El 16 de mayo, en un debate parlamentario, el secretario de Comunidades de Reino Unido, James Brokenshire (en la imagen) rechazó la definición oficial de “islamofobia” —descrita como una “ley sobre blasfemia por la puerta trasera”— de la Comisión sobre británicos musulmanes del Parlamento basándose en que es demasiado vaga y tiene “posibles consecuencias para la libertad de expresión”. Dijo que la definición no es conforme con la Ley de Igualdad de 2010.

Por Soeren Kern.- Días después de que el Gobierno británico rechazara su definición oficial de “islamofobia” propuesta, el Consejo Musulmán de Gran Bretaña, la mayor organización islámica del país, pidió una investigación oficial del Partido Conservador por islamofobia.

La disputa gira en torno a la iniciativa de la Comisión sobre musulmanes británicos —compuesta por unas dos docenas de diputados de varios partidos del Parlamento británico— de institucionalizar la definición de islamofobia en términos raciales en vez de religiosos.

La Comisión, en un informe de noviembre de 2018 titulado “La islamofobia definida”, propuso una definición de islamofobia de una sola frase: “La islamofobia tiene sus raíces en el racismo y es un tipo de racismo que toma por objetivo expresiones de musulmanidad o de musulmanidad percibida”.

La definición, resultado de seis meses de consultas, fue apoyada por cientos de organizaciones musulmanas, el alcalde de Londres, Sadiq Jan, y varios partidos políticos, incluido el Laborista, los Demócrata-Liberales y los conservadores escoceses.

Los defensores de la definición dicen que, aunque es cierto que el islam no es una raza, sino una religión —un conjunto de creencias e ideas—, y que los musulmanes son un conjunto de creyentes de diferentes razas, etnias y nacionalidades, muchos musulmanes experimentan prejuicios, discriminación y una forma de racismo que, dicen, es estructural. Omar Jan, director del think tank contra el racismo Runnymede Trust, explicó:

“Definir la islamofobia como racismo antimusulmán sitúa bien el problema al referirse a grupos de personas a las que se les adscriben atributos raciales y culturales negativos que pueden dar lugar a una amplia variedad de experiencias, sea un prejuicio inconsciente, la discriminación directa o indirecta, la desigualdad estructural o actos de odio”.

El 16 de mayo, en un debate parlamentario en la Cámara de los Comunes, el secretario de Comunidades de Reino Unido, James Brokenshire, rechazó la definición oficial de “islamofobia” de la Comisión —descrita como una “ley sobre blasfemia por la puerta trasera”— basándose en que es demasiado vaga y tiene “posibles consecuencias para la libertad de expresión”. Dijo que la definición no es conforme con la Ley de Igualdad de 2010, que define que la raza comprende el color de la piel, la nacionalidad y los orígenes nacionales o étnicos, y no la práctica religiosa.

Un portavoz del Gobierno dijo que la definición de la Comisión “no cuenta con el apoyo general” y necesitaba “una consideración más a fondo”.

Muchos británicos, musulmanes incluidos, están en contra de la definición propuesta y advierten de que podría blindar el islam del escrutinio y las críticas válidas.

En su intervención en la Cámara, John Hayes, diputado conservador, señaló:

“El informe de la Comisión identifica islamofobia como un ejercicio de racismo, que presume que la población musulmana de este país, o de cualquier país, es una raza. Puesto que el islam es una religión, esa propuesta es discutible en sus términos, como han explicado muchos críticos del informe”.

Las personas que se adhieren a esa religión vienen de toda clase de lugares, de todas las clases de color de piel y creencias, y adoptan todo tipo de prácticas diferentes. Como ocurre con los cristianos, algunos adoptan una visión más fundamentalista de su religión que otros. Describirlos como raza, en sí misma, es muy osado, y algunos dirían que es un punto de vista controvertido, sin embargo, es lo que hace el informe al identificar la islamofobia como una cuestión de antirracismo […].

El actual orden legislativo sobre la incitación al odio, la discriminación y muchas otras medidas permiten que la policía, si así lo quieren, persigan a las personas que se comportan de manera inaceptable y, mucho más en serio, de manera ilegal, y hay una discusión muy pertinente sobre si la policía no lo hace lo bastante. No quiero plantearla yo, pero otros podrían hacerlo. Desde luego, es cierto que la policía debería perseguir a esa gente, a los que habría que interrogar, imputar y, si procede, procesar. Sin embargo, el argumento de que partimos de una hoja en blanco oculta el hecho de que existe toda clase de leyes contra la discriminación y el racismo que nos permiten proteger a quienes podrían ser víctimas de dichos prejuicios.

En The Spectator, David Green, fundador y director ejecutivo de Civitas, un think tank de político no partidista de Londres, advirtió:

“Si esta definición se convierte en ley, nadie estará seguro de qué tipo de palabras podrían llevarlos al juzgado. Es precisamente esa incertidumbre lo que diferencia un Estado policial de una sociedad libre. Históricamente, el término ‘Estado de derecho’ se utilizaba para describir el sistema político en el que todo el mundo sabía cuándo se podía utilizar la ley contra ellos y cuándo tenían la libertad de actuar como a cada cual le pareciera oportuno. Como dijo John Locke, en Inglaterra había “una regla común a cuantos forman parte de esa sociedad”, lo que significaba “la libertad que me permite seguir mi propia voluntad en todo aquello no prescrito por la norma, y no estar sometido a la voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de otro” […].

La ley [británica] no ampara el uso de las palabras con la intención de suscitar el odio racial y —sin duda por esta razón— la definición de la Comisión afirma que criticar el islam es una forma de racismo. Pero la raza y la religión son cosas muy distintas […].

Estamos ante un choque de dos formas muy distintas de ver una sociedad: el individualismo y el colectivismo, a grandes rasgos. El individualismo considera que el objetivo principal del Estado debe ser facilitar el desarrollo de nuestras cualidades personales […].

En una sociedad colectivista, el objetivo es que los gobernantes determinen cuál debe ser la conducta de los individuos […] y los que están en el poder establecen un código detallado y amenaza con el castigo a quien no lo cumpla. Y no agradecen la crítica como mecanismo de aprendizaje mutuo y rendición de cuentas del poder.

Hemos visto esas ideas autoritarias a lo largo de la historia de Europa y pensábamos que las habíamos dejado atrás […]. La definición de la Comisión es un intento de recrear esa atmósfera del pasado […].

Hay un amplio apoyo público a la libertad de expresión, y no es probable que acabe de forma oficial por una ley del Parlamento, pero se puede ir desgastando poco a poco. Darle un reconocimiento oficial a la definición de islamofobia de la Comisión será un paso gigantesco hacia un Estado policial arbitrario.

Los jefes de la policía británica han alertado de que la definición de islamofobia propuesta podría generar confusión entre los policías y obstaculizar la lucha contra el terrorismo islámico. En una carta a la primera ministra, Theresa May, que se filtró a The Times, Martin Hewitt, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, por sus siglas en inglés), escribió que la definición de la Comisión podía exacerbar las tensiones con la comunidad musulmana y socavar las medidas políticas y tácticas antiterroristas.

Nos preocupa que la definición es demasiado amplia tal como está redactada, y podría generar confusión entre los agentes a la hora de velar por su cumplimiento y utilizarse para impugnar una legítima libertad de expresión sobre los actos históricos y teológicos de los países islámicos.

También existe el riesgo de que pueda ir en detrimento de los mandos antiterroristas que tratan de lidiar con el extremismo o impedir el terrorismo.

El primer diputado musulmán de Inglaterra, Jalid Mahmud, dijo que la definición daría lugar a una mayor segregación de las comunidades musulmanas:

“Yo defiendo la libertad para todos, pero estoy en contra de esto. Nosotros, como musulmanes, deberíamos estar orgullosos de quiénes somos e intentar alejarnos de la mentalidad de víctimas”.

En diciembre de 2017, el Barnabas Fund publicó un comunicado en el que recomendaba utilizar la palabra “musulmanofobia” para condenar el miedo y el odio hacia los musulmanes. Dijo que la palabra “islamofobia” sólo debería emplearse con el significado de miedo y odio al islam como ideología religiosa. El comunicado también subrayaba que el uso común de “islamofobia” para incluir el miedo y el odio también a los musulmanes es motivo de muchas confusiones.

El 15 de mayo, más de 40 académicos, escritores y funcionaros públicos británicos firmaron una carta abierta al secretario de Interior, Sayid Yavid. En la carta pedían al Gobierno, a los partidos políticos, a los ayuntamientos y a otras organizaciones que rechazaran la definición de islamofobia de la Comisión:

“Los abajofirmantes condenan de manera inequívoca, sin reservas y enérgicamente los actos de violencia contra los musulmanes y reconocen la urgente necesidad de abordar el odio antimusulmán. Sin embargo, estamos sumamente preocupados por la acrítica y apresurada adopción de la definición de islamofobia de la Comisión”.

Se está tomando esa vaga y expansiva definición sin un adecuado escrutinio o consideración apropiada de sus consecuencias negativas para la libertad de expresión, de cátedra y de prensa. La definición también perjudicará la cohesión social, al alimentar precisamente la misma intolerancia a los musulmanes que se propone prevenir.

Nos preocupa que las acusaciones de islamofobia se usen, como ya se están usando, para blindar las creencias islámicas y otros extremismos ante las críticas, y que formalizar esa definición dé lugar a que se emplee lo que en la práctica es una ley sobre la blasfemia por la puerta de atrás.

Evidentemente es mucho más probable que no se detecten los maltratos o prácticas dañinas, o las actividades de grupos e individuos que promueven ideas contrarias a los valores británicos, a causa del miedo a que los llamen islamófobos. Esto sólo irá a más si la definición de la Comisión se adopta como ley oficial.

Nos preocupa que la definición se utilice para acallar las críticas legítimas y la investigación. Aunque los autores de la Comisión han asegurado que no desean infringir la libertad de expresión, todo el contenido del informe, la propia definición y las primeras señales de cómo se podría utilizar indican que lo harían. No deberían tratarse las libertades civiles como una cuestión secundaria al intentar lidiar con los prejuicios antimusulmanes.

La fusión de raza y religión utilizada bajo el confuso concepto de “racismo cultural” amplía la definición más allá del odio antimusulmán para incluir las críticas “ilegítimas” a la religión islámica. El concepto de musulmanidad se puede en efecto transferir a las prácticas y creencias musulmanas, lo que permite que el informe diga que se instrumentalizan las críticas al islam para herir a los musulmanes.

Ninguna religión debería contar con una protección especial frente a las críticas. Como el odio a los sij, los cristianos o los hindúes, creemos que el término “odio antimusulmán” es más apropiado y menos proclive a infringir la libertad de expresión. No es deseable una proliferación de las “fobias”, como ya han afirmado las organizaciones sij y cristianas que reconocen la importancia de un debate libre sobre sus creencias.

El 28 de mayo, el Consejo Musulmán de Gran Bretaña, vinculado a los Hermanos Musulmanes, presentó ante la Comisión sobre derechos humanos e igualdad una denuncia de islamofobia en el seno del Partido Conservador. En su denuncia afirmaba:

“Hemos dado este paso tras llegar a nuestro conocimiento una insólita serie de casos que indican una cultura en el seno del Partido Conservador donde la islamofobia no sólo está generalizada, sino que es institucional. Solicitamos a la Comisión que estudie las pruebas e investigue este asunto con urgencia”.

El ayudante del secretario general del Consejo Musulmán, Miqdad Versi, admitió que el objetivo de la queja de la organización ante la Comisión de derechos humanos e igualdad era presionar al Gobierno para que aceptara su definición de islamofobia:

“El Gobierno, encabezado ahora por los conservadores, también ha decidido rechazar una definición de islamofobia aceptada por el Consejo Musulmán y algunos actores musulmanes clave, lo que nos hace preguntarnos cuál es el mensaje que quieren transmitir a las comunidades musulmanas”.

Cuando llegue la competición por el liderazgo [del Partido Conservador], ¿dará prioridad alguno de los candidatos a hacer frente a la magnitud de la islamofobia que ha consumido al Partido Conservador?

La petición de una investigación por islamofobia se produjo el mismo día en que la Comisión de derechos humanos e igualdad anunció una investigación oficial por antisemitismo en el Partido Laborista. La investigación determinará si el partido “ha discriminado, hostigado o victimizado ilícitamente a personas por ser judías”.

El Consejo Musulmán dijo que el momento elegido para presentar la denuncia —el mismo día de la investigación por antisemitismo— fue una coincidencia.