Evo Morales entrega unos obsequios a Pablo Iglesias e Irene Montero durante una reunión.

Unidas Podemos está en el centro de todas las miradas durante las últimas horas. La formación morada cada vez parece más asediada por uno de los problemas que ha condenado con mayor dureza desde su nacimiento: la corrupción. Un mal endémico en nuestra clase política, que ahora señala nada menos que al líder del partido: Pablo Iglesias.

Él es el protagonista del último caso comprometido en el que se ha visto involucrado Podemos, con un historial que incluye ya, por lo menos, tantos episodios como los reseñados aquí.

Caso Villarejo

La pieza de esta investigación relacionada con el robo del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos, señala directamente al hoy vicepresidente segundo del Gobierno. El juez ha pedido este miércoles que se investigue a Iglesias por delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos.

El magistrado Manuel García Castellón considera que el máximo responsable de Podemos quiso sacar ventaja electoral de la causa, “fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente”.

También serán investigados, por idénticos motivos, a vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y los abogados de Podemos Marta Flor y Raúl Carballedo. Además, se ven indicios de delito contra Bousselham y su marido, Ricardo Sa Ferreira, por falso testimonio.

Caso Neurona

El vínculo entre esta sociedad de consultoría política con sede en México y Juan Carlos Monedero ha saltado al primer plano desde hace unas semanas. Sobre todo, por los trabajos relevantes que la firma desarrolló para la campaña de Podemos tanto en las elecciones generales como en las autonómicas de 2019.

El Tribunal de Cuentas ha investigado los tres contratos con Neurona, por un total de 360.000 euros. Las “facturas infladas” llevaron a que los propios abogados de Podemos hablasen de “irregularidades financieras” y a que, más tarde, se concluyese que las cuentas del partido podían incurrir en delito: fraude electoral y falsedad en documento mercantil.

Todo esto llevó a que se pidiese la declaración de Juanma del Olmo (responsable de la campaña electoral de Podemos), Rocío Val (gerente del partido) y Daniel De Frutos (tesorero). Ahora mismo, el juez investiga los delitos de malversación de caudales públicos y de apropiación indebida. Además, se intenta aclarar si existe una ‘caja B’ en Podemos.

José Manuel Calvente, exabogado de la formación, es pieza clave en el caso: denunció al partido tras haber detectado “sobresueldos”, pagos “sin presupuesto aprobado”, descontrol en la caja de solidaridad (posible ‘caja B’)…

Irán, Venezuela y Bolivia
Mucho se ha hablado sobre la presunta financiación de los regímenes de estos países a Podemos.

En el caso iraní, tenemos la polémica con el canal de televisión Hispan TV, donde se emiten Fort Apache y La Tuerka. A sus presentadores (Iglesias entre ellos) y productoras les habrían llegado 9,3 millones de euros de la sociedad 360 Global Media, dirigida por el iraní Alizadeh Azimi Mahmoud. Varias querellas relativas al escándalo fueron desestimadas por el Tribunal Supremo.

En cuanto a Venezuela, su Gobierno transfirió 3,3 millones de euros (que luego se convirtieron en 7,2 según la Asamblea venezolana) por conceptos como asesoría política al Centro de Estudios Políticos y Sociales. Iglesias, Íñigo Errejón, Monedero y Luis Alegre, entre otros, formaban parte de este último, que se habría beneficiado económicamente del apoyo del chavismo entre 2004 y 2012.

Por último, el Gobierno de Evo Morales, en Bolivia, pagó 1,3 millones a Neurona, la consultora vinculada a Podemos, entre 2017 y 2018. Lo hizo por 169 minivídeos destinados a las redes sociales.

Otras polémicas

Estas son las tres grandes patas de la corrupción en lo que a Podemos se refiere. Sin embargo, el historial del partido en esta materia es mucho más amplio.

Monedero vuelve a aparecer en este punto. Lo hace por los más de 425.000 euros que recibió por elaborar, entre 2010 y 2014, un informe sobre cómo acuñar una moneda común para Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Cobró a través de una sociedad instrumental y no lo declaró de forma errónea en Hacienda (por el Impuesto de Sociedades).

La financiación vía crowdfunding del partido, que no cumplía las reglas a este respecto en cuanto a los partidos políticos, también llegó a estar en el candelero. Al igual que la beca black de Errejón en la Universidad de Málaga o los sobresueldos de Carolina Bescansa a través de contratos ‘fantasma’ con la Universidad Complutense.

Hubo otros casos menos mediáticos, pero patentes: María Teresa Fernández (malversación de caudales públicos como vicealcaldesa de Fuenlabrada), Covadonga Peremarch (corrupción como parlamentaria en las Cortes Valencianas), Rosa y Paloma Agudo (insolvencia punible en Valdemoro), Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer (prevaricación y malversación de caudales públicos en Madrid), Francisco Cano (estafa piramidal en Cádiz)…

“Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto”, respondía Pablo Iglesias en el debate electoral de 2016 al ser cuestionado sobre lo que haría si la corrupción llegaba a Podemos. Cuatro años después, puede que haya motivos para que se plantee cumplir lo prometido.