El Congreso ha instado este jueves al Gobierno a preparar un estudio que analice los efectos a largo plazo provoca la píldora anticonceptiva en las mujeres y otro que analice su seguridad comparándola con el tratamiento hormonal masculino, que aún está en fase de investigación.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales ha aprobado, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley de Podemos que ha transaccionado con el PSOE en la que dan al Ejecutivo seis meses para destinar una dotación presupuestaria a estos informes.

También le emplaza a incentivar económicamente la investigación sobre la píldora masculina y a que, una vez sea aprobada por las agencias del medicamento europea y española, sea evaluada por la Agencia Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y, “si procediera, a su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud”.

Para su propulsora, Ana Belén Terrón, se trata de una “propuesta de sentido común” para atajar la desigualdad entre hombres y mujeres que también se da en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, puesto que el SNS considera la anticoncepción como “algo exclusivo” de ellas.

Desde el PSOE, Lidia Guinart ha hecho hincapié en la necesidad de evaluar y actualizar la estrategia de salud sexual y reproductiva y ha emplazado al Gobierno a abordar la “perspectiva de género de manera transversal” y a dotar con el presupuesto suficiente el Observatorio de Salud de las Mujeres.

Francisco Igea, de Ciudadanos, ha señalado que “no todo se puede reducir a un problema de género” y ha explicado que existen ensayos sobre anticoncepción hormonal en hombres “muy prometedores”, por lo que hay que favorecer el desarrollo de estas nuevas técnicas.

Sin embargo, la popular Marta González ha recordado que los estudios sobre la píldora masculina iniciados tuvieron que finalizarse por razones éticas, porque los riesgos de efectos secundarios sobrepasaba los beneficios, a lo que se une que tampoco era “100 % segura”.

La Comisión ha dado luz verde a otra proposición no de ley de Ciudadanos para mejorar, actualizar y clarificar la regulación de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios.

Así, deberá garantizar la seguridad de los pacientes persiguiendo la publicidad engañosa, impulsando medidas eficaces para el control de la propaganda comercial sanitaria, llegando incluso a restringirla para impedir que incluya ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier tipo de atractivo económico.

La propuesta exige al Gobierno que cumpla con otra que fue aprobada hace dos años en la que se le pedía reforzar las garantías para los usuarios de clínicas dentales, no obligándoles a financiar o pagar por anticipado los tratamientos, y establecer controles en la publicidad sanitaria para evitar casos como el de Vitaldent.

El resto de proposiciones debatidas también han salido adelante, dos de ellas del PSOE para bajar el precio de los medicamentos que en 2012 se retiraron de la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que desde esa fecha han sufrido un incremento del mismo, y para aprobar en tres meses los desarrollos pendientes de la ley del Voluntariado.

Otras dos del PP para desarrollar medidas con las que favorecer la actualización del parque tecnológico existente en el SNS, en coordinación con las comunidades autónomas y con los agentes del sector y para promocionar la figura del geriatra.

Los diputados han apoyado asimismo una del Grupo mixto para que se apliquen las recomendaciones de la Iniciativa HerculeS para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis.