Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el INE la pasada semana dejaron un récord de ocupación de 21.857.900 personas. Pero detrás de estos números se oculta una preocupante realidad: todavía no estamos a niveles anteriores a la crisis financiera en lo que a ocupación privada se refiere, mientras que el gasto en salarios y prestaciones públicos se ha disparado.

España tiene 48.649.300 de habitantes de los cuales 41.810.000 tiene 16 años o más, el 85,94 %. De esta población en edad de trabajar, el 35,68 % son inactivos ya sea por ser jubilados, estudiantes, amas de casa o personas con incapacidad permanente.

De la población activa, unas 24.453.300 personas, 21.857.900 se encuentran empleadas y 2.595.500 están en paro. De los ocupados, 14.998.000, el 30,83 %, son asalariados y 3.268.700 autónomos; el resto, 3.581.200 personas, trabajan para el sector público. Es decir, el sector productivo privado representa el 37,55 % de la población, el 74,7 % de todos los activos.

Estas cifras contrastan con las registradas antes de la crisis financiera. En el cuarto trimestre de 2007, el total de ocupados en el sector privado suponía el 39,26 % de la población y el 78,3 % del total de trabajadores en activo, casi cuatro puntos más que en el mismo periodo de 2024.
Esto se debe a que, mientras que en ese lapso la población ha crecido un 7,6 %, el número de asalariados se ha incrementado en un 6 %, mientras que el porcentaje de autónomos ha caído casi un 10 %. Los trabajadores del sector público, por el contrario, ha aumentado un 21 % y los inactivos un 12,4 %, principalmente por los jubilados (+42 %).

En menos de dos décadas se ha producido un preocupante envejecimiento de la población que ha disparado el gasto en pensiones mientras que el tejido productivo privado no ha conseguido recuperar los niveles anteriores a la crisis, con especial relevancia en el caso de los trabajadores por cuenta propia. No es de extrañar que la deuda de la Seguridad Social se haya multiplicado por siete desde entonces.

Además, desde la llegada de Pedro Sánchez, se han introducido nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se ha disparado el gasto en salarios públicos en un 35,5 % hasta los 170.000 millones, el 11 % del PIB.

Así, entre trabajadores del sector público (3.581.200 personas), perceptores de pensiones contributivas (9.316.509), de no contributivas (457.400), de clases pasivas (721.395), parados con derecho a algún tipo de prestación (1.788.185), beneficiarios del IMV (674.000 hogares), de prestaciones de dependencia (1.636.757) y rentas mínimas de inserción (571.732), 18.747.178 personas reciben alguna remuneración del Estado, el 38,5 % del total. No obstante, hay que señalar que algunas de las mencionadas prestaciones son compatibles entre sí, por lo que el número de beneficiarios es ligeramente menor.

En cualquier caso, se trata de cifras importantes, que superan en casi medio millón de personas al total de trabajadores que cobran un salario de la empresa privada. Esta barra libre en sueldos y pagas públicas ha supuesto un endeudamiento que supera los 1,622 billones de euros y que ha crecido con Sánchez un 35 %.