Joe Biden y Hunter Biden

El nuevo jefe de Twitter, Elon Musk, ha difundido este viernes lo que —según afirma— “realmente pasó con la supresión de la historia de Hunter Biden” por dicha plataforma.

El empresario se refirió a un hilo del periodista y escritor Matt Taibbi, quien explicó cómo la plataforma, que “inicialmente fue una herramienta brillante para permitir la comunicación instantánea de masas”, poco a poco “fue obligada a agregar barreras” para controlar la narrativa. A partir de un determinado momento, gente desde fuera de la empresa empezó a dirigirse a sus ejecutivos para que “manipularan la narrativa”, y para el 2020 ya se veían como “rutinarias” las peticiones para borrar ciertos tuits.

En un mensaje interno, un empleado le pasó a otro varios enlaces con el comentario de “más desde el equipo de Biden para ser revisados”, a lo que le respondieron “listo”.

Como resultado de tales peticiones de un partido político, “celebridades y desconocidos podían ser suspendidos o revisados”, continuó Taibbi, quien destacó que esto lo hacían tanto los republicanos como los demócratas.

Sin embargo, destaca que este sistema “no tenía balance, sino estaba basado en contactos” y, ya que la “mayoría” de los empleados de Twitter son “gente de una orientación política”, el Partido Demócrata tenía “más canales y más maneras” de denunciar cosas.

“Medidas extraordinarias para suprimir la historia”

Cuando el periódico New York Post publicó el material de Hunter Biden, Twitter “tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, borrando enlaces y publicando advertencias de que podría ser ‘dañino'”, e incluso bloqueó su difusión por mensajes directos, lo que es una herramienta que hasta ese momento solo se aplicaba a “casos extremos, como la pornografía infantil”.

“La portavoz de la Casa Blanca, Kaleigh McEnany, fue bloqueada por tuitear sobre la historia, lo que provocó una furiosa carta del empleado de la campaña de Trump, Mike Hahn: ‘Al menos finge que te importa durante los próximos 20 días'”, continuó.

Añadió que el incidente hizo que la jefa de políticas públicas de Twitter, Caroline Strom, preguntara por la situación. En respuesta, recibió una carta con la explicación de que la historia del portátil había sido eliminada por violación de la política de “materiales pirateados” de la empresa.

Taibbi subrayó que, “aunque varias fuentes recuerdan haber oído hablar de una advertencia ‘general’ de las fuerzas de seguridad federales ese verano sobre posibles ‘hackeos’ en el extranjero, no hay pruebas de ninguna implicación gubernamental en la historia del portátil”.

Señaló que la decisión se tomó en “los niveles más altos de la compañía, pero sin el conocimiento del director ejecutivo Jack Dorsey”. Afirma que el papel clave en este caso fue desempeñado por el exjefe del departamento legal, política y confianza, Vijaya Gadde.

“El ‘hackeo’ fue la excusa, pero a las pocas horas, casi todo el mundo se dio cuenta de que eso no se iba a sostener. Pero nadie tuvo las agallas de revertirlo”, dijo un exempleado, cuyas palabras publicó el periodista.

Luego, Taibbi publicó una captura de pantalla con un largo intercambio de opiniones, que acaba incluyendo a Gadde y al exjefe de confianza y seguridad, Yoel Roth.

“Me cuesta entender la base política para marcar esto como ‘inseguro’, y creo que el mejor argumento para explicar esto externamente sería que estamos esperando a entender si esta historia es el resultado de materiales ‘hackeados’. Nos enfrentaremos a preguntas difíciles sobre esto si no tenemos algún tipo de razonamiento sólido para marcar el enlace como ‘dañino'”, escribió el empleado de comunicaciones, Trenton Kennedy.

“¿También marcaremos historias similares como inseguras?”, preguntó una empleada que participó en la conversación, añadiendo un enlace al artículo sobre el portátil, publicado por FoxNews.

“¿Podemos afirmar con sinceridad que esto forma parte de la política [de “materiales pirateados” de la empresa]?”, preguntó el exvicepresidente de comunicaciones globales de Twitter, Brandon Borrman.

Por su parte, el exconsejero general adjunto de Twitter, Jim Baker, respondió que apoyaba la conclusión de que se necesitaban más datos para evaluar si los materiales fueron pirateados, pero añadió que “es razonable que asumamos que pueden haberlo sido y que se justifica la precaución”.

Luego Taibbi reveló que el congresista demócrata Ro Khanna se puso en contacto con Gadde para hablar sobre las consecuencias del bloqueo de esta historia para los demócratas.

Khanna también advirtió a Gadde que “esto parece [ser] una violación de los principios de la Primera Enmienda”. “Digo esto como un partidario total de Biden y convencido de que no hizo nada malo. Pero la historia ahora se ha convertido en algo más sobre la censura que sobre correos electrónicos relativamente inocuos y se está convirtiendo en un asunto más grande de lo que hubiera sido”, escribió.

“Los demócratas dicen que la Primera Enmienda no es absoluta”

De acuerdo con otras publicaciones de Taibbi, un día, la directora de políticas públicas, Lauren Culbertson, recibió una carta de Carl Szabo, de la empresa de investigación NetChoice, que ya había encuestado a 12 miembros del Congreso, 9 republicanos y 3 demócratas. Así, NetChoice informó a Twitter que en el Congreso iba a desatarse un “baño de sangre”, porque los gigantes tecnológicos “se han vuelto tan grandes que ni siquiera pueden regularse a sí mismos, por lo cual el Gobierno podría tener que intervenir”.

Otra captura de pantalla muestra que en la carta de Szabo hay varias partes que describen la postura de los legisladores demócratas. “Los demócratas estaban de acuerdo: las redes sociales deben moderarse más porque están corrompiendo la democracia y relativizando toda la ‘verdad’. Cuando se les preguntó cómo podría el Gobierno insistir en ello, en consonancia con la Primera Enmienda, se mostraron reticentes: ‘La Primera Enmienda no es absoluta'”, escribió Szabo.

En uno de sus tuits, el periodista subrayó que uno de los aspectos sorprendentes de esta historia era que el equipo de Twitter hizo muchas cosas sin el conocimiento Dorsey, así como el tiempo que tardó la situación en dejar de ser crítica para la compañía, incluso después de que el exdirector ejecutivo interviniera.

“Hay numerosos casos en los archivos de Dorsey interviniendo para cuestionar las suspensiones y otras acciones de moderación para cuentas del espectro político”, escribió Taibbi. “El problema con el fallo de ‘materiales ‘hackeados”, dijeron varias fuentes, fue que esto normalmente requería un hallazgo oficial o judicial de un ‘hackeo’. Pero tal hallazgo nunca aparece a lo largo de lo que un ejecutivo describe como un ‘torbellino’ de 24 horas, un desorden en toda la compañía”, concluyó.

El polémico portátil

El contenido del portátil fue reportado por The New York Post por primera vez antes de las elecciones presidenciales de 2020. En aquel momento, directivos de la campaña de Biden, así como funcionarios de Inteligencia y medios de comunicación estadounidenses, lo desmintieron y calificaron como parte de una operación de “desinformación rusa”, destinada a conseguir la reelección de Donald Trump. Las principales empresas de redes sociales, como Twitter y Facebook, impidieron entonces que se difundiera o compartiera información sobre el laptop y su contenido.

A finales de septiembre del 2022, 33 senadores republicanos exigieron investigar a Hunter. Más tarde, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes criticó al FBI por dar “un trato preferencial” al hijo de Joe Biden.

Además, recientemente, un grupo de congresistas republicanos acusó al mandatario de estar involucrado en los controvertidos negocios de su hijo.

“Como parte de nuestra investigación, tenemos pruebas de que las finanzas, las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de Hunter y Joe Biden estaban mezcladas, si no compartidas”, afirmó el legislador James Comer, destacando que en algunas cuentas los bancos emitieron banderas rojas sobre sus propietarios, indicando una actividad sospechosa o ilegal.

Al menos una de esas banderas rojas, supuestamente, “conecta a Hunter, a Biden y a sus socios comerciales con el tráfico internacional de personas, entre otras actividades ilegales”, añadió.