El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 29 de enero una orden ejecutiva titulada «Poner fin al adoctrinamiento radical en la educación K-12», con el objetivo de eliminar de las escuelas públicas la enseñanza de teorías que considera «antiestadounidenses» y «subversivas». Esta medida busca prohibir el uso de fondos federales en instituciones educativas que promuevan la teoría crítica de la raza y la ideología de género.

Según el documento oficial, la orden establece que «imponer ideologías antiestadounidenses, subversivas, dañinas y falsas en los niños de nuestra nación no solo vulnera en muchos casos las leyes de derechos civiles contra la discriminación, sino que también usurpa la autoridad básica de los padres».

La teoría crítica de la raza ha sido objeto de controversia en Estados Unidos. Sus críticos argumentan que promueve divisiones raciales al enfatizar las diferencias y conflictos históricos entre grupos étnicos.

La orden ejecutiva también se enfoca en la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Trump ha expresado su oposición a que se enseñe a los estudiantes sobre identidades de género que difieren del sexo biológico, argumentando que tales enseñanzas pueden confundir a los niños y socavar los valores familiares tradicionales.

Además de prohibir la enseñanza de estas teorías, la orden instruye a los departamentos de Educación, Defensa y Salud y Servicios Humanos a desarrollar, en un plazo de 90 días, una estrategia para «eliminar la financiación federal o el apoyo al tratamiento y adoctrinamiento ilegal y discriminatorio en las escuelas primarias y secundarias».

Organizaciones conservadoras y grupos de padres han aplaudido la decisión, argumentando que protege a los niños de ideologías que consideran perjudiciales y refuerza el control parental sobre la educación.

Por ejemplo, Jessica Tapia, una exprofesora cristiana de California que fue despedida en enero de 2023 por negarse a cumplir con las políticas transgénero de su distrito escolar, celebró la orden ejecutiva, afirmando que es un paso importante para proteger los derechos de los padres y la integridad de la educación.

La implementación de esta orden ejecutiva podría enfrentar desafíos legales, ya que la educación en Estados Unidos es principalmente una responsabilidad estatal y local. El gobierno federal tiene una influencia limitada, principalmente a través de la financiación, lo que podría complicar la aplicación de esta nueva política.

Esta acción se enmarca en una serie de medidas recientes de la administración Trump dirigidas a reformar el sistema educativo del país, enfatizando una educación que promueva valores patrióticos y tradicionales, y limitando la enseñanza de conceptos que considera divisivos o perjudiciales para la unidad nacional.