Mila Orriols es un adolescente de 16 años apasionada por el canto que estudiaba hasta hace dos semanas en un colegio de la región de Lyon. Se declaraba lesbiana en sus redes sociales donde hacía frecuentemente gala de banderas LGTB y criticaba de forma general cualquier asunto que tuviese aroma a religión, reivindicando un ateísmo militante.

El pasado 19 de enero uno de sus abonados en su cuenta de Instagram intenta ligar con la joven de forma insistente. Llegado el momento la joven publica una frase sin tapujos que levanta ampollas: «las árabes no son mi estilo». A partir de ahí, comienza a recibir insultos con fuerte caracter homófobo y xenófobo: «puta tortillera», «sucia francesa». Cuando las amenazas adquieren un tono religioso «te vas a quemar en el infierno», Mila no duda en responder con un vídeo en sus redes sociales criticando al islam de forma vigorosa: «En el Corán sólo hay odio. El Islam es una mierda y a vuestro dios le meto un dedo en el culo». El vídeo comienza a hacerse viral con una fuerza proporcional a las amenazas que la joven va recibiendo. Y el tono sube. «Sabemos donde vives, date por muerta», «Sé a qué colegio vas, el lunes lo arreglamos a la salida de clase», «especie de puta lesbiana vas a morir apaleada». La adolescente llega a recibir 200 mensajes amenazantes por minuto según el relato que ella misma hace de los hechos. El asunto se expande a otras redes sociales y comienzan a aparecer los hashtags #JeSuisMila y #JeSuisPasMila que identifican a los que apoyan a la joven y los que cargan contra ella. La magnitud de las amenazas llegan a niveles tales que la joven desde hace diez días y por motivos de seguridad ha tenido que abandonar el centro donde estaba escolarizada.

El caso ha saltado de las redes sociales a los medios de comunicación tomando una dimensión política y judicial con varias controversias paralelas que han ido configurando del caso Mila un auténtico asunto de Estado en Francia. La indignación explotó cuando la semana pasada se supo que había dos investigaciones abiertas, una por amenazas de muerte y otra, contra la propia joven, por «incitación al odio debido a la pertenencia a una religión». Esta segunda fue archivada poco después en medio de una ola de críticas. Por si todo esto fuera poco, la ministra de Justicia de Macron, Nicole Belloubet, elevó la polémica a su máximo exponente equiparando la crítica a las religiones con un «ataque a la libertad de conciencia». Dio marcha atrás alegando un malentendido a las pocas horas, pero el incendio del caso Mila ya tenía pocos cortafuegos. Y en estas, llega el delegado general del Consejo francés del culto musulmán, Abdallah Zekri, quien condenaba las amenazas a la chica pero añadiendo que «quien siembra vientos recoge tempestades».

La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, brindó su apoyo inequívoco a la adolescente. Aunque «ciertamente hizo declaraciones que pueden ser consideradas vulgares, no se puede aceptar que por ello algunos la condenen a muerte», afirmó Le Pen en Twitter. También aunque algo a remolque, el Gobierno de Emmanuel Macron, en boca de su ministro del Interior, Christophe Castaner, hizo a inicios de esta semana una defensa férrea del «derecho a blasfemar» en la Asamblea Nacional. El titular de Interior ha explicado en las últimas horas que la joven y su familia se encuentran bajo una «particular vigilancia policial» ante las amenazas recibidas. Por su parte, el titular de Educación, Jean Michel Blanquer, intenta dar con la fórmula para reescolarizar a la joven y que no pierda el ritmo del curso sin exponerla a ni a ningún peligro. Y mientras, el silencio de ciertos sectores de la izquierda que tienen aunténticos quebraderos de cabeza para elaborar un discurso sobre el encaje del islam en Francia, vuelve a ser subrayable. Y no sólo entre socialistas y extrema izquierda.

Este caso ha abierto incluso un debate interno dentro de la mayoría parlamentaria de La República en Marcha, el partido de Macron, de hasta qué punto debe defenderse la laicidad de forma férrea e inflexible. Lo que ya nadie duda en Francia es que el caso Mila ha sido sintomático. Cómo un simple vídeo de una adolescente expresándose libremente ha hecho tambalear a todo el sistema institucional de un país. El caso Mila ha reabierto el debate sobre los límites del derecho a la blasfemia y la libertad de expresión.