El gobierno de Pedro Sánchez continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019 el Consejo de Europa, que aunque reconoce algunos avances, en particular con proyectos legislativos que se han esbozado, lamenta que no se hayan materializado. Se trata de un tirón de orejas que refleja la falta de avances en la lucha contra la corrupción en el seno del gobierno y los altos cargos de la administración central.

En un informe publicado este viernes que actualiza la evaluación de esas recomendaciones respecto a otro relativo a 2023, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) considera que el incumplimiento sigue siendo total para 3 de esas 19 recomendaciones, frente a seis anteriormente.

El GRECO insiste en que esas evoluciones no son suficientes a la vista de lo que viene reclamando desde hace ya seis años y, por eso, ha pedido a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 en el que le detalle los progresos que haya hecho.

Para poner más presión, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha enviado una carta al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para instarle a que se “tome una acción determinada con vistas a lograr progresos tangibles tan pronto como sea posible”.

De las tres recomendaciones totalmente incumplidas, una se refiere al régimen que debería aplicarse a los asesores del Gobierno, ya que el GRECO estima que debería ser equivalente al que tienen las personas con responsabilidades en el Ejecutivo en términos de transparencia y de exigencias de integridad.

Sus expertos se quejan de que no tienen constancia de que se haya prestado una particular atención a la regulación del trabajo de esos asesores, al carácter político de su nombramiento y a sus funciones.

AFORAMIENTO DE CARGOS PÚBLICOS Y CONFLICTOS DE INTERESES

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, había anunciado a finales de 2024 su intención de sacar adelante una nueva ley de Administración Abierta donde se iban a abordar algunos de esas cuestiones, pero el GRECO hace hincapié en que el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado en Consejo de Ministros y, por tanto, no ha podido evaluar su contenido.

Otro punto en el que no ha habido avances desde 2019 es en el de la revisión requerida del aforamiento de los miembros del Gobierno, para que no se impida a la Justicia actuar contra ellos cuando haya sospechas de corrupción.

Las autoridades españolas han alegado que el aforamiento no impide la acción judicial, sino que simplemente establece que la instancia competente para hacerlo es el Tribunal Supremo, y también que hay un proyecto de reforma desde 2019 en las Cortes para limitar su alcance, pero eso no convence al organismo del Consejo de Europa.

Sobre los grupos de presión, el GRECO querría que hubiera reglas de transparencia sobre los contactos que mantienen con los responsables del Gobierno y del Parlamento, para que se disponga de información sobre los objetivos de esas relaciones y, en particular, que se pueda identificar a esas personas y conocer los asuntos que tratan.

Si bien ve con buenos ojos el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros en enero sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés, que prevé la creación de un registro y una serie de obligaciones y sanciones, lamenta que en el mismo no aparezca su recomendación sobre la transparencia de las agendas y habla de “una oportunidad perdida”.

Sobre las llamadas ‘puertas giratorias’, es decir el paso de responsables políticos a puestos empresariales al finalizar sus funciones que podrían dar lugar a conflictos de intereses, el Consejo de Europa quiere que las restricciones sean reforzadas y que estén supervisadas por un órgano independiente.

Aunque acoge con satisfacción el proyecto de enmiendas legislativas que ampliarían la limitación de dos años en el sector privado tanto para los cargos políticos como para los funcionarios, recuerda que eso está en proyecto y todavía debe adoptarse.

Además, insiste en que tiene que haber una revisión de diversos aspectos de las restricciones de empleo del sistema actual, y en particular que hay que mejorar el régimen de supervisión y de rendición de cuentas.