Tres mil familiares de fallecidos por coronavirus presentan una querella ante el Supremo contra el Gobierno por homicidio imprudente
Once abogados de toda España presentaron el pasado lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos por el nuevo coronavirus contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo por posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.
La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por «un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave» al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas por el virus Sars-Cov-2.
Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
En concreto, la querella representa a 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2, aunque hasta el momento únicamente se han personado 116 familias «dado que las restantes no han podido obtener» el Certificado Médico de Defunción necesario para poder acreditar la muerte de los familiares, y las causas del óbito.
Entre otras cuestiones, en el texto de la misma se denuncia «la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta» por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus.
«Una crisis sanitaria», dice el texto, «que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus».
«Lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19 es muy grave», ha explicado la Fundación Zaballos que preside Emilia Zaballos y que se ha unido a la iniciativa promovida e iniciada por la plataforma El Día Después.
«Las responsabilidades, desde nuestro punto de vista, están muy claras. Ahora le toca decidir a la justicia», ha señalado esta fundación que se ha unido a los once abogados de toda España que han presentado la querella.
Esperemos que se incorporen más, porque la cantidad de fallecidos es astronómica. POcos me parecen, tres mil.
Máxima diligencia e insistencia en reclamar esos certificados de defunción.en los que parece que hay dificultades para su obtención… Y si fuera necesario, que sean los mismos tribunales los que exigan tales documentos porque lo que no puede ser es que esta ciscunstancia impida el derecho a reclamación de los familiares de los fallecidos.
La cuestión es si lo que ha hecho este desgobierno se trata simplemente de un “homicidio imprudente” o bien se trata de una “GENOCIDIO” con todas las letras y en Mayúsculas. Porque hay tantísimas cosas que inducen a creer esto último que lo de homicidio imprudente ya no se lo cree ni el más tonto de los estudiantes de primer año de derecho.
Para mí es un genocidio, suelen hacer siempre los de su ideología. Esto es de Podemos en 2016 en las autonómicas gallegas:
https://www.elmundo.es/espana/2016/09/27/57ea8310268e3eab788b45ae.html
https://www.libertaddigital.com/espana/2016-06-27/campana-de-los-seguidores-de-podemos-contra-los-viejos-por-la-victoria-del-pp-1276577205/
https://okdiario.com/espana/iglesias-gestiona-residencias-decir-que-voto-abuelos-nos-desespera-5348138
Si todo muy bien, pero que cuando condenen a este gobierno, paguen las costas y las indemnizaciones de su bolsillo particular, no del bolsillo de la hacienda pública, que somos todos.
Que paguen en cárcel, y con sus patrimonios personales.
Si esto fuera así, cosa que tengo mis más tremendas dudas, los próximos gobiernos se atarían los machos mucho mejor.
Saludos Patriotas Españoles.