El pasado domingo 13 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo bajar los precios de los medicamentos asociados al programa estatal “Medicare”, que cubre a más de 70 millones de estadounidenses.

En agosto, Trump estuvo a punto de firmar este decreto pero decidió abrir una mesa de diálogo con las principales empresas farmacéuticas del país (apodadas en inglés “Big Pharma”) para negociar una bajada de los precios sin tener que aplicar cambios en el acuerdo que tienen con Medicare.

Sin embargo, luego de casi un mes de discusiones con el secretario de Salud, Alex Azar, las farmacéuticas se negaron a reunirse con Trump y el presidente decidió ampliar aún más el alcance del decreto y firmarlo definitivamente.

El decreto original obligaba a Big Pharma a vender medicamentos de Clase D al mismo precio que lo venderían en Europa; ahora el decreto firmado también alcanza a los de Clase B.

Este esquema de “Precio de la Nación Más Favorecida” cierra un “loophole” (vacío legal) en el acuerdo entre las grandes empresas y Medicare que fomentaba que los laboratorios produzcan en el exterior y lo importen a Estados Unidos, así podían adjudicarle un precio mayor al medicamento y el Gobierno tenía que salir a subsidiar esa diferencia para evitar precios abusivos.

El mandamiento presidencial dictamina que los precios de los medicamentos estarán vinculados al precio de la “nación mas favorecida”, o sea el menor precio al cual la empresa vende ese medicamento entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que posean un PBI similar al estadounidense.

Lejos de tratarse de una medida relacionada con el control de precios, este decreto evitará que las empresas privadas se aprovechen de un mal acuerdo entre el sector público y privado firmado por ex-Presidentes, fomentará la producción local y aliviará el bolsillo de millones de estadounidenses, que sentían con grave pesar el precio de los medicamentos cuando el Estado no podía salir a subsidiar estos precios inflados.

Desde la Casa Blanca en un momento también se consideró entregar cupones por un valor de 100 dólares a los pacientes pertenecientes al programa Medicare, lo cual podría haber significado un ahorro en el bolsillo de los consumidores de hasta 25 millones de dólares en medicamentos, pero sin embargo la medida fue vista como demasiado expansiva y poco viable.

”Los precios están bajando RAPIDAMENTE!. También termina con todos los reembolsos a intermediarios reduciendo así aún más su precio”, publicó Donald Trump a través de Twitter.

Trump había firmado el pasado 24 de julio una serie de decretos destinados al mercado de los medicamentos, que tenían por objetivo terminar con la cartelización entre laboratorios, farmacéuticas y farmacias.

Por acuerdos que datan de décadas atrás para bajar los precios de los medicamentos, los laboratorios le venden con enormes descuentos a las farmacias, que son el distribuidor minorista, pero que no estaban obligados por ley a pasar este descuento a los clientes. Este fue otro “loophole” que evitaba que bajen los precios, que todos los presidentes desde la década del ’70 prometieron cerrar pero que nadie cumplió.

Esta medida generó un fuerte descontento entre las industrias farmacológicas. Los CEOs de Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline y Eli Lilly respondieron en una conferencia de prensa diciendo que “esta orden significa una enorme distracción a la industria bioframéutica mientras pelea contra el COVID-19”.

Por su parte, Pfizer, que logró enormes acuerdos multimillonarios para una vacuna contra el coronavirus de la cual tendrán inmunidad legal por sus efectos secundarios, anunciaron que después de esta medida van a “reconsiderar expandirse en Estados Unidos o echar personal”, lo cual es visto más como una amenaza que un hecho, ya que Pfizer viene ganando fortunas por sus inversiones en Estados Unidos.