El aborto químico está sustituyendo al quirúrgico. Esta es una de las principales conclusiones del informe «El aborto en España. 30 años después (1985-2015)» presentado por el Instituto de Política Familiar (IPF) hoy. En efecto, según las estadísticas oficiales de abortos registrados del Ministerio de Sanidad, en el 2010 se registraron un 5,4% de abortos químicos frente al 18,5% del 2015. Sin embargo, el IPF denuncia que los datos oficiales actuales del Ministerio de Sanidad son incompletos y no reflejan la realidad del aborto. «Hay comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, que no registran los abortos químicos ni disponen de protocolos de seguimiento», advierte Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar. El informe presentado este martes extrapola los datos de las CC.AA. que si ofrecen registros públicos de abortos químicos al conjunto nacional.

El resultado según los cálculos que hace esta entidad es que en el 2015 hubo 23.266 abortos químicos (un 23% del total) que sumarían más de 100.026 frente a los 94.188 ofrecidos por el Ministerio. «La tendencia a la quimicalización del aborto no sólo pretende desdramatizar el problema sino también invisibilizarlo», denuncia Hertfelder, quien exige a las distintas comunidades que «cumplan con su obligación de transparencia» y ofrezcan los datos completos de los abortos de sus regiones. Además, el informe del IPF remarca que si se sumarán los abortos por Píldora del Día Después (PDD), la cifra sería muy superior. «Es muy difícil afirmar cuántos de los 700.000 consumos anuales de PDD acaban en abortos, pero sí podemos afirmar que la PDD tiene un doble efecto: antiovulatorio, pero también anti-implantatario, es decir, es o puede ser abortiva y se está dispensando sin ningún tipo de control administrativo ni sanitario», apunta Hertfelder.

Inversión de la pirámide poblacional

Pero, al margen de la posición subjetiva que se tenga sobre el aborto, prosigue el director del IPF, «el hecho objetivo es que destruye capital humano en una proporción creciente, es un freno a la natalidad y está favoreciendo el envejecimiento y la inversión de la pirámide poblacional, ya que el número de abortos que se produce en un año es equivalente a más de un tercio del déficit de natalidad que tiene España». De hecho, añade, «si no hubiera abortos el índice de fecundidad estaría alrededor de 1,6 hijos/mujer en lugar de 1,33 y más cerca del nivel de reemplazo generacional», aseguran.

Las intervenciones políticas

El representante del IPF también resalta que no ha habido diferencias con respecto al aborto y su tratamiento, independientemente de quien haya sido el partido en el Gobierno. Así, indican, «bajo los diecinueve años de gobiernos del PSOE se registraron 1.182.227 abortos y bajo los 12 años de los gobiernos del PP han sido 918.203 abortos. De seguir esta tendencia, en el 2018 (con 15 años de gobiernos del PP), el PP ya habrá superado al PSOE en número de abortos. «Bajo los gobiernos del PSOE se aprobaron las dos leyes de aborto (1985 y 2010), mientras que bajo los gobiernos del PP se han mantenido sin derogar/reformar esas leyes de aborto ya que lo que se realizó en 2015 fue un mínimo retoque», apunta Hertfelder.

Consecuencias económicas y sociales

«A más abortos -resume Hertfelder- más déficit de natalidad, más envencimiento poblacional, y mayor incremento de los gastos sociales debido al aumento del número de pensionistas, de las cuantías de las pensiones y los gastos asistenciales y sanitarios». El director del IPF concluye su análisis con la siguiente explicación: «El envejecimiento poblacional produce un descenso de la población activa y, en consecuencia, una caída de la recaudación en el IRPF y en las cotizaciones a la Seguridad Social. Existe pues un riesgo real de quiebra de la prestaciones sociales y del Estado del Bienestar tal y como lo conocemos. Si se mantiene el actual déficit de natalidad (junto con el aborto) no se regenerará la población con nuevos trabajadores que mantengan el actual sistema de pensiones». «Es urgente actuar y abordar un problema que se ha convertido, con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, en la tercera causa de mortalidad en España».

Las 18 propuestas del IPF

Las medidas que proponen desde el Insituto de Política Familiar (IPF) van en tres direcciones:

A) DE VOLUNTAD POLÍTICA

1. Derogación de la actual ley del aborto, así como la eliminación del supuesto “riesgo psicológico de la madre”.

2. Elaboración de un Libro Blanco sobre el Aborto en Españaque analice su problemática, sus causas y consecuencias y proponga soluciones y alternativas a dicha problemática.

3. Elaboración e implantación de un Plan Nacional sobre Natalidad, de carácter trianual, con dotación presupuestaria suficiente.

4. Realización de encuestas del CIS periódicas específicas que analicen la problemática de las mujeres a la hora del embarazo, dificultades para tener hijos, etc.

5. Realización de campañas de sensibilización y concienciación sobre la natalidad, embarazo y maternidad.

6. La inclusión expresa del aborto como violencia contra la mujer y el niño en periodo prenatal.

B) LEGISLATIVAS

1. Elaboración de la ley de Protección a la Maternidad.

2. Pacto de Estado por la Natalidad y la Demografía.

3. Obligación de que las Comunidades Autónomas realicen protocolos de seguimiento y notifiquen todos los abortos farmacológicos

4. Declarar que la PDD tiene, en determinados casos, un efecto abortivo, prohibiendo su dispensación sin receta médica.

5. Obligar a que las PDD, al igual que los otros fármacos abortivos, disponga de protocolo de seguimiento con sus correspondientes notificaciones.

6. Elaborar estudios para determinar el porcentaje exacto de PDD que tienen efecto abortivo.

C) DE APOYO A LA MUJER EMBARAZADA

1. Programa específico de ayuda a las adolescentes e inmigrantes embarazadas para afrontar los singulares problemas que un embarazo puede plantear a estos dos grupos sociales especialmente indefensos.

2. Creación de Centros de Ayuda, Atención y Asesoramiento a la mujer embarazada y/o potenciación de la Red Madre que ayude a todas las madres, solteras o casadas, a tener sus hijos.

3. Incremento de la prestación de la ayuda directa por hijo a cargo hasta una cuantía que alcance la media de la Unión Europea (100€/mes).

4. Promoción de la adopción nacional/acogimiento familiar como alternativa al aborto.

5. Reconocer legislativamente la figura del mobbing maternal, promoviendo su erradicación y protegiendo la maternidad en el campo laboral.

6. Destinar una línea presupuestaria específica a las ONG’s que se dediquen a la ayuda a la mujer embarazada.