El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dio un paso contundente esta semana al enviar más de 20 citaciones a médicos y clínicas que realizaron cirugías y tratamientos de transición de género en menores. La medida, anunciada por el Departamento de Justicia, busca recopilar testimonios y documentación como parte de una investigación federal por posibles casos de fraude sanitario y declaraciones falsas.

«La mutilación de menores al servicio de una ideología distorsionada no quedará impune», afirmó la fiscal general Pam Bondi en el comunicado oficial, advirtiendo que «los profesionales y organizaciones médicas que mutilaron a menores serán responsables ante este Departamento de Justicia».

Este tipo de cirugía y mutilaciones proliferaron durante el anterior gobierno demócrata de Joe Biden como parte de la llamada agenda woke.

Un marco legal definido desde enero

La iniciativa se enmarca en la orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025, apenas una semana después de asumir su mandato. Titulada Protección de los niños contra la mutilación química y quirúrgica, la orden prohíbe que el gobierno federal financie, patrocine o promueva cualquier tratamiento de transición de género en menores.

El documento establece que «Estados Unidos no financiará, patrocinará, promoverá, asistirá o apoyará la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro», y ordena aplicar estrictamente todas las leyes que prohíban o limiten estos procedimientos. También instruye al Secretario de Salud y Servicios Humanos a garantizar la exclusión de estos tratamientos en la cobertura médica de empleados federales y en las instituciones que reciben fondos públicos.

Reacciones encontradas

La medida ha sido celebrada por grupos conservadores y organizaciones que defienden los derechos de los padres, quienes argumentan que estas intervenciones son irreversibles y ponen en riesgo la salud y el bienestar de los menores.

En contraste, asociaciones médicas y organizaciones de derechos LGBTQ+ han manifestado su preocupación, advirtiendo que limitar el acceso a estos tratamientos podría dejar a jóvenes trans en una situación vulnerable y aumentar los riesgos de salud mental.

En el ámbito nacional, más de 20 estados gobernados por el Partido Republicano ya han aprobado leyes que restringen o prohíben los bloqueadores de pubertad, hormonas y cirugías de reasignación de género para menores.

A nivel internacional, países como Reino Unido y Suecia también han endurecido sus políticas respecto a los tratamientos de reasignación de género en menores, priorizando un enfoque más cauteloso y solicitando investigaciones adicionales sobre los efectos a largo plazo.