Iglesias y Puigdemont.

AD.- Que Podemos es un partido separatista es algo que hemos visto meridianamente claro en los últimos meses. Su ideal es el “cuanto peor, mejor”. Cifran sus expectativas electorales en un sórdido escenario de desempleo, hundimiento de empresas y tensión callejera.

Así sucede en Venezuela y están encantados.

Del resto de partidos separatistas, radicados sobre todo en Cataluña y Vascongadas, resulta evidente que su objetivo, a veces simulado, es la secesión de esos territorios. Ni respetan los valores constitucionales, que tanto se exige a otros, ni actúan dentro del Estado de Derecho, quebrantando de esta forma la ley de partidos

Urge acabar con tanta cobardía institucional y coger el toro por los cuernos: todos los partidos segregacionistas y antiespañoles, empezando por Podemos, deben ser ilegalizados, de acuerdo al interés general.

El Estado no puede permitir la actuación de auténticas organizaciones criminales, cuyo fin principal es la subversión del orden legal, de la forma que fuere. No olvidemos el apoyo tácito de un sector del PNV a las actividades terroristas de la banda ETA durante cuarenta años y que se saldaron con el asesinato de centenares de españoles. Urge por ello que nuestro sistema constitucional y legal sea reformado para que, al igual que sucede en Alemania, entre otros estados, los partidos autonomistas (allí los landers), no puedan presentarse a las elecciones al parlamento nacional, sino únicamente al parlamento regional correspondiente.

Caso contrario, sucedería lo que pasa aquí: que esos partidos que solo defienden intereses sectoriales de una parte del territorio nacional, influyen en exceso en la toma de decisiones que afectan a la política nacional, presionando al Gobierno central de cara a la obtención de más y más ventajas locales, en detrimento de la totalidad del pueblo español.

Fuerza Nueva, por ejemplo, en sus mejores momentos, consiguió más de cien mil votos, y un solo diputado nacional. El PNV, con idéntico número de votos, e incluso inferior, pero concentrados en solo tres provincias, siempre ha dispuesto de grupo parlamentario propio (entre otras razones porque la UCD y los gobiernos sucesivos de PSOE y PP reformaron el Reglamento del Congreso para que pudieran tener grupo parlamentario).

El Gobierno central tiene que aprender la lección y establecer los mecanismos necesarios para blindar al Estado de la acción concertada de separatistas y podemitas en contra de la unidad nacional y la convivencia de los españoles.

Además, deben extremarse los controles del ineficaz y corrupto Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos, ya que todos sabemos cómo se financian en Cataluña las organizaciones separatistas. De las comisiones sobre las obras públicas y la compra de bienes y servicios tenemos sobrados ejemplos.

Al mismo tiempo, resulta inverosímil que, durante años, con dinero público, se haya subvencionado con partidas millonarias a los medios públicos y privados de comunicación catalanes que incluso hoy, luego de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, siguen siendo los órganos propagandísticos para la movilización en Cataluña a favor de la sedición. Resulta desconcertante la impunidad con la que se sigue permitiendo la participación de esos medios en el proceso de inducción al secesionismo de la sociedad catalana, a poco más de un mes de unas elecciones unánimemente consideradas como cruciales para el futuro..

Afrontar el problema de Cataluña sin adoptar las medidas que exigiría la gravedad del momento, entre ellas ellas la intervención de los medios y atajar el adoctrinamiento en la enseñanza, sólo contribuye a su dilatación y progresivo empeoramiento.