THE OBJECTIVE

Seis sentencias judiciales adelantadas por El Debate acreditan que los establecimientos que regentó durante más de dos décadas la familia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su mayoría funcionaban como saunas, eran en realidad prostíbulos donde también se trapicheaba con drogas. A continuación vamos a repasar los detalles más llamativos de estas resoluciones.

El caso más espeluznante se sitúa en el hostal Kilómetro Ochenta de Ituero y Lama (Segovia). En una sentencia de 2015, la Audiencia Provincial de Ávila narra con crudeza cómo tres hombres captaban en Rumanía a mujeres pobres, las trasladaban a España y las encerraban en el club, obligándolas a prostituirse bajo amenazas constantes y agresiones sexuales reiteradas. Uno de los condenados ejercía como encargado del local: abría, cerraba, vigilaba a las chicas, las encerraba en las habitaciones y repartía los beneficios de cada servicio sexual. Una de las víctimas fue violada sistemáticamente. La sentencia recoge cómo fue obligada a mantener relaciones sexuales «anales, vaginales y orales» sin preservativo, incluso cuando tenía la regla. Mientras ocurrían las agresiones, otro de los acusados la observaba con un palo en la mano.

El tribunal dio por probado que fue agredida una veintena de veces. «La vigilaban mientras tenía relaciones sexuales con los clientes. Le decían: ‘Si te escapas, te encontraremos y te mataremos’. La amenazaban con un palo, la insultaban y la obligaban a ducharse con agua fría delante de ellos». La joven trabajaba desde las cuatro de la tarde hasta las cinco de la madrugada. Cada servicio costaba 40 euros, de los que ella solo recibía 20. El resto se lo quedaban los explotadores. Las conversaciones entre ellos, recogidas en escuchas policiales, reflejan el clima de violencia: «Si se va, la reviento», «a esta le meto dos hostias», «que no me toque los cojones o la encierro». En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sancionó este local con más de 66.000 euros por tener a once mujeres extranjeras trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. La empresa alegó que eran clientas, pero el tribunal lo desmontó argumentando que eran prostitutas contratadas de forma ilegal, que «ejercían funciones relacionadas con el alterne y la prostitución» y estaban en situación administrativa irregular. Un entramado de explotación sin derechos laborales.

En Madrid, la Sauna Princesa, otro de los locales gestionados por la familia política de Sánchez, fue objeto de una demoledora sentencia en 2011. Allí, una mujer fue contratada como camarera pero obligada a prostituirse en la planta superior. La empresa cobraba parte de los ingresos de cada servicio sexual y el sueldo de la trabajadora dependía del número de relaciones con clientes. «Existía una estructura organizada para el ejercicio de la prostitución dentro del local. La demandante recibía una parte del precio abonado por el cliente por el servicio sexual, mientras que otra parte quedaba en beneficio de la empresa», recoge el fallo. La organización del local estaba diseñada para maximizar el rendimiento sexual ya que había habitaciones específicas, turnos, y reparto de ingresos.

En 2001, el Tribunal Supremo recogió el testimonio de una mujer de Guinea Ecuatorial interceptada en el interior de la misma sauna junto a otras extranjeras. Las mujeres eran conducidas por los encargados a habitaciones privadas para mantener sexo con los clientes. Cada habitación estaba equipada con «una cama, un preservativo, una toalla y un rollo de papel higiénico». La Policía la encontró en plena relación sexual con un cliente. El encargado lo justificó: «Allí solo se mantenían relaciones sexuales con los clientes del local». La presencia de drogas también era parte del ecosistema. En Sauna Bar, otro de los locales explotados por el suegro de Sánchez, la Policía halló seis papelinas de cocaína en poder de una trabajadora del club. Ella misma reconoció que las consumía de forma habitual. El tribunal confirmó que tenía la sustancia escondida en su ropa y que contenía 2,2 gramos netos de cocaína.

Y el circuito se cerraba con el trapicheo. A las puertas de la Sauna Adán, en la calle San Bernardo de Madrid, la Policía interceptó a un individuo justo tras salir del local, entregando un envoltorio con cocaína de alta pureza a cambio de dinero. El paquete contenía 94 miligramos con un 25,7 % de principio activo, escondido dentro de una cajetilla de tabaco. «Los funcionarios de la Policía Nacional observaron la entrega del paquete tras la salida del acusado del local. En su poder se halló la droga, camuflada en sus pertenencias». Los documentos judiciales no dejan lugar a la duda. Las saunas y clubes del entorno familiar de Begoña Gómez no eran simples negocios de hostelería. Eran centros donde se explotaba sexualmente a mujeres, muchas de ellas extranjeras y sin papeles, y donde el consumo y el tráfico de cocaína formaban parte de la rutina. Las sentencias, firmes y demoledoras, trazan un mapa criminal oculto tras los carteles de neón.

Fuente: El Debate