Remitido.- La aprobación in extremis de la Ley de Igualdad balear (prevista para el próximo martes en la última sesión parlamentaria balear de la presente legislatura) nos avisa de que el Govern Balear, a través de la Consellera de Asuntos Sociales Fina Santiago, nos intenta colar una ley que de igualdad no tiene absolutamente nada.

Todo el texto de la ley se centra en lograr mejoras para la mujer a través de medidas de discriminación positiva que, al fin y al cabo, es otra forma de discriminación que pretende lograr un privilegio de un colectivo por razón de sexo, lo que interpreta como una violación del artículo 14 de la Constitución Española que dice: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Una de las partes más controvertidas es la referente a la definición de violencia económica como “la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos; o la discriminación a disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja”. Así, la normativa permitirá a las víctimas de esta violencia económica acceder a las mismas prestaciones y ayudas que las disponibles para las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas, cosa que actualmente no pueden hacer. Además, prevé que un informe social que acredite que una mujer ha sido víctima de cualquier tipo de violencia machista será suficiente para que pueda percibir dichas ayudas, mientras que hasta ahora se debía presentar una denuncia y esperar una sentencia.

Como puede verse el interés económico se halla detrás de esta norma que pretende además nombrar al Instituto Balear de la Dona como asesor y partícipe en todo lo referente a estos temas lo que implica una puerta abierta a ingentes subvenciones públicas de dudosa utilidad que irán a parar solamente a asociaciones de mujeres para seguir defendiendo sus propios intereses, no necesariamente los del resto de la población como se nos pretende vender.

Más claro puede verse la discriminación positiva en la obligación a la que se someterá a las administraciones públicas – Govern, Consells Insulars y Ayuntamientos – a tener en sus órganos colegiados y de selección de personal una representación equilibrada de hombres y mujeres. El Govern entiende por representación equilibrada que cada sexo no supere el 60 por ciento ni sea inferior al 40 por ciento. No importa la capacitación profesional, no importa lo que las propias mujeres elijan, tendrán que estar allí a la fuerza.

Otra de las disposiciones son las relativas a las mujeres maltratadas en la que se les otorga más puntos, una vez haya sentencia judicial, a la hora de optar a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) lo cual podría favorecer la picaresca y suponer la presentación de más denuncias violencia de género con el único fin de obtener la vivienda deseada. Una posibilidad que la ley facilita.

Asimismo, el texto consolida el Consejo de Participación de las Mujeres y se reafirma la necesidad de mantener la existencia de un órgano autonómico, el Instituto Balear de la Mujer, como impulsor de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma. Cualquier otra organización que luche por la igualdad de otros colectivos discriminados queda literalmente excluida. La ley no es para todos igual.

La Ley también garantiza una cobertura mínima de servicios que las administraciones deben mantener: Una plaza en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista por cada 3.500 mujeres y un centro de información para cada 100.000 mujeres. Si la ley fuera realmente “igualitaria” la garantía debería extenderse a cualquier víctima de maltrato tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, escolar, o de cualquier otra índole.
Por lo tanto consideramos a la ley como totalmente discriminatoria y anticonstitucional, solicitamos se vote en contra de su aprobación y se devuelva para ser redactada nuevamente luego de un período de consultas a las asociaciones sociales implicadas y a la ciudadanía en general.