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Es la primera sanción que la Generalitat impone a un docente que alza la voz contra el «adoctrinamiento en las aulas catalanas».Francisco Oya, el profesor de Historia del instituto Joan Boscà de Barcelona, a quien el Consorcio de Educación –participado en un 60 por ciento por la Generalitat y en un 40 por ciento por el Ayuntamiento de Barcelona– abrió un expediente el 12 de abril de 2018 por, según arguyó el ente educativo, «incumplimientos en su actividad docente», ha sido sancionado finalmente con diez meses de inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo.

En una resolución, con fecha del 21 de enero de 2019, por la que se resuelve el citado expediente disciplinario, la administración autonómica le acusa de tres faltas graves: «Desatender el ejercicio de sus funciones docentes», por lo que le impone la sanción de «suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones durante dos meses»; «desobedecer una orden de un superior» y de «desacato a la autoridad, haciéndolo de forma ostentosa», por lo que le impone dos meses más de suspensión de empleo y sueldo.

«Daño moral» al director

Por último, le culpan también de haber ocasionado «un daño moral» al director del centro y de «la perturbación significativa en el servicio público de educación generada por su actitud y conducta», por lo que le imponen «suspensión de funciones y pérdida de sueldo durante seis meses». En total, la sanción suma diez meses de inhabilitación con suspensión de empleo y sueldo. Oya niega los hechos y asegura que «ha presentado documentación que desmiente tales acusasiones, aunque no ha sido tenida en cuenta a la hora de realizar la resolución».

En su argumentario, la Generalitat le acusa de profesar una «animadversión» hacia el director del instituto y de emprender «una campaña de difamación contra él con la maquinaria propagandística de organizaciones y medios de comunicación». Otras acusaciones en las que se sostenta la sanción son la «falta de coordinación del expedientado con el resto de profesorado del área», así como supuestos «incumplimientos de temario y horario». Por último, le atribuyen el «haber alterado la buena convivencia del instituto, comunicando su posicionamiento político» y de realizar comentarios de tono homófobo, sexista y xenófobo «que han herido la sensibilidad del alumnado».

Acusaciones «no probadas»

El docente, muy crítico con el proceso separatista catalán, con la inmersión lingüística y con el «adoctrinamiento» en las aulas catalanas, niega todas las acusaciones. Asegura a este medio que presentó documentos que prueban que cumplió escrupulosamente con el temario que debe impartir en su área y que éste «es el indicado para Selectividad». Admite solo que entregó «ciertos textos a los alumnos» para «estimular al alumnado a pensar por si mismos e interpretar la Historia de España no solo partiendo de una visión, la que le ofrecen unos libros de texto manipulados».

Oya desmiente de forma categórica haber acosado al director del instituto y el haber expuesto su ideología política en el aula. «Es una acusación genérica e inconcreta que como otras no han probado», añade. Tampoco hay, según explica, pruebas de sus incumplimientos horarios ni han tenido en cuenta que la vez que abandonó el centro antes de hora «fue para ir a un juzgado». El docente reclamó a las autoridades educativas que le concretaran por qué se le acusa de xenófobo, homófobo y sexista, aunque, según apunta, «en ningún momento me han dicho por qué frase o comentario me acusan. Sencillamente porque no existe». «No han podido probar nada», asevera. Francisco Oya fue recriminado por la inspectora que lo evaluó por impartir sus clases en castellano. Le acusó de «actuar sin coherencia linguïstica entre sus explicaciones orales y los textos de trabajo usados en la asignatura».

«Expediente político»

«Es un expediente político. Querían castigarme y lo han hecho. Han dictado su sentencia y yo he estado en todo el proceso en un estado de total indefensión», denuncia el profesor, que acusa al Gobierno de que no le haya apoyado ante una situación tan «injusta».

Por este motivo, Oya ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona un recurso contra la resolución al considerar que «no se ajusta a Derecho» y pide que «se restablezca su honor». Asimismo, se plantea denunciar a la dirección del centro y a la inspección por presuntos delitos «de odio y prevaricación».