Francisco Marhuenda.- Ha tardado cinco años, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo que garantiza la independencia del Poder Judicial y abre camino a una reforma legal que cumpla las exigencias europeas. La separación de poderes, en lo que hace referencia a la Justicia, queda garantizada, aunque es una lástima que no se extienda al Ejecutivo, despolitizando y descolonizando la Administración, y al Legislativo, ya que el Congreso actúa como una marioneta al servicio del Gobierno socialista comunista.

Las reacciones en contra son muy clarificadoras, porque ponen de manifiesto que los socios de Sánchez mienten descaradamente y que están frustrados al no conseguir el control del CGPJ.

En el caso de Vox, su comportamiento es excéntrico y confirma que no se han leído ni el acuerdo ni la lista de candidatos. Los veinte vocales que se proponen son personas cualificadas, independientes y prestigiosas. Me gustaría saber los fundamentos del rechazo de Abascal, porque el Gobierno no podrá designar al presidente del Consejo, sus miembros cumplen con creces los requisitos para su designación, se refuerzan las mayorías y se garantiza la independencia del órgano. No es razonable una política que se sustenta en oponerse a todo lo que haga o diga el PP.

La despolitización del CGPJ es un mensaje muy positivo a la sociedad que permite recuperar el prestigio de este organismo.

La reacción de comunistas, antisistemas e independentistas es la confirmación de que es un acuerdo muy positivo que cuenta, además, con el aval de las instituciones de la Unión Europea. Lo que se ha conseguido es una renovación inmediata con una composición equilibrada y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Otro aspecto reseñable es acabar con las puertas giratorias en la Justicia, así como impedir que se repita el escándalo de nombrar a una diputada socialista y exministra como Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. El escándalo que estamos viviendo con Cándido Conde-Pumpido y sus polémicas sentencias en el Constitucional no se repetirá en el CGPJ.

Los nombramientos en la Carrera Judicial responderán a criterios de mérito y capacidad. Con ello se impedirá que la izquierda judicial, que representan Conde-Pumpido, Segoviano, Balaguer, Montalbán y Díez, colonice el Supremo al servicio del uso alternativo del Derecho. Ha sido un gran éxito de Feijóo.