La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La recaudación por cotizaciones sociales mantendrá este año un fuerte avance y por primera vez en la historia se logrará ingresar más de 120.000 millones por las cuotas que pagan empresarios y trabajadores. Concretamente 123.584 millones, lo que significa una subida del 7,5% respecto a 2018 (8.668 millones más), lo que permitirá financiar un 77,1% del presupuesto total del sistema, como prevé el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentó este lunes en el Congreso.

Este “incremento sustancial” de la recaudación es consecuencia tanto de la mayor creación de empleo como de las medidas recientemente aprobadas a final de año, como son el aumento de las bases mínimas de cotización en un 22,3% hasta el importe del Salario Mínimo Interprofesional que en 2019 se elevará a 900 euros mensuales, la elevación de las bases máximas hasta el 7% y el encarecimiento de las cotizaciones para los autónomos.

Sin embargo, este alza no será suficiente para cubrir todo el gasto en pensiones, que se dispara más de un 6%, por lo que un año más el Ejecutivo contempla volver a utilizar mecanismos adicionales para garantizar el abono de las nóminas de los mayores. Uno de ellos será la denominada ‘hucha’ de las pensiones, de la que el Gobierno echará mano por octavo ejercicio consecutivo y contempla sacar 3.693 millones de euros en 2019. De llevarse a cabo estas previsiones, el Fondo de Reserva, que llegó a acumular más de 66.800 millones en 2011, se quedará prácticamente vacío con apenas 1.350 millones, puesto que a finales de diciembre tenía un remanente de 5.043 millones tras haberse extraído casi 77.500 millones en los últimos siete años.

Será ya una cantidad mínima que mantendrán porque ningún Ejecutivo quiere pasar a la historia por ser el que deje a cero esta ‘hucha’ de las pensiones creada para hacer frente a la jubilación del ‘baby boom’. Es por ello que desde el Ministerio de Trabajo trabajan para consensuar cómo volver a llenar este fondo, aunque sea con transferencias directas del Estado, y a su vez harán “alguna modificación” en la gestión del dinero que queda, puesto que en 2018 tuvo rendimientos negativos, como ha admitido en varias ocasiones el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

“Mantener el equilibrio”

Pero además, al igual que se ha hecho en los dos últimos años, el Estado concederá a la Seguridad Social un nuevo préstamo por valor de 15.164 millones de euros, la misma cifra del año anterior, “una medida que va encaminada a mantener el equilibrio del sistema en tanto se alcanza un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo sobre las recomendaciones, algo que se espera alcanzar a lo largo del mes de enero o febrero”, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso. Este tipo de préstamos no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de la fecha de su concesión.

Además del crédito, cabe resaltar que por primera vez en la historia se presupuesta una transferencia del Estado a la Seguridad Social en apoyo a su sostenibilidad presupuestaria por importe de 850 millones de euros.

Y es que el gasto en pensiones se ha disparado un 6,2% hasta los 153.864 millones de euros -“la mayor dotación de la serie histórica”, tal y como recalcó Montero-, lo que significa que el Estado dedica 42,1 euros de cada 100 euros presupuestados para pagar las prestaciones públicas. Este fuerte crecimiento, que no se daba desde hace una década, viene ocasionado tanto por la nueva revalorización de la que se beneficiarán más de 9,5 millones de pensionistas como del incremento de las personas que se incorporan al sistema, que además traen una base de cotización más amplia.

Por primera vez en el último lustro los pensionistas han comenzado el año con una subida de las pensiones acorde a la evolución prevista del IPC y superior al 0,25% de los ejercicios anteriores: desde enero sus ingresos aumentan un 1,6% con carácter general, que se eleva al 3% para las prestaciones mínimas y no contributivas. Pero además medio millón de viudas (mayores de 65 años y con rentas bajas) verán cómo sus nóminas se incrementan otro 7% gracias a la subida de cuatro puntos de su base reguladora hasta situarse en el 60%. Además, en febrero recibirán una paga compensatoria con la diferencia entre la revalorización del 1,6% y la inflación media del 1,7% que hubo en 2018.

Pese al aumento del coste para las arcas de la Seguridad Social, el déficit del sistema bajará hasta los 18.650 millones de euros, un 1,84% por debajo del desajuste de “prácticamente 19.000 millones” con los que cerró el ejercicio 2018.