Los ocho agentes que grabaron el bar Faisán de Irún, en Guipúzcoa cuando se produjo un chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA han asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional que los dos cortes que presentaba la cinta no se produjeron mientras se realizó la grabación.

Los policías, que han comparecido en calidad de peritos, no han conseguido explicarse por qué la grabación del Faisán el día de los hechos presenta dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, y han asegurado que interrumpir el registro mientras éste se realizaba no era “un procedimiento habitual”.

A preguntas del juez Ruz, que se ha mostrado especialmente meticuloso con esta cuestión, según las citadas fuentes, los ocho agentes han indicado que durante la grabación nadie tocó el aparato grabador ni pulsó la tecla de stop, por lo que desconocen el origen de las interrupciones, que se produjeron en la mañana en la que tuvo lugar la delación.

Los ocho comparecientes pertenecían a la escala básica de la Sección de Economía de la Unidad Central de Información del Cuerpo Nacional de Policía y estaban a las órdenes del jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., que dirigió las pesquisas sobre el aparato de extorsión de ETA y el chivatazo policial que recibió el dueño del Faisán, Joseba Elosúa. Todos se encontraban grabando la puerta principal del establecimiento cuando, según la tesis de este mando policial, un hombre entró en el bar y facilitó un móvil a Elosúa a través del cual un comunicante le alertó de la existencia de una operación policial.

De la misma forma, los policías han negado que la cinta pudiera haber sido rebobinada en algún momento de la grabación, lo que habría provocado los cortes. El primero correspondía, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas. El segundo, de 16 segundos, se produjo entre las 11.11.12 horas y las 11.11.28. Según la Fiscalía, la supuesta “filtración” pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas de ese día.

Tras analizar el vídeo dos peritos de la Guardia Civil confirmaron el pasado 23 de febrero ante el juez que las interrupciones no fueron “accidentales”, mientras que los agentes de la Policía Científica a los que se encargó otra pericia alternativa defendieron que entre las causas de estas interrupciones podría encontrarse el “deterioro”.

LLAMADA CON TELEFÓNICA

También han comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 cuatro expertos de la compañía Telefónica Móviles que han ratificado un informe pericial en el que revelaban que el día de los hechos actuaban en la zona del Faisán operadoras francesas que hasta ahora no han sido investigadas.

De igual modo, han trasladado al juez la imposibilidad de que en el transcurso de una llamada la operadora telefónica pueda cambiar el repetidor con el que ésta se inicia. En este sentido, las citadas fuentes añadieron que la supuesta llamada del chivatazo, la que un inspector de Vitoria realizó al jefe superior de Policía del País Vasco, se inició y terminó a través de la red de Telefónica.

Según fuentes personadas en la causa, el informe pericial sólo incluye el análisis de listados de llamadas realizadas a móviles de Telefónica, por lo que no detalla las comunicaciones efectuadas con tarjetas prepago, teléfonos fijos o por satélite. De igual forma, excluye el análisis de los IMEI de los teléfonos (número de serie de un terminal), lo que permitiría identificar los aparatos que se utilizaron ese día.

La operadora de telefonía entregó su análisis después de que el juez Ruz solicitara el pasado 24 de enero que le detallaran la ubicación de las llamadas que se realizaron el día del chivatazo, y si había alguna posibilidad de que existieran otras comunicaciones que se hubieran realizado utilizando repetidores que no fueron analizados por la policía, incluidos los ubicados en Francia. “Existe cobertura de operadores franceses en la zona”, apunta el informe.

El equipo que investigó el soplo se centró en analizar 1.932 llamadas salientes que se efectuaron con tarjetas de las compañías españolas Movistar, Vodafone y Amena (actual Orange). De ellas, discriminaron 63 que cumplían las características que, a su juicio, tenía que reunir la llamada del chivatazo, a partir del testimonio que los agentes grabaron a Elosúa.

A partir de éstas identificaron a 48 personas y se quedaron con la llamada que un inspector de Vitoria realizó al jefe superior de Policía del País Vasco. Ambos se encuentran imputados en la causa junto al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).

TRES REPETIDORES INVESTIGADOS

El informe también detalla que Telefónica desconoce “las estaciones base que tenían otros operadores en la zona en mayo de 2.006” y señala al juez que para conocerla “es necesario dirigirse a Orange o Vodafone como operadores nacionales. En cuanto a los franceses se desconoce los operadores concretos que daban servicio”, añade.

De igual modo, detalla que las llamadas que se realizaron por la red de Telefónica desde la ubicación “sólo pudieron iniciarse” desde los tres repetidores en España que analizó el equipo de investigación, si bien añade que “los móviles pudieron desplazarse de esa ubicación y ser servidos por otras células distintas a la que se inició la llamada”.

Los expertos también señalan que con la información que se almacenaba en 2006 y que “se puede manejar a posteriori”, no se pueden “identificar puntos exactos de ubicación de un móvil. En los registros sólo se almacena la identidad de la célula por la que se cursan las llamadas, por lo que sólo puede identificarse zonas en las que el móvil se puede encontrar debido a la cobertura que dan esas células concretas”, explican.

Con este nuevo informe los peritos amplían otros dos que remitieron en 2007 y 2008 al juez Baltasar Garzón, que instruyó la causa hasta que fue suspendido en sus funciones en mayo de 2010. En estos análisis, denominados ‘Cruce de llamadas y sus BTS’ y ‘Cobertura y Disponibilidad’, los técnicos de Telefónica concluían que las llamadas analizadas se hicieron desde el repetidor o estación de base de Zaisa y que el día de los hechos éste se encontraba “a pleno servicio”.

LLAMADAS ANALIZADAS

El equipo de investigación únicamente analizó las llamadas registradas entre las 11.10 y las 11.40 horas del 4 de mayo de 2006, hora en la que se produjo la delación; las de tráfico saliente (ya que Elosua afirmó que el autor del chivatazo había llamado a alguien y le había pasado su teléfono) y las que tuvieron una duración superior a los cuatro minutos.

De hecho, en un informe que Carlos G. entregó al juez el 7 de agosto de 2006 se indicaba que “con el fin de agotar las posibilidades técnicas” resultaba necesario “indagar también sobre el tráfico de llamadas registradas en los operadores franceses de influencia en la zona fronteriza de Behobia (Orange, SFR y Boughitel), toda vez que cabe la posibilidad técnica de la existencia de otras llamadas registradas bajo la cobertura de operadores franceses, en cuyo caso, deberían de estar registradas en los repetidores de estas compañías”.