Desde hace unos días, las cifras diarias de la epidemia de coronavirus están levantando un gran desconcierto por el contraste existente entre las que da el Ministerio de Sanidad y las que facilitan por su parte las comunidades autónomas. ¿A qué se deben estas discrepancias? ¿Qué recorrido hacen esos datos?

El pasado 11 de mayo entró en vigor la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de covid-19, con la que ha cambiado el sistema con el que Sanidad venía recopilando y trasladando los datos de las distintas comunidades para adaptarlo a la evolución epidemiológica.

Las cifras de la discusión

Hasta hoy, el número de fallecidos asciende a 27.128, según el cálculo del Ministerio de Sanidad. Una serie histórica que será actualizada dentro de unos días, cuando las autonomías concluyan la validación de los datos de la peor parte de la pandemia.

Las discordancias no se dan solo en el número de defunciones, sino que se extienden al de hospitalizaciones e ingresos en ucis. Pero las cifras de muertos son, como dice el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, las que más “duelen”.

Son los fallecidos por coronavirus con un diagnóstico positivo confirmado. Dos cifras han disparado también las alarmas. La información que aporta el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) a partir de los datos de registros civiles, que indica que, entre el 17 de marzo y el 25 de mayo, se han producido 43.000 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año, lo que supone un incremento de un 42 por ciento.

Y el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual las defunciones estimadas en España durante las 21 primeras semanas de 2020 (hasta el 24 de mayo) ascienden a 225.930, un 24,1 % (43.945) más respecto al mismo periodo de 2019.

Simón ha explicado una y otra vez que la cifra no es ni de lejos definitiva, que hay que esperar a la validación de las comunidades y que ya habrá tiempo -cuando se estudien los certificados de defunción con la causa de la muerte- para limpiar y definir la serie histórica.

A Sanidad le preocupa ahora, por encima de todo, la evolución de la pandemia y el control rápido y efectivo de los brotes que se produzcan y son esos datos -los nuevos contagios y su vigilancia- los que centran la atención de los técnicos de salud pública.

La estrategia de diagnóstico, vigilancia y control

El nuevo sistema se estrenó dos semanas después para dar tiempo a las autonomías a aclimatarse a los nuevos indicadores exigidos con el objetivo de obtener una información individualizada de cada caso, ahora que pueden verificar y validar mejor los datos al haber rebajado la presión asistencial.

Así, desde el lunes 25 de mayo, el Ministerio informa como novedad de los casos diagnosticados el día previo y en los últimos 7 y 14 días, los confirmados con inicio de síntomas una semana y dos semanas antes, así como las hospitalizaciones, ucis y defunciones en 7 días; las comunidades deben reportar esta información, entre otras, antes de las 12:00 horas.

Pero el estreno coincidió con la “desaparición” de casi 2.000 muertos del cómputo global, algo que Fernando Simón achacó a que se habían eliminado casos que estaban duplicados o que no cumplían con la definición de caso, entre otros criterios. Desde entonces, no han hecho más que sucederse las discrepancias.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que durante más de una semana el Ministerio no haya cambiado el global de fallecidos de la Comunidad de Madrid cuando ella misma informó de 12 muertos de un día para otro? ¿O que durante dos estadísticas seguidas Sanidad mantuviera la misma cifra de decesos totales cuando Castilla y León le había trasladado dos nuevos que no se incluyeron?

Tal y como ha precisado varias veces el responsable del CCAES, las series van a permanecer congeladas y solo van a modificarse cuando se produzca un fallecimiento el día anterior; y así va a ser hasta que todas las comunidades consigan actualizar sus series, algo que confía que sea “cuestión de días”.

Una salud global

El Ministerio de Sanidad aclara a Efe que son las comunidades las que introducen los datos, individualizados, a través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III; y son esos los que usa el CCAES para mostrar la evolución a través de las actualizaciones diarias.

Con lo que puede ocurrir que si una comunidad notifica un nuevo número de muertes pero no asigna ninguna al día previo, no constará en el balance diario de Sanidad.

El mecanismo de registro de las defunciones ha sido parecido a lo largo de toda la epidemia, pero con el nuevo sistema “han cambiado mucho los tiempos que se tarda en realizar el proceso”, ha admitido Simón.

Ayer lo explicaba así: cuando una persona identificada como caso es hospitalizada “hay que volver de nuevo a su historia clínica, a su ficha de notificación, e incluir la fecha. Es un acto que se tiene que hacer en cada uno de los servicios de salud pública de las comunidades”.

Y si posteriormente es ingresada en una UCI, “de nuevo hay que volver a su ficha y anotar la fecha en la que se realiza el ingreso”. En algunos lugares este proceso está prácticamente automatizado, pero la fecha hay que introducirla “de todas maneras, ya sea buscando la ficha, ya sea combinando bases de datos”. Si no se hace, no va a constar en la estadística.

De producirse el fallecimiento, hay que volver a acudir a la ficha del paciente, bien sea en la base de datos del hospital, de primaria o de salud pública, según esté establecido en cada una de las comunidades, o simplemente en la historia clínica, y anotar la fecha del deceso.

Son los casos previos al 11 de mayo los que pueden implicar más retrasos, ya que lo que hay que actualizar son los datos anteriores a ese día, que es cuando las comunidades estaban más sobrecargadas.

Puede suceder además que algunas tengan problemas para actualizar esas fichas anteriores al nuevo sistema de vigilancia y den una cifra de fallecidos sin la fecha de defunción. “Lo harán, se sabrá. Los fallecidos se van a conocer todos, pero en algunos momentos podemos tener un pequeño retraso”, justificó.

Hay otros obstáculos que pueden entorpecer la recopilación diaria de los datos; desde la Consejería de Sanidad canaria cuentan a Efe que la plataforma utilizada también incluye otras enfermedades de declaración obligatoria, lo que a su juicio puede suponer un problema porque estas patologías, que ya se notificaban antes, suelen tener un número relativamente bajo de casos, pero con la irrupción de la covid se manejan decenas de miles.

Algunos retrasos en el volcado de la información podrían derivarse también del gran volumen de datos y el detalle con el que tienen que proporcionarlos ahora, aunque Canarias insiste en que lo hace a tiempo real.

Y a ello se une que el método actual está basado en el número de la tarjeta sanitaria, y no todas las comunidades tienen desarrollado el sistema de la misma manera.

Los fallecidos, ilustran a Efe en la Comunidad Valenciana, se identifican a través de la información que consta en la encuesta epidemiológica. Para cada persona se rellena un formulario, que entre sus variables incluye el deceso y la fecha del mismo. Las variables solicitadas por el Ministerio se envían diariamente, junto con una actualización de datos atrasados.

Su notificación puede producirse de varias formas: con información de los centros hospitalarios públicos, la de los privados -que comunican directamente los casos de personas fallecidas, pero no siempre en el día mismo del deceso-; y la elaboración y seguimiento de las encuestas epidemiológicas, una vía con la que sucede a veces que se notifican casos de personas fallecidas que murieron días atrás.

En el sistema utilizado allí, la aplicación AVE (Análisis de la Vigilancia Epidemiológica), todas las encuestas están identificadas con nombre y apellidos, número SIP (el número de tarjeta sanitaria), el de historia clínica (si procede), fecha de nacimiento y domicilio.

Pero estos datos no son los que se comunican diariamente, sino que este sistema utiliza un código de encuesta unívoco (que pertenece a una sola persona), que es el que se traslada.

Ante esta situación, Castilla y León, que siempre ha mostrado sus reticencias sobre la manera de contabilizar, cree que debería ser el Registro Civil la referencia a la hora de calcular las muertes, de ahí que haya pedido que esta institución pública agilice sus trabajos.