La Fundación Ferrer i Guàrdia, ‘bien pagá’ de la izquierda rancia y del laicismo radical, arremete contra la Iglesia
La laicista Fundació Ferrer i Guàrdia, impulsada por la Generalidad del Tripartito y el desbancado Ayuntamiento socialista de Barcelona, presenta este miércoles en el CaixaFòrum de Barcelona su ‘Anuario de la Laicidad en España 2011’. Siendo irrefutable esconder el muy mayoritario número de ciudadanos que confiesan públicamente su fe católica en nuestro país (75 %), prefiere directamente arremeter contra ellos, presentando un ‘informe’ que poco o nada tiene de objetivo y mucho o todo de servicio a la ideología que alimenta al organismo de jugosas y muy cuestionadas subvenciones a cargo del bolsillo de todos los españoles.
Así, en sus conclusiones y pese a reconocer ese 75 % de españoles que se afirman católicos -porcentaje que reconocen también mayoritario entre los jóvenes, un 60 %-, concluye que se trata de una tendencia “en regresión” en favor de un mayor número de personas que no creen en ninguna religión: “Confirma una lenta pero ininterrumpida desafección ciudadana por un lado hacia la Iglesia católica como institución y por otro, hacia la religión en general”, señala el informe, a tenor de que sus cifras señalan que las personas no religiosas han pasado de representar un 8 por ciento en 1978 a un 16,5 por ciento en 1996, alcanzando el 21 por ciento en 2010.
El estudio no se libra de la sospecha de estar hecho al servicio de quien busca desesperadamente ofrecer datos o cifras que intenten sustentar su beligerancia e intolerancia laicista en razón a un pretendido apoyo social: partiendo de desaparición de elementos religiosos del espacio público, como ejemplo la Navidad, celebración cristiana que tanto les disgusta y que sorprendentemente, según el informe, sólo un 11% de los españoles la consideran religiosa, hasta el pretender apagar la voz de los católicos en la vida pública, máxime cuando se reconoce la gran influencia de la Iglesia como institución (el 75% de los españoles, según este ‘informe’, lo vería así), apuntando el ‘estudio’ a que un 82 % de los ciudadanos rechaza la influencia de la Iglesia en los asuntos cívicos. Y es que según el ‘informe’, “la Conferencia Episcopal intenta determinar la moral pública y la legislación del país”.
En la línea del confusionismo y cuando la Iglesia Católica no recibe ni un euro del Estado pese a la cuantía milmillonaria de euros que le ahorra al año gracias a su labor social, sólo en educación más de 4 mil millones y unos 36 mil millones de euros anuales en su conjunto -añadiendo que lo que recibe a través del IRPF es por la voluntad directa del ciudadano, que el Estado debe respetar-, el ‘informe’ aún aventura la cifra de siete millones de euros como aportaciones directas del Estado a la Iglesia Católica, en base a “algunas fuentes”. Acusa a las cuentas de la Iglesia en España, cuando la CEE da minuciosa cuenta pública anualmente de ellas, de “absoluta opacidad” por los “miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios. Tantos meses de estudio, 18 dicen que han empleado para elaborar este informe, y el resultado son meros ataques que en ningún dato objetivo logran sustentar.
Metida en faena malintencionada, ya de paso ahonda en aguas resbaladizas: según indica, el 48 por ciento de los ciudadanos piensa que el Gobierno no debería financiar ninguna religión, mientras que el 18 por ciento pide ayudas solamente para la religión católica; el 24 por ciento cree que todas las opciones de fe deberían recibir dinero público, y el 10 por ciento no tiene opinión.
Financiación, Salud y Sexualidad, Libertad de Conciencia, Pluralidad Religiosa, Educación, Activismo Político, Violencia y Religión, Liturgia Institucional, Género y Orientación Sexual son algunos de los aspectos detallados en que se hace hincapié en el documento, que parece especialmente molesto por la inminente visita de Benedicto XVI a Madrid para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud, de la que critican su “desmesurado” coste, obviando cualquier referencia a la autofinanciación ni, por supuesto, a los beneficios económicos que va a tener esta visita, por no hablar de su rentabilidad al convertir Madrid en centro de encuentro y atención internacional.
Entre los mensajes sonda del informe, cuando aconseja que debería regularse una Ley de Libertad de Conciencia en lugar de una de Libertad Religiosa -como es el caso actual-, en la que se engloben todas las opciones frente al hecho religioso o, como si acaso se estuvieran discriminando a otras religiones o como si el cristianismo no fuera seña identitaria de nuestra cultura frente a otras confesiones, que el 49 por ciento de los españoles considera que la Constitución tendría que tratar por igual a todas las religiones, frente al 18 por ciento que piensa que el catolicismo debería ser la religión oficial, y al 23 por ciento que pide trato especial a la católica.
Siendo una Fundación muy preocupada por lo que se imparta en las escuelas, no podría olvidarse la referencia a la materia educativa: según el ‘informe’, el 80 por ciento de los españoles opina que el Estado debe financiar en primer lugar la escuela pública, mientras que el 13 por ciento pide que los colegios públicos y privados se financien por igual.
Con líneas como estas, el estudio se hace bien merecedor de las jugosas y cuestionadas subvenciones que recibe y de quienes conforman su patronato y equipo, conocidos impulsores del laicismo y el adoctrinamiento ideológico en las escuelas.
Quién es quién
La Fundación Francisco Ferrer Guardia, constituida el 30 de diciembre de 1987 y reconocida, clasificada e inscrita como fundación cultural por orden del Ministro de Cultura de 30 de marzo de 1988, fija entre sus objetivos principales la juventud y la educación, entendida como “educación popular como herramienta de transformación desde la escuela y el asociacionismo”, que se une a la “reivindicación de la ética civil republicana” y la “promoción del asociacionismo laico y progresista”. Bajo estas líneas bien declaradas desde su web, se conforma la Fundación barcelonesa que en la praxis promueve campañas de apostasía, formación de líderes “laicos y progresistas”, y que se implica especialmente en el apoyo al escultismo “laico y progresista” y el tiempo libre con menores (esplais).
En 2004, la Generalidad del tripartito firmó un convenio con esta organización y su presidente, Jordi Serrano, a través de la Liga por la Laicidad. Entre las tarjetas de presentación de la Fundación, sus varias propuestas para que la religión sea excluida de la escuela, que el hecho religioso debe entenderse como un asunto que pertenece a la estricta esfera privada de los individuos y que es una injerencia en el espacio público la ostentación de simbología confesional.
En la misma línea, la entidad ha pedido, en otro de sus manifiestos, “la derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980” con el argumento de que “permite conceder derechos positivos a determinados grupos confesionales”. También ha propuesto “revocar definitivamente” los acuerdos que España mantiene con la Santa Sede desde 1979, porque entiende que “hipotecan la Constitución sometiéndola a tratados internacionales y recortando derechos fundamentales”.
Conforman su patronato y equipo conocidas banderas de la izquierda más rancia y laicista, comenzando por un Josep-Lluís Carod-Rovira artífice y protagonista de un tripartito que ha hundido Cataluña no sólo en cuanto a arcas públicas se refiere, sino minando los valores, con una oscura etapa de atentados contra las libertades cívicas y derechos fundamentales; junto a él, Pasqual Maragall, Raimon Obiols, Ignasi Riera, Matías Vives, Salvador Clotas, Josep Lluís López Bulla, Josep Ma. Álvarez, Emili Cortavitart, Lluís Armet, Georges Verhaegen, Freddy Thielemans, Antoni Miquel Ferrer, Joaquim Nadal y Josep Fontana. In Memoriam citan a Ma. Aurèlia Capmany (1918-1991); Frederica Montseny (1905-1994); Romà Planas (1932-1995); Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003); Marta Mata (1926-2006); Antoni Farrés i Sabater (1945-2009) y Jordi Solé Tura (1930-2009),
Para llevar adelante sus objetivos, la Fundación se ha nutrido de innumerables instrumentos: el Instituto de Análisis Social y Políticas Pública, publica libro . dentro de las colecciones “Pensamiento laico y Progresista”, “Políticas de juventud”, “Cuadernos de educación popular”- edita Espacio de Libertad, revista trimestral ‘de pensamiento y cultura’, dispone de un Centro de Documentación y el Archivo y Biblioteca propio bajo el mismo nombre de Ferrer i Guàrdia, “pone a disposición de las entidades laicas y progresistas”, como bien deja claro en su web, los equipamientos y las instalaciones de Avinyó 44 (Barcelona), el Mas de l’Amigo (Delta del Ebro), y la fassina de Rubí….
Quien critica de financiaciones, debería revisar las suyas…
Lógicamente, tamaña ‘infraestructura’ requiere un mantenimiento, que no será problema amén de las jugosas subvenciones que recibe dw sus valedores ideológicos, y con las que se ve presa del escándalo: a las ayudas recibidas la laicista Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia por parte de la Generalitat del Tripartito (PSC, ERC e ICV y) y de los apeasos socialiustas del Ayuntamiento de Barcelona hay que sumarle nuevas partidas de la Diputación de Barcelona justo el último día que se podían realizar: cuando se publicó la convocatoria de las pasadas elecciones municipales.
Se da la circunstancia que el mismo día que se publicó el decreto de la convocatoria de las pasadas elecciones municipales (29 de abril de 2011), la Diputación de Barcelona, gobernada entonces por el tripartito y a través de su Oficina del Plan Joven del Área de Igualdad y Ciudadanía, aprobó una partida en forma de subvención para esta asociación laicista, por un importe de 40.960 euros, cuando a partir de esa fecha el organismo público carecía de potestad para realizar esa serie de actuaciones.
La subvención se realizó por “concesión directa” en virtud de un convenio de colaboración para “promover la participación y la ciudadanía juvenil durante el año 2011”. Este mismo concepto es el que se ha aplicado a las anteriores subvenciones que les ha venido otorgando tanto Generalidad como Ayuntamiento de la ciudad condal. Por supuesto, se citaba sólo el fin de la subvención, en ningún caso explicaba cómo ni en qué sentido se fomentaría esa “participación” (iniciativas o estrategias concretas a las que se aplicaría la jugosa ayuda), lo que lo convertía, una vez más, en un cheque en blanco a mayor gloria de los fines laicistas de la Fundación.
Un poco de memoria
El Diario Oficial de la Diputación de Barcelona muestra que en 2007 la Diputación de Barcelona ya entregó al lobby laicista radical Fundació Ferrer i Guardia 170.000 euros (28,3 millones de pesetas). Para contrastar, en aquella misma partida, por ejemplo, Manos Unidas, la ONG de ayuda a países en vías de desarrollo recibió 27.200 euros; Intermon, la ONG de ayuda a países en vías de desarrollo recibió 21.650 euros, o la Fundación Banco de los Alimentos de Barcelona que lucha contra el hambre en las bolsas de pobreza de la ciudad recibió 6.000 euros.
Entre otras paradojas esta organización fue elegida por el Instituto de la Juventud española (Injuve) para evaluar el nivel de religiosidad de los jóvenes españoles.
La Generalitat de PSC, ERC e ICV destinó 266.798 euros a asociaciones laicistas entre las que también se encontraba, de nuevo, la Ferrer i Guàrdia. Esta partida la otorgaron las consejerías de Medio Ambiente e Interior, gobernadas entonces por ICV. Esos 266.798 euros estuvieron destinados a asociaciones, la mayoría de las cuales estaban hermanadas en el Movimiento laico y progresista que pretende la transformación social a través de “la transmisión de valores laicos y progresistas”. Esos grupos que se nutrieron de las arcas públicas son Esplais catalanes, Acción Escolta de Cataluña, Asociación de Casals y Grupos de Jóvenes de Cataluña, Coperacción, Escuela Lliure el Sol, Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia, Entorn, Fundación Terra, y Ateneos Laicos i Progresistas.
El convenio que firmó el entonces vicepresidente del Gobierno, Josep-Lluís Carod-Rovira, vinculaba a la Generalitat a una organización compuesta por masones, ateos, anarquistas y movimientos laicistas, todos ellos encabezados por la Fundación Ferrer i Guàrdia. Curiosamente también están implicados los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT que de esta forma interfieren en parcelas que no son propias de la actividad de un sindicato de trabajadores. Este es uno de tantos ejemplos de cómo se ha gastado el dinero de los catalanes los diferentes gobiernos municipales y autonómicos de PSC, ERC e ICV y explica, en parte, por qué el gasto que generó el Gobierno tripartito fue tan elevado: derivando dinero público a fines políticos que solamente han tenido como objetivo desplazar la religión del espacio público.
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