Yarisley Urrutia.- El Gobierno de Pedro Sánchez presenta un plan de 31 medidas de regeneración democrática. Resaltan las destinadas a lograr una mayor transparencia de los flujos de información y a determinar la propiedad y financiación de los medios. Juristas y periodistas admiten que la libertad de expresión estaba coartada. La oposición habla de futura “censura”.

El Gobierno de España aprobó durante su reunión del Consejo de Ministros del 17 de septiembre el denominado Plan de Acción por la Democracia, un paquete de reformas para obrar una regeneración en la calidad de la acción política, de los medios de comunicación y de la rendición de cuentas del poder legislativo.

El plan es fruto de un proceso de escucha con los grupos parlamentarios y, de acuerdo a la referencia del Consejo de Ministros, contiene 31 medidas, a ejecutar en el plazo de tres años en forma de leyes, en caso de que se apruebe en el Congreso de los Diputados posteriormente. Se contemplan “tres ejes” de actuación, en expresión del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, encargado de presentar el plan junto con sus colegas de Cultura, Ernest Urtasun, y Portavocía, Pilar Alegría.

En palabras de Bolaños, el objetivo es que “la transparencia presida la labor del Ejecutivo, el Legislativo y los medios de comunicación”.

El primer ámbito atañe a una mejora de la información gubernamental para explicar el funcionamiento de las administraciones y evitar la corrupción.

El segundo se centra en fortalecer la transparencia, responsabilidad y pluralidad del “ecosistema informativo”, para lo cual se creará una Estrategia Nacional de lucha contra la desinformación. Y el tercero reforzará la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. A tal fin, se propone la obligatoriedad del debate sobre el estado de la nación y los debates en campaña electoral.

El segundo eje se antoja el más amplio. Aparte de medidas para asegurar la transparencia informativa y el acceso a la información, incluye medidas de protección de la libertad de expresión, para lo cual se introducirán cambios en el Código Penal. Por ejemplo, se abordarán cambios en la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza. En concreto, se modificará su artículo 36 y así los periodistas y los ciudadanos podrán tomar imágenes de las actuaciones policiales sin riesgo de ser multados o arrestados.

También se buscará despenalizar los llamados delitos de opinión, como el de injurias a las instituciones del Estado (por ejemplo, a la monarquía) y los de ofensa a los sentimientos religiosos o a los símbolos nacionales (quema de banderas). Al respecto, cabe recordar la condena por “injurias a la corona” y por “enaltecimiento del terrorismo” de los cantantes de rap Valtonyc y Pablo Hasél, este último en prisión.

Libertad de expresión

El Gobierno alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a los delitos de opinión para favorecer su despenalización en España.

En 2018, por ejemplo, este organismo dictaminó que quemar fotos del rey de España durante un acto público en Cataluña era un acto amparado por la libertad de expresión. ¿Significa esta futura despenalización que la libertad de expresión ha estado coartada en España?

“La interpretación que se estaba haciendo en España de determinados artículos del Código Penal, no tanto de la ley Mordaza, venía suponiendo una limitación de la libertad de expresión”, admite Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (US) y exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Urías explica que hay artículos que dejan a los jueces un margen de interpretación “muy amplio” para determinar lo que se puede o no se puede expresar.

“Como la ley no establece un criterio objetivo, esto provoca que, en algunos casos, los jueces utilicen sus propias creencias para castigar o no castigar determinados discursos. En ese sentido, las reformas del Código Penal serán positivas y van a mejorar el espacio para la libertad de expresión en España”, afirma Urías.

No obstante, este jurista establece diferencias entre esta problemática y la ley Mordaza, pues esta, a su juicio, “no afecta en nada a la libertad de expresión”.

“Hay déficits en la libertad de expresión española, sin duda”, asegura por su parte el periodista y divulgador Pascual Serrano, para quien los delitos de injurias a la corona o al sentimiento religioso “son buenos ejemplos de ello”. Escéptico, Serrano afirma que el plan no cambiará “nada” a menos que se reforme el Código Penal y Pedro Sánchez cumpla sus promesas, seis años después de llegar al poder.

“Llevamos años esperando a que derogue la ley Mordaza, porque dijeron que la iban a derogar en cuanto llegaran al Gobierno”, recuerda Serrano.

¿Contra la desinformación?

La parte del plan que ha suscitado mayor interés atañe a las medidas de lucha contra la desinformación y de protección del derecho a la información, ambos aspectos, asegura el Gobierno, en correspondencia con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado en Bruselas hace unos meses para la UE.

Entre las medidas previstas, destaca la creación de un registro de medios de comunicación, donde se especificará quiénes son sus propietarios, cuáles son las fuentes de su financiación y qué cantidad de dinero público (y privado) conforma esa financiación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el órgano encargado de velar por la gestión del futuro registro. El criterio aquí es disponer de un sistema que brinde “información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben” los medios, declaró el ministro Urtasun.

La limitación de la financiación pública a los medios habrá de traducirse en una reforma de la Ley de publicidad institucional. Se busca garantizar el pluralismo editorial y evitar los oligopolios mediáticos. En cuanto a los periodistas, se prevé su protección frente a acosos externos, se blindará su secreto profesional y se protegerán sus fuentes.

En palabras de Pedro Sánchez, el plan pretende “combatir la máquina del fango”, término acuñado por el semiólogo y ensayista italiano Umberto Eco en una de sus novelas, para explicar el uso espurio de los medios de comunicación para tratar de deshumanizar y deslegitimar a adversarios políticos mediante la publicación de noticias falsas y la subsiguiente creación de situaciones escandalosas.

En este punto, Pascual Serrano recuerda que el Gobierno español recurre ahora a iniciativas que en el pasado sometió a crítica cuando eran desplegadas en otros países. Por ejemplo, en Argentina, con su ley de medios de 2009. “Todos los gobiernos españoles, incluidos los socialistas, criticaron duramente a los gobiernos progresistas de Venezuela, Ecuador, Argentina o Bolivia cuando legislaron para combatir las mentiras en los medios y garantizar esa información veraz que consagra nuestra Constitución, pero que aquí no se garantiza”, explica.

“No deja de ser hipócrita que ahora el PSOE diga estar preocupado y plantee medidas que antes criticó a aquellos gobiernos”, subraya Serrano.

Reflejo europeo

El segundo eje del Plan de Acción por la Democracia emana del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que en tanto que reglamento y no directiva, puede aplicarse directamente en España sin adaptación previa a la legislación local. Sánchez justifica el eje en aras del cumplimiento del artículo 20 de la Constitución, referente al “derecho a una información veraz”, para hacer frente a la desinformación.

Toda vez que tal reglamento contiene el veto a determinados medios de comunicación, ¿es contradictoria la influencia del reglamento a la par que la defensa del artículo 20 y una apuesta por el “pluralismo”? Al respecto, Pascual Serrano duda del “rigor” empleado en la lucha contra la desinformación.

“Porque, hasta ahora, lo más impresionante es que la principal medida con esa coartada ha sido prohibir medios públicos de un país, alegando que desinformaban, pero sin mostrar ni una sola prueba de esa desinformación. Me refiero a la prohibición de RT y Sputnik, una prohibición que se aplicó en España siguiendo instrucciones de la Comisión Europea, sin ningún control judicial ni legislativo”.

El PP compara a Sánchez con Franco

Las críticas de la oposición arreciaron apenas se anunció el plan. El Partido Popular no solo lo describe como una “cortina de humo”, con la que desviar la atención de la investigación judicial en torno a Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez, afectada por un caso de presunta corrupción), sino también como una herramienta de “censura”.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó el mismo día 17 que Sánchez, al que acusa de tener un déficit democrático, “no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnets de periodista en función de lo que digan sobre su persona o su gobierno”.

La prensa afín al PP habla de “involución democrática”. Y durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al día siguiente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue más lejos y acusó a Sánchez de orquestar “una ofensiva contra jueces, periodistas y medios, un plan de censura”, comparándole con Francisco Franco.
“No se veía una cosa así desde Franco”, le espetó Núñez Feijóo al presidente del Gobierno.

En opinión de Joaquín Urías, si bien era necesario “algún mecanismo” para acabar con la proliferación de noticias falsas, las medidas son “muy delicadas” y el Gobierno habrá de emplearlas con sumo cuidado en su aplicación. “El legislador, esté quien esté en el poder, no debe ser quien decida qué es verdad y qué no es verdad”, advierte. A su juicio, la verdad es un “concepto amplio” que siempre admitirá muchas interpretaciones.

“La lucha contra las fake news no tiene que consistir en determinar qué es verdad o qué es mentira, sino en perseguir la construcción de noticias deliberadamente falseadas. No se tiene que perseguir la interpretación de algo, sino la invención de algo que no tenga ninguna base”, sostiene Urías.

En última instancia, la trascendencia del Plan de Acción por la Democracia solo podrá valorarse cuando se plasme en “nuevas leyes o reforma de las existentes”, añade Serrano, que califica de “saludable” una mayor incidencia de los poderes democráticos en el ámbito comunicacional privado. “Aun cuando eso se inicie porque los afectados por las miserias de las empresas de comunicación sean Pedro Sánchez y su esposa”, concluye.