Roberto L. Vargas.- A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho del problema de la vivienda uno de los ejes fundamentales de su acción política, lo cierto es que no ha logrado atajar un problema que se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Primero lo intentó encauzar con la Ley de Vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023 y que el tiempo y los propios hechos han demostrado que no ha servido para solucionar el problema. Tanto es así, que el pasado lunes, el propio Sánchez presentó un nuevo plan con doce medidas para tratar de revertir la situación. Una hoja de ruta que los expertos dudan que sirva para hacerlo ni a corto ni a largo plazo y que incluye medidas más que cuestionables por su alcance.

Sánchez aseguró que la nueva sociedad, cuyo embrión es la empresa pública de suelo Sepes, recibirá 30.000 viviendas este semestre de Sareb, el conocido como «banco malo»; y que ya tiene 3.300 y dos millones de metros cuadrados. Esta transferencia no implica, en ningún caso, la creación de ninguna vivienda nueva. Es más, muchas de estas casas ya se encuentran habitadas.

Prioridad de la nueva Empresa Pública de Vivienda en compra de suelos y viviendas

El Gobierno defiende esta medida como necesaria para acabar con la especulación. Pero desde el sector inmobiliario recelan de la misma porque, como dicen algunas fuentes, «suena a expropiación» y puede condicionar los desarrollos urbanísticos. Además, como añaden desde Alquiler Seguro, si la nueva empresa compra vivienda en el mercado, «podría generar nuevas tensiones y reducir más la oferta disponible para los compradores particulares». Desde la consultora Colliers también han apuntado que la nueva sociedad «no cuenta ni con los equipos de profesionales, ni con los recursos, ni los sistemas informáticos, ni con ninguna estructura homologable en el mercado que le permita actuar de forma eficiente» en la compra del suelo que necesitará para promover vivienda. Amén, añaden, de los ingentes recursos económicos que necesitaría.

PERTE para la construcción modular

La patronal de la construcción (CNC) considera que aunque la construcción industrializada puede ayudar a edificar vivienda asequible en menos tiempo, no es la panacea a los problemas de falta de residencias pues, según asegura, no está suficientemente extendida y también sufre un problema de seguridad jurídica y de ralentización de los trámites.

Garantías públicas para propietarios e inquilinos que participen en alquiler asequible

El hecho de que el sistema, basado en avales y que priorizará a los menores de 35 años, sólo se aplique a los que participen en el mercado de alquiler asequible preocupa en el sentido, según aseguran desde idealista, de que «da a entender que quienes no pongan esos precios no tendrán el amparo legal necesario para recuperar su vivienda si el inquilino deja de pagar o si existe algún conflicto».

Incremento hasta el 100% del gravamen fiscal para los extracomunitarios que quieran comprar vivienda

Es una de las medidas más llamativas, pero también menos efectivas para el sector y con previsibles daños colaterales. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) asegura que las viviendas que compran estos extranjeros no son las que demandan los nacionales, por lo que no restan oferta. Lo que sí puede provocar, advierten, es perjuicios a la actividad económica de las zonas donde se ubican las viviendas que compran los extracomunitarios. Desde la consultora inmobiliaria Colliers han añadido que, aun siendo su potencial efecto «una gota en el océano» -el año pasado apenas supusieron 27.000 operaciones-, la medida genera «incertidumbre y ruido» y puede llevar a algunos inversores a alejarse de España. Es, como dicen inversores y agentes inmobiliarios británicos, «un tiro en el pie» de España.

Regulación de las viviendas turísticas

Sánchez aseguró que en España «sobran Airbnb y faltan viviendas», por lo que quiere que los alojamientos turísticos paguen IVA como otras actividades para, de algún modo, frenar así su proliferación. De esta forma, el Gobierno hace suyas las tesis que apuntan que este tipo de alojamientos son los responsables del encarecimiento de los alquileres aunque ningún análisis lo haya podido demostrar de forma fehaciente. Es más, Barcelona lleva desde 2015 sin conceder licencias de pisos turísticos y, según acreditan casi todas las estadísticas, tiene los alquileres más elevados de España. La incorporación de estas viviendas al mercado de alquiler tradicional, además, no supondría un incremento relevante de la oferta de viviendas en alquiler, según un análisis de Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

Aplicación de ventajas fiscales sólo a socimis que promuevan vivienda asequible

El Gobierno se planteó en un primer momento «matar» a las sociedades que invierten en activos para alquiler acabando con su fiscalidad pero ahora, tras comprobar su inviabilidad, ha acotado su acción a las que promueven vivienda. Una medida que el sector considera que tendría un impacto muy limitado en el ámbito residencial. Según datos de Asocimi, la patronal que agrupa a las socimis cotizadas en mercados alternativos, de los 3,6 millones de inmuebles que componen el parque de viviendas de alquiler en España, solo el 8% está en manos de sociedades y un escaso 0,69% es de socimis, que gestionan apenas 25.000 viviendas.

Exención fiscal del 100% en el IRPF para los que alquilen según el Índice de Precios de Referencia de Vivienda

Esta medida aplicaría a toda España aunque el alquiler se haga en una zona tensionada para así salvar las reticencias del PP a declarar estas zonas. Sin embargo, tanto los Técnicos de Hacienda (Gestha) como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ponen en duda su efectividad. Gestha asegura que, como máximo, reportaría 347 euros y no a todos los caseros. ANA también considera que no compensa recortar las rentas y ajustarlas al índice de referencia dado que los precios que marca este son un 40% inferiores a los de mercado, por lo que a los propietarios les sale más a cuenta mantener sus alquileres en sus niveles actuales aunque pierdan la desgravación.

Programa de rehabilitación con ayudas para los que los alquilen de forma asequible cinco años

Los planes de rehabilitación no son nuevos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) ya contemplaba objetivos para la rehabilitación basados en la eficiencia energética hasta 2030. En abril, el Gobierno seguía marcándose como objetivo realista que a mediados de 2026 se hayan llevado a cabo «actuaciones de renovación» en 510.000 viviendas, a razón de 85.000 por año. Sin embargo, el balance correspondiente a 2023 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) cifra en 37.783 el número de viviendas visadas para gran rehabilitación, menos de la mitad del objetivo previsto.

La Razón