Alerta Nacional.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el viernes la demanda de Texas de impugnar los resultados de las elecciones de 2020 en cuatro estados pendulares.

En una orden, los jueces denegaron la solicitud de Texas de demandar a Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, y opinaron que el estado de la estrella solitaria carecía de capacidad legal–o capacidad–para demandar bajo la Constitución porque no había mostrado un interés legítimo para intervenir en cómo otros estados manejan sus elecciones.

“Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones”, decía la orden (pdf). “Todas las demás mociones pendientes se desestiman por improcedentes”.

El juez Samuel Alito emitió una declaración separada para decir que él habría aceptado la solicitud de Texas para demandar, pero no la orden judicial preliminar, ya que él cree que la Corte Suprema está obligada a tomar cualquier caso que se encuentre dentro de su “jurisdicción original”, lo cual significa que la corte tiene el poder de escuchar un caso por primera vez en lugar de revisar la decisión de un tribunal inferior. El juez Clarence Thomas se unió a Alito en su declaración.

“En mi opinión, no tenemos la facultad de denegar la presentación de una demanda en un caso que se encuentra dentro de nuestra jurisdicción original. (…) Por lo tanto, yo otorgaría la moción para presentar la demanda, pero no adoptaría otra medida, y no expreso mi opinión sobre ningún otro tema”, escribió Alito en su declaración. El juez no abordó las preguntas del caso.

El estado de Texas había solicitado a la Corte Suprema el 7 de diciembre permiso para demandar a los cuatro estados pendulares en un intento por proteger la integridad de las elecciones de 2020.

El estado de la estrella solitaria ha alegado que los cuatro estados cambiaron las reglas electorales en violación de la Cláusula de Electores de la Constitución de los EE. UU., trataron de manera desigual a los votantes, y causaron irregularidades en la votación al relajar las protecciones de la integridad del voto bajo la ley estatal, lo cual abre la posibilidad de fraude electoral.

Texas esperaba obtener una declaración de la Corte Suprema de que los cuatro estados llevaron a cabo sus elecciones de 2020 en violación a la Constitución de los Estados Unidos. El estado también había pedido al tribunal que prohibiera el recuento de los votos emitidos por los cuatro estados en el Colegio Electoral. Para los estados acusados ​​que ya han designado electores, la demanda pedía a los jueces que ordenaran a las legislaturas estatales nombrar nuevos electores de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos.

Varios fiscales generales de los estados acusados ​​han respondido a la orden. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo: “La Corte Suprema de los Estados Unidos vio a través de este abuso sedicioso del proceso judicial, y su rápida negación debería hacer que cualquiera que esté contemplando nuevos ataques contra nuestras elecciones lo piense dos veces”.

“Si bien estas acrobacias son legalmente insignificantes, su costo para nuestro país, al engañar al público sobre unas elecciones libres y justas y al romper nuestra Constitución, es alto y no las toleraremos de nuestros estados hermanos ni de nadie más”, agregó Shapiro.

La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, también emitió un comunicado, diciendo que el fallo “es un recordatorio importante de que somos una nación de leyes, y aunque algunos pueden ceder al deseo de un solo individuo, los tribunales no lo harán”.

Trump y sus aliados han depositado grandes expectativas en la demanda de Texas, y el presidente calificó al caso como “el grande”. Él le había pedido a la Corte Suprema que le permitiera unirse al caso como parte interviniente. El presidente aún no ha emitido una declaración pública sobre la orden de la Corte Suprema.

Horas antes de la orden, Trump escribió en un posteo de Twitter: “Si la Corte Suprema muestra una gran sabiduría y coraje, el pueblo estadounidense ganará quizás el caso más importante de la historia, ¡y nuestro proceso electoral será respetado nuevamente!”

Luego de que se presentó la demanda, los fiscales generales estatales de todo el país comenzaron a expresar su posición sobre los temas.

Diecinueve fiscales generales estatales republicanos respaldaron a Texas en la demanda. Los estados que representan son Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental, Arizona y Alaska. Seis de los estados presentaron una moción para unirse al caso como partes intervinientes: Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah.

Mientras tanto, 20 fiscales generales del estado demócrata respaldaron a los acusados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington. Ninguno ha presentado mociones para intervenir.

Los fiscales generales republicanos de Idaho y Wyoming se negaron a participar en la demanda. El fiscal general republicano de Ohio, Dave Yost, presentó un escrito en “nombre de ninguna de las partes”, argumentando a favor de que la corte resolviera la cuestión central planteada por Texas pero oponiéndose a la medida solicitada por el estado de la estrella solitaria.

P aceptar boletas en ausencia recibidas hasta tres días después del 3 de noviembre.

“Millones de ciudadanos de Louisiana y decenas de millones de nuestros conciudadanos en el país, están profundamente preocupados por la realización de las elecciones federales del 2020”, escribió Landry. “Profundamente arraigado en estas preocupaciones está el hecho de que algunos estados parecen haber llevado a cabo sus elecciones sin tener en cuenta la Constitución de Estados Unidos”.

“Además, muchos luisianos se sienten más frustrados ya que algunos en los medios de comunicación y en la clase política tratan de eludir las cuestiones legítimas en aras de su conveniencia”, añadió.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, también compartió preocupaciones similares, diciendo que “las acciones inconstitucionales y los votos fraudulentos en otros estados no solo afectan a los ciudadanos de esos estados, sino que afectan a los ciudadanos de todos los estados”.

“Cada voto ilegal contado, o voto legal no contado, degrada y diluye el libre ejercicio del sufragio de los ciudadanos”, dijo Marshall.

A continuación añadió que él decidirá cómo proceder en la “lucha por asegurar la integridad de las elecciones” del estado después que la Corte Suprema tome su decisión sobre si tomará el caso.

La fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, igualmente, expresó su apoyo a Texas subrayando la importancia de la integridad electoral en una declaración el martes por la noche.

“Después de revisar la moción presentada por Texas en la Corte Suprema de EE.UU., he determinado que apoyaré la moción de todas las maneras legalmente apropiadas. La integridad de nuestras elecciones es una parte crítica de nuestra nación y debe ser mantenida”, dijo Rutledge.

El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, dijo la tarde del martes que “ayudaría a liderar el esfuerzo en apoyo de la presentación de Texas” en la Corte Suprema, añadiendo que “Missouri está en la lucha”.

En la demanda se argumenta que los cuatro estados actuaron en violación de sus propias leyes electorales y, por lo tanto, violaron la Constitución al promulgar y aplicar medidas, normas y procedimientos justo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

En algunos casos, los estados demandados promulgaron esas medidas mediante el uso de los llamados juicios amistosos, en los que el demandante y el demandado se confabularon para obtener una orden judicial, de acuerdo a la demanda. En otros casos, diversos funcionarios electorales estatales se excedieron presuntamente en su autoridad para promulgar normas y procedimientos que deberían haber sido promulgados por la legislatura de cada estado, como exige la cláusula sobre elecciones y electores de la Constitución.

“Los estados violaron los estatutos promulgados por sus legislaturas debidamente elegidas, violando así la Constitución. Al ignorar tanto la ley estatal como la federal, estos estados no solo mancharon la integridad del voto de sus propios ciudadanos, sino también la de Texas y todos los demás estados que celebraron elecciones legales”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en una declaración.

Los fiscales generales de los estados demandados rechazaron las alegaciones de la demanda.

Texas también está pidiendo a la Corte Suprema (pdf) que conceda un mandato judicial preliminar o una orden de restricción temporal para impedir que los cuatro estados tomen medidas para certificar sus resultados electorales o para evitar que los electores presidenciales del estado tomen alguna medida oficial. Está previsto que los electores presidenciales se reúnan el 14 de diciembre.

El tribunal ordenó a los estados demandados que respondan a las mociones de Texas antes de las 3 p.m. del jueves 10 de diciembre.

El mismo día la Corte Suprema rechazó otorgar medidas cautelares en una causa separada presentada por un grupo de republicanos que demandaron bloquear la certificación de los resultados electorales en Pensilvania. La corte no dio razones para su decisión ni notó ningún disenso. Un abogado de la causa, titulada Kelly contra la Mancomunidad de Pensilvania, dijo a The Epoch Times que los demandantes planean presentar una petición por separado para una orden de cercioración, una solicitud para pedir a la corte que revise la causa, en los próximos días.