El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La concesión a Cataluña de un sistema fiscal propio –que es el fin que pretenden alcanzar el Gobierno PSOE-Sumar, Salvador Illa y las fuerzas independentistas–, provocaría un efecto cascada en el resto del Estado con consecuencias imprevisibles. Comenzaría por un preocupante inestabilidad financiera y presupuestaria, porque Cataluña dispondría de más recursos, lo que le permitiría gastar más y aumentar el déficit conjunto; la Administración Central tendría que asumir un mayor déficit para poder hacer frente a los servicios que financia y gestiona –pensiones, paro, ingreso mínimo, sanidad…– si pierde la recaudación generada en Cataluña de los impuestos estatales que ahora recibe; las regiones ricas deberían hacer una mayor aportación a las que tienen menores recursos, disminuyendo la capacidad financiera de todas ellas; la inseguridad jurídica incrementaría el coste de la deuda por la disminución de ingresos y por el impacto negativo en la actividad económica, aumentando el déficit; y, finalmente, el mayor volumen de deuda consumiría un mayor gasto en intereses. Por tanto, gobiernos regionales, altas instituciones del Estado, asociaciones de empresarios, los inspectores y técnicos de Hacienda, el Consejo de Economistas, «thinks tanks» como Fedea, Funcas, IEE, BBVA Research, incluso la Comisión Europea han mostrado su preocupación, cuando no su rechazo frontal, por ser un acuerdo «ilegal, insolidaria, injusto, empobrecedor y, a efectos de aplicación formal, imposible de llevarse a cabo en el medio plazo».

En la actualidad, las comunidades autónomas reciben del Estado el 50% del IRPF y del IVA, el 58% de impuestos especiales de fabricación y el 100% del impuesto de matriculación, entre otros. Su equivalencia en fondos directos para Cataluña es muy relevante: 27.500 millones. Si el modelo de financiación singular llega a aplicarse en su totalidad, la región pasaría a recaudar el 100% de los tributos aportados por los contribuyentes con primera residencia en la comunidad –al margen de los 52.000 millones de carácter local de los municipios catalanes–.

Cuando la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) logre su independencia fiscal de la Agencia Tributaria española y asuma toda la recaudación del IRPF pasaría a controlar más de 38.000 millones de impuestos cedidos y propios en 2026, en vez de los más de 5.200 que gestiona en la actualidad, seis veces más –si se cumplen los plazos firmados, que los inspectores de Hacienda ven «imposible» y que los propios de la ATC asumen que «es un plazo demasiado optimista», por decirlo suavemente–. La Hacienda catalana tendría que asumir una devolución de casi 3.000 millones a los declarantes catalanes –en base a la última devolución tributaria de 2023–, y devolver al Estado la parte que se acuerde de la cuota estatal del IRPF, que ni se ha aclarado ni se ha precisado.

Con el despliegue total del cupo catalán, los inspectores de la Hacienda española cifran en más de 130.000 millones de euros los ingresos fiscales que pasaría a controlar el Gobierno de Salvador Illa cuando asuman la fiscalización de toso los impuestos de su comunidad, lo que supondrá unos ingresos adicionales netos para sus arcas de casi 25.000 millones.

En todas estas previsiones se da por hecho que el nuevo sistema aumentará claramente los recursos disponibles para Cataluña entre 5.000 y 6.000 millones adicionales anuales, pero el objetivo es que se puedan recaudar limpios 25.000 millones más, pero tanto la Generalitat como el Gobierno central guardarán con celo esta cifra «al menos hasta otoño, hasta que se haya disipado parte de la crisis política tras el verano», explican  fuentes conocedoras de la situación. Saber la que tendrán que girar al Estado en compensación ni se sabe ni tiene fecha.