El Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., ha declarado que quiere «arreglar» el Programa Federal de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP, por sus siglas en inglés) para atender mejor a quienes sufren efectos adversos, aunque todavía no ha explicado cómo.

El 28 de julio, Kennedy publicó en X sobre el Ley nacional de 1986 sobre lesiones causadas por vacunas infantiles, que concede a los fabricantes de vacunas inmunidad general frente a la responsabilidad por lesiones derivadas de sus productos y, en su lugar, establece el VICP a través del cual las personas afectadas pueden solicitar una compensación económica en determinadas circunstancias.

«Hasta la fecha, el Tribunal de Vacunas ha pagado 5.400 millones de dólares a 12.000 peticionarios. Pero el VICP ya no funciona para lograr la intención del Congreso. En cambio, el VICP se ha convertido en un pantano de ineficiencia, favoritismo y corrupción descarada, ya que los abogados del gobierno y los Maestros Especiales que sirven como jueces de la Corte de Vacunas priorizan la solvencia del Fondo Fiduciario del HHS, por encima de su deber de indemnizar a las víctimas», dijo.

«La propia estructura pone trabas a los demandantes. El demandado es el HHS, no los fabricantes de vacunas; y los demandantes se enfrentan, por tanto, al poder monumental y a los bolsillos sin fondo del gobierno estadounidense representado por el Departamento de Justicia. Además, la mayoría de los jueces especiales proceden de puestos gubernamentales, jurídicos o políticos, y suelen mostrar un sesgo extremo que favorece a la parte gubernamental. No hay descubrimiento y no se aplican las reglas de la prueba», añadió Kennedy.

En lugar de conceder una indemnización «rápida y justa», los jueces especiales desestiman más de la mitad de los casos. La mayoría de los que siguen adelante suelen tardar más de cinco años en resolverse, y muchos languidecen durante más de diez años mientras los padres luchan por cuidar a niños que sufren discapacidades a menudo extremas», afirma.

«El VICP está roto, y tengo la intención de arreglarlo», declaró Kennedy. «No permitiré que el VICP siga ignorando su mandato y fracase en su misión de compensar rápida y justamente a las personas lesionadas por vacunas».

El secretario añadió que está trabajando con la fiscal general Pam Bondi en el asunto, pero no dio detalles sobre qué están haciendo exactamente o cuánto se puede hacer con arreglo a la legislación vigente. Es de suponer que el HHS y el Departamento de Justicia podrían ajustar el proceso para que las reclamaciones se resuelvan de forma más oportuna y menos sesgada.

Por su parte, el representante republicano Paul Gosar, de Arizona, ha reintroducido recientemente legislación que introduciría cambios más profundos: poner fin al blindaje de responsabilidad de los fabricantes de vacunas y permitir que los particulares entablen acciones civiles directamente contra los administradores o fabricantes de vacunas, permitir que dichas acciones civiles se entablen independientemente de que la víctima haya presentado una petición al programa, eliminar el plazo de prescripción para los particulares que soliciten una indemnización en virtud de la ley anterior y eliminar la clasificación de las inyecciones COVID-19 como «contramedidas» en una «emergencia de salud pública» en virtud de la Ley federal de Preparación para Emergencias y Preparación Pública (PREP) de 2005.

Existe una gran cantidad de pruebas en contra de las vacunas de COVID, que fueron desarrollado en tiempo récord por la iniciativa Operación Velocidad Warp de la primera administración Trump.

Sistema federal de notificación de reacciones adversas a las vacunas (VAERS) informa 38.709 muertes, 221.030 hospitalizaciones, 22.331 infartos y 28.966 casos de miocarditis y pericarditis hasta el 27 de junio, entre otras dolencias. Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. han reconocido una «alta tasa de verificación de las notificaciones de miocarditis al VAERS tras la vacunación con COVID-19 basada en ARNm», lo que lleva a la conclusión de que «es más probable la infranotificación» que la sobrenotificación.

En análisis de 99 millones de personas en ocho países publicado en la revista Vacuna «observaron riesgos significativamente mayores de miocarditis tras la primera, segunda y tercera dosis» de las vacunas COVID basadas en ARNm, así como indicios de mayor riesgo de «pericarditis, síndrome de Guillain-Barré y trombosis del seno venoso cerebral», y otras «señales potenciales de seguridad que requieren más investigación». En abril de 2024, los CDC obligado a liberar por orden judicial 780.000 notificaciones de reacciones adversas graves no reveladas anteriormente, y una estudio realizado en Japón «aumentos estadísticamente significativos» de las muertes por cáncer tras terceras dosis de inyecciones de COVID-19 basadas en el ARNm, y ofrecieron varias teorías sobre una relación causal.

En enero, un esperado informe del gran jurado de Florida sobre los fabricantes de la inyección COVID encontrado que existen «problemas profundos y graves» en el proceso de revisión de las empresas farmacéuticas, incluida la reticencia a compartir las pruebas de efectos adversos que han encontrado.

En mayo, Marty Makary, comisario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), y el Dr. Vinay Prasad, jefe de vacunas anunciado que ya no habría recomendaciones generales para que todos los estadounidenses recibieran la vacuna, pero que los «factores de riesgo» para los que se seguiría recomendando incluirían el asma, el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades renales crónicas, un puñado de enfermedades crónicas hepáticas y pulmonares, la diabetes, discapacidades como el síndrome de Down, afecciones cardiacas, el VIH, la demencia, el Parkinson, la obesidad, el tabaquismo, la tuberculosis, etc. Posteriormente, el Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr. anunciado Las vacunas COVID no se recomiendan a niños sanos ni a mujeres embarazadas.

Sin embargo, el mes pasado la administración Trump ha aprobado una nueva vacuna contra la COVID-19 basada en el ARNm de Moderna, para «personas que hayan sido vacunadas previamente con cualquier vacuna contra el COVID-19 y que tengan 65 años o más, o de 12 a 64 años con al menos una enfermedad subyacente que los ponga en alto riesgo de resultados por COVID-19».

En una entrevista reciente, Makary pidió paciencia a los insatisfechos con la gestión de las vacunas por parte de la administración, insistiendo en que se necesita más tiempo para realizar ensayos exhaustivos que permitan obtener datos más definitivos.