evidencia es un desequilibrio profundo y una injusticia flagrante. Tres regiones con privilegios fiscales concentran casi un tercio del déficit de pensiones de todo el país y, sin embargo, pretenden blindar un sistema que les permite recaudar más y aportar menos.

Bajar la cabeza

El Gobierno lo sabe. Lo saben los técnicos del Ministerio de Seguridad Social, los inspectores de Hacienda, lo saben los diputados socialistas, pero en lugar de afrontar el problema, optan por bajar la cabeza.

Este gobierno nos habla de derechos sociales mientras se desmantela, pieza a pieza, el principio básico que los sostiene: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y ante los impuestos.

El déficit de la Seguridad Social no es un asunto menor. Es la bomba de relojería más grande que tiene hoy la economía española. Porque no hablamos de carreteras, de subvenciones o de partidas prescindibles, hablamos del sistema que paga cada mes a millones de jubilados, viudas, huérfanos o personas con incapacidad.

Aceptar que unas comunidades disfruten de soberanía fiscal plena mientras sus déficits de pensiones se cubren con los impuestos del resto es condenar a millones de españoles a ser ciudadanos de segunda. Es institucionalizar el agravio. Es decirles a los trabajadores de Castilla-La Mancha, de Murcia, de Aragón o de Extremadura que sus cotizaciones servirán, no para garantizar sus pensiones futuras, sino para sostener el privilegio político de otros.

El deterioro ya está aquí: un déficit creciente, un endeudamiento que no cesa y un relato oficial que insiste en que todo va bien. Pero los datos no entienden de relatos. Si no se corrige, llegará el momento en que no podamos financiar ni siquiera lo básico.

Por eso este debate no puede resolverse en un despacho de la Moncloa, ni en una negociación secreta con partidos separatistas. Este debate exige luz, taquígrafos y un referéndum. Porque lo que está en juego no es solo la sostenibilidad de las pensiones, sino la cohesión misma de España.

El Debate