El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez es todo un órdago político. El dirigente socialista se lo juega todo a una carta. “Lo que se decida el próximo 23 de julio va a ser decisivo para España porque el resultado tendrá efecto para la ciudadanía en la próxima década”, recalcó este miércoles en el Congreso ante diputados y senadores de su partido para apelar al voto de la mayoría social en torno al PSOE.

Pero todo órdago tiene su riesgo. Las elecciones de finales de julio pueden conllevar, si Sánchez y sus socios pierden la mano y el PP gana las elecciones y puede gobernar, un baile de altos cargos y personal eventual, los tradicionales asesores,personal de confianza. Es ley de vida cada vez que un Ejecutivo cambia de color. “Lo que pasa es que en esta ocasión será más traumático”, coinciden varios asesores.

Porque el actual Gobierno de coalición, con 23 ministerios, tiene una estructura especialmente grande y son muchos los que se juegan su empleo en la cita electoral de julio. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, actualmente hay 406 cargos y 1.123 eventuales, todos elegidos a dedo. Teniendo en cuenta el poder territorial que el PSOE y Unidas Podemos han perdido tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo (que ya supondrá que muchos altos cargos y asesores regionales y municipales pierdan su empleo), una nueva debacle electoral dentro de mes y medio “sería desastrosa”, señalan las fuentes consultadas.

“La mayoría de los asesores y altos cargos trabajan en Madrid, donde se ubican los ministerios y muchas empresas públicas estatales. Con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital controlados por el PP, perder el Gobierno central supondría un rosario de despidos”. Y es que una de las principales críticas que ha recibido el Ejecutivo de coalición es que es demasiado grande.

El primer Gobierno de coalición, formado en enero de 2020, comenzó con 777 eventuales, según una petición de información que la Fundación Civio realizó a Función Pública al amparo de la Ley de Transparencia. La cifra ha ido creciendo poco a poco hasta superar los 1.100. En sueldos, según los últimos datos, las arcas públicas desembolsan 67,3 millones de euros en altos cargos y 48,3 millones en asesores. El último Gobierno de Mariano Rajoy tuvo 338 altos cargos y 816 asesores (un 20% y un 37% más respectivamente)

El actual Ejecutivo argumenta, en una reciente respuesta parlamentaria, que estos números hay que analizarlos en función de la población a la que da servicio la estructura del Estado. Así, “el Gobierno central cuenta con un alto cargo por cada 62.576 habitantes y un eventual por cada 44.664 habitantes, una ratio que se sitúa por debajo de la que podemos encontrar en otras Administraciones como, por ejemplo, Andalucía, con un alto cargo por cada 57.393 habitantes y un eventual por cada 39.879; Galicia, con una alto cargo por cada 40.172 habitantes y un eventual por cada 12.461 habitantes; Madrid, con un alto cargo por cada 17.800 habitantes y un eventual por cada 23.500; o Castilla y León, con un alto cargo por cada 32.028 habitantes y un eventual por cada 53.865″. Todas estas Administraciones gobernadas por el PP.