Por Judith Bergman.- Suiza acaba de rechazar una proposición de ley que impide que las mezquitas acepten dinero del extranjero y las obliga a declarar de dónde procede su financiación y a qué fin se destinará el dinero. Según la ley propuesta, también se obligaría a los imanes a predicar en una de las lenguas nacionales suizas.

Aunque la propuesta ya fue aprobada por un estrecho margen en la cámara baja del Parlamento en septiembre de 2017, la cámara alta la rechazó hace poco. La propuesta se elaboró tomando como referencia la regulación en Austria, donde ya en 2015 se aprobó una ley que prohibía la financiación extranjera de organizaciones religiosas. La ley austriaca tenía por objetivo contrarrestar el extremismo exigiendo a los imanes que hablen alemán, prohibiéndoles la financiación extranjera de mezquitas, imanes y organizaciones musulmanas en Austria, y haciendo hincapié en la prevalencia de la ley austriaca sobre la ley islámica de la sharia para los musulmanes que viven en el país.

El Consejo Federal, que constituye el gobierno federal de Suiza, también se opuso a la propuesta, y afirmó que era constitutiva de “discriminación”: “No debemos discriminar a las comunidades e imanes musulmanes y ponerlos bajo un régimen de sospecha general”, dijo la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga. El Consejo Federal señaló que en Austria el islam tiene reconocimiento oficial, y en Suiza no. Según el Gobierno suizo, por lo tanto, el modelo aplicado en Austria no es aplicable a Suiza, ya que “uno no puede exigir obligaciones sin derechos”. Lo obviamente cree el Consejo Federal es que los riesgos que representan los predicadores y comunidades islamistas extremistas no se pueden combatir con la ley existente.

Hay aproximadamente doscientas cincuenta mezquitas en Suiza, pero las autoridades no saben quién las financia. Las autoridades no tienen jurisdicción para recopilar datos sobre la financiación de las asociaciones musulmanas y las mezquitas salvo en casos excepcionales en que la seguridad doméstica se ve amenazada. Al rechazar la propuesta que obliga a las mezquitas a declarar quién las financia, las autoridades suizas pueden ahora mantenerse en su ceguera voluntaria.

Varios expertos han señalado las redes musulmanas activas en Suiza. En 2016, Reinhard Schulze, profesor de Estudios Islámicos en la Universidad de Berna, apuntó que las donaciones de la Liga Mundial Musulmana, con sede en Arabia Saudí, y otros fondos de ese país estaban fluyendo a “estas mezquitas y organizaciones abiertas a la tradición uahabí”. Otro experto en el islam en Suiza, Saïda Keller-Messahli, ha hablado y escrito profusamente sobre cómo “ingentes sumas de dinero de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Turquía están fluyendo a Suiza”, cómo la Liga Mundial Musulmana está detrás de “toda una red de mezquitas orientadas a la radicalización en Suiza […] con la clara intención de difundir el pensamiento salafista aquí”.

Además de la influencia salafista, se calcula que existen treinta y cinco mezquitas turcas, financiadas por el Directorio para los Asuntos Religiosos, conocido como Diyanet. (Informaciones anteriores han hablado de setenta mezquitas turcas en Suiza).

Según un informe publicado por Diyanet en 2017, el islam es “superior” al cristianismo y el judaísmo y “el diálogo interreligioso es inaceptable”. Turquía apoya a los Hermanos Musulmanes y a su filial Hamás.

De hecho, se acaba de dar luz verde a la construcción de otra mezquita turca en la localidad suiza de Schaffhausen. Sus responsables afirman que el millón y medio de francos suizos (aproximadamente un millón y medio de dólares) se recaudará a nivel local, y no de Turquía, pero los imanes para la mezquita se mandarán desde Turquía.

Ninguno de estos hechos, sin embargo, parece preocupar al Gobierno suizo, que aparentemente quiere que continúe el flujo de financiación extranjera de mezquitas y centros islámicos en el país.

Por encima de todo, el Gobierno suizo parece no haber considerado los derechos de los ciudadanos suizos no musulmanes, que son los que tienen que vivir con las consecuencias de las políticas irreflexivas del Gobierno.

Una de esas consecuencias se pudo ver en los tribunales suizos, cuando tres miembros de la junta directiva del Consejo Central Islámico de Suiza (ISSC) fueron procesados por haber producido propaganda ilegal para Al Qaeda y otras organizaciones relacionadas. Uno de ellos, Naím Cherni, recibió una sentencia suspendida de veinte meses por haber publicado una entrevista que le hizo al clérigo saudí Abdulá Al Muhaysini en Siria en 2015, donde Al Muhaysini llamó a los jóvenes musulmanes de Europa a unirse a la yihad. Los otros dos miembros de la junta, el presidente Nicolás Blanco y Qasim Ili, fueron absueltos.

A diferencia de Suiza, Austria anunció recientemente planes para cerrar siete mezquitas y expulsar a hasta sesenta imanes que pertenecen a la Unión Turco-Islámica por la Cooperación Cultural y Social en Austria (ATIB), una organización musulmana cercana al Gobierno turco, sobre la base de que estaba recibiendo financiación extranjera.

La respuesta del portavoz del presidente turco Recep Tayyip fue que esa política era parte de una “ola islamófoba, racista y discriminatoria” en Austria.

El fuerte mensaje que el Gobierno suizo está mandando a esos países y organizaciones musulmanas que están alimentando la radicalización en Suiza financiando mezquitas salafistas, turcas y otras de carácter radical es que son bienvenidos a seguir haciéndolo; el Gobierno suizo no tiene intención de frenarles, y mucho menos hacer cualquier pregunta incómoda. Podría poner un cartel que dijera: “Bienvenida, radicalización”.