Juan Mariano Pérez Abad.- Sara Casas lleva tres días encadenada en la puerta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tiene a un hijo minusválido de 8 años ingresado en la UCI, en coma y al borde de la muerte, después de que evolucionara mal de una primera intervención y haya tenido que volver a pasar por quirófano.

Protesta porque no se le permite entrar al hospital para acompañar ni ver siquiera a su hijo en los horarios de visita del Centro y no se le facilita información médica directa. Esto sucede porque los Servicios Sociales le han arrebatado la tutela de sus3 hijos (al parecer alegando problemas de salud mental que nunca tuvo) Junto a su abogado, la Asociación Nacional del Menor tutelado la apoya y la acompaña en su protesta. Ha recibido también la visita de apoyo del diputado regional andaluz Manuel Gavira (Vox) y, casualmente, ha sido vista también por la Infanta Elena que este miércoles 22-9-21 ha visitado el Hospital a través de la misma puerta donde ella se encontraba encadenada.

Es necesario recordar que, en nuestro país, son los funcionarios de los Servicios Sociales, sin la intervención de juez ni juzgado alguno, los que tienen el poder de retirar a los hijos de sus familias y asumir directamente su tutela en nombre del Estado. Su familia pierde de inmediato la Patria Potestad y, si desea recuperarla, debe iniciar un largo y costoso proceso judicial, en el que los informes de esos mismos Servicios Sociales tendrán, por imperativo legal, preferencia sobre los informes y testimonios que la familia pueda presentar.

El proceso iniciado por Sara hace 2 años para recuperar la Patria Potestad de sus hijos aún está por resolver. Es por eso que no recibió información médica de primera mano ni le habían pedido que firmase el consentimiento para la operación. “El niño ya no es de Sara, ahora pertenece al Estado Español”, representado por los funcionarios sociales de turno. Ahora, según sus nuevos propietarios, ella ya no tiene derecho a participar en ninguna decisión, ni siquiera a recibir ningún tipo de información sobre el niño. Si le comunican algo por WhatsApp, aún debe agradecerlo, pues es por pura amabilidad.

El niño padecía una grave malformación cerebral que le condicionaba una incapacidad absoluta, precisaba de atención médica frecuente y se sabía acortada su esperanza de vida. Su madre había cuidado perfectamente de él y sus hermanos, hasta que se los quitaron. Ahora, por algún motivo que Sara solo conoce a través de las asistentes sociales que tienen a su hijo, lo iban a operar de algo grave y después del quirófano iría a la UCI. No sólo no le permitieron ver al niño antes del evento, sino que le amenazaron con hacerla detener si se empeñaba en acceder al Hospital a verlo.

Pero incluso ahora que se ha complicado, ha sido reoperado y está tan cercana la posibilidad de que fallezca, siguen negándose tajantemente a permitir que Sara vea a su hijo, ni siquiera para darle su último adiós. Es más, ante la notificación de que, en caso de muerte cerebral, ni siquiera le preguntarían para quitarle los órganos para trasplante, Sara ha presentado un escrito de oposición con sello de registro en el Centro, en reserva de posibles acciones legales, si se diera el caso.

Para entender un caso como este, es necesario explicar que Sara también había sido una niña tutelada por la Administración. De hecho, fue la misma asistente social que la internó a ella la que le quitó los 3 hijos que tiene. No se trata de ninguna casualidad, con mucha frecuencia, los Servicios Sociales terminan quitándole los hijos a muchos de los niños que mantuvieron tutelados tiempo atrás.

Los menores tutelados por la Administración suelen llegar a la mayoría de edad sin estudios, sin oficio ni beneficio y, a menudo, sin contacto con su familia biológica. Por eso también suelen terminar siendo presa fácil para este negocio.

Y hablamos de NEGOCIO porque la cantidad de dinero público que se destina a la manutención de los menores tutelados alcanza cifras astronómicas. Por cada uno de estos menores, se invierte más de 60.000 € en el momento en que los Servicios Sociales asumen la tutela, a lo que hay que añadir una mensualidad variable, que se ha llegado a cifrar en más de 9.800 € en Andalucía Dato procedente de la respuesta a una pregunta parlamentaria) Esa disparatada cantidad puede llegar a multiplicarse si el niño es un bebé o si padece minusvalías graves, como era el caso del hijo de Sara.

Este “negocio” millonario mueve muchos intereses y termina implicando a personas e instituciones, dentro del ambiente de corrupción generalizada en el que se mueve la vida pública de nuestro país. Por ejemplo, entidades como el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se involucran en el engranaje de esta maquinaria hasta el punto de que, en un solo día, han llegado a ser tutelados 9 bebés nacidos en sus paritorios.

Si miramos el caso con objetividad, tendremos que reconocer que una mujer que, a pesar de las amenazas de apresamiento que recibió, es capaz de encadenarse a la puerta del Hospital simplemente para que le dejen ver a su hijo y poder darle su último adiós, no puede ser tan mala madre como para que le quiten los hijos y le impidan verlos.

Podríamos entender que, por muy execrable que resulte, el montón de dinero que recibe Servicios Sociales para la manutención de los hijos de Sara justifique que no se los quieran devolver. Es posible que le restrinjan las visitas con sus hijos (dos horas cada 15 días) para evitar que los niños lloren, protesten y les den más trabajo, porque quieran volver con su madre. Pero lo que no tiene utilidad para nadie es impedirle entrar a ver y a darle el último adiós a su hijo. No se entiende el motivo ¿Será por pura maldad?