Antonio R. Naranjo / Reproducido.- No es cierto que Cataluña esté mejor. Simplemente la situación es distinta». La frase es de Gabriel Rufián y se la envió a Patxi López en el debate «a siete» de RTVE la semana pasada.

No fue el único misil lanzado por el portavoz de ERC al del PSOE para dinamitar el relato de Pedro Sánchez, definitivamente derrumbado con una revelación pública demoledora:

«Hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo que nueve personas salgan de la cárcel. Se les obligó a hacer, porque ustedes, si no, hubieran gobernado con un tal Albert Rivera», le espetó a un López superado por las circunstancias que no supo qué decir cuando Rufián, consciente de que había atrapado a su presa, le preguntó directamente por la celebración, en la próxima legislatura, de un referéndum de independencia. Algo que también defiende Sumar, el socio clave de Sánchez.

El silencio de la mano derecha del líder socialista en el Parlamento no es casual.

Todas las negociaciones con el independentismo están envueltas en un halo de opacidad condicionado por una evidencia: ni el Gobierno actual del PSOE ni el futuro, si le dan los números, es viable sin el respaldo de ERC, que se lo ha cobrado a un precio muy alto.

Primero fueron indultados los delincuentes de manera atropellada, después se derogaron sus delitos y ahora solo falta legalizar sus objetivos de algún modo que encaje, a duras penas, en los límites que puede ensanchar un Tribunal Constitucional encabezado por Cándido Conde Pumpido, figura clave para que la entente del PSOE con ERC avance.

Oficialmente nadie en el Gobierno avala una consulta sobre la autodeterminación, pero tampoco la desmiente con rotundidad, hasta el punto de que, por primera vez, El Debate publica un documento oficial que retrata a Sánchez como pocos.

En el mismo, el Gobierno se niega a dar ningún tipo de información sobre los pactos alcanzados con ERC que dieron lugar al llamado «Acuerdo para superar la judicialización y mejorar las garantías», una declaración firmada entre la Moncloa y la Generalitat de Cataluña en julio de 2022 que impulsó la derogación del delito de sedición cinco meses después e incluía compromisos sorprendentes:

«Cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la Mesa de Diálogo se encargarán de su impulso parlamentario».

Apagón

Sobre eso y cualquier otro punto, sin embargo, el apagón del Gobierno es notable y lo evidencia ahora al declarar oficialmente que todas las reuniones, documentos, participantes y acuerdos negociados por ambas partes no son «públicos».

Sánchez apela a un recoveco de la Ley de Transparencia para guardarse los preparativos de sus pactos, declarándolos exentos del escrutinio público al calificarlos de «documentación de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, comunicaciones o informes internos».

No niega que existan acuerdos no publicitados que concreten los conocidos en los comunicados conjuntos de Moncloa y la Generalitat para «desjudicializar» el conflicto, pero los esconde de la opinión pública al tildarlos de documentación meramente «preparatoria». Algo que, por cierto, corrobora la propia Generalitat en otro informe al que ha accedido este periódico en el que, con un espíritu muy similar, asegura carecer de documento alguno al respecto.

Y eso afecta tanto a las conversaciones para eliminar el delito de sedición cuanto a la identidad de las personas que negociaron todo como, incluso, a cualquier otro asunto incluido en la hoja de ruta del PSOE y ERC.

«Dado que (…) se hace referencia a las actas o documentos en que quede constancia de los trabajos preparatorios de la Mesa de Diálogo y Negociación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, en aplicación del artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la presente solicitud plantea una pretensión que no se encuentra amparada por el derecho reconocido en el artículo 12 de la referida Ley», recoge literalmente la respuesta oficial de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno al Consejo de Transparencia, en propiedad de este periódico, emitida además fuera del plazo legal estipulado.

¿No hubiera sido más sencillo negar que los acuerdos incluyan algo que no sea público y notorio ya? ¿Es ahí, en esa zona de penumbras, donde ERC ubica su insistencia en que antes o después Cataluña podrá votar de un modo u otro sobre su futuro? La duda está sobre la mesa.

Y una resolución del propio Consejo de Transparencia, con fecha 12 de julio y número de serie 533/2023, firmada por el presidente del órgano, ratifica la sensación de que puede haber gato encerrado.

«Es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública», reza la resolución que devuelve la pelota a la Moncloa y le obliga a responder sobre dos preguntas que ha esquivado hasta ahora, incluyendo el extraño caso de espionaje a los líderes del procés con el programa Pegasus.

La primera: «Información pública existente, cualquiera que sea su formato (…) en poder del Presidente del Gobierno, relativa a la decisión o acuerdo del mismo y por el que se dejaba sin efecto la vigilancia llevada a cabo con control judicial sobre el movimiento independentista representado por el Gobierno de Cataluña, hechos condenados penalmente por el Tribunal Supremo e indultados por el Gobierno en el ejercicio de sus funciones y prerrogativas».

Y la segunda: «Copia de las actas o documentos donde haya quedado constancia de los trabajos preparatorios de la llamada Mesa de Negociación, con indicación de los asistentes por cada Gobierno y asuntos a tratar en ellas. Se pide tal información dada la importancia de este marco negociador previo a la creación de la mesa de negociación y por su evidente interés público e informativo, dado que en caso de existir se trataría de documentación que no puede ser considerada como auxiliar o mero borrador, a la vista de las decisiones jurídico-políticas alcanzadas por el Gobierno de España».

Sobre ambas, Sánchez no ha querido hablar, pero no ha negado nada: simplemente considera «auxiliar» algo tan decisivo como el procés paralelo que parece haber abierto con ERC para hacerle nuevas concesiones a cambio de un respaldo sin el cual, en definitiva, nunca podrá volver a ser presidente. El control del Constitucional y la reforma del Código Penal para eliminar los delitos que metieron en prisión a Junqueras y otros ocho cabecillas del procés, revelados en noviembre por María Jamardo El Debate, dan una pista. El silencio escapista de Sánchez pone la guinda.

El Debate