Las agresiones a los médicos, tanto de la sanidad pública como de la privada, aumentaron en 2015 un 4,94 por ciento respecto al año anterior, según datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), publicados con motivo de la celebración del Día Nacional contra las agresiones a los profesionales sanitarios.

En concreto, el año pasado se produjeron 361 agresiones, frente a las 344 de 2014, siendo Madrid (77), Andalucía (66), Valencia (55), Cataluña (44), Extremadura (24), Castilla-La Mancha (16), Asturias (14), Castilla y León (13) y Cantabria (10), las comunidades en las que los colegios de médicos han notificado más casos de agresiones.

Por el contrario, País Vasco (1), Ceuta (1), Aragón (3), Galicia (4), La Rioja (4), Baleares (5), Canarias (6), Navarra (6), Melilla (8) y Murcia (9), han sido las regiones en las que menos casos se han producido.

«Cuando ocurren estas cosas se deteriora el servicio que se presta a los ciudadanos. Por ello, es necesario aumentar la concienciación de los profesionales, ya que sólo así podremos acabar con esta lacra», ha aseverado el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín.

Ahora bien, si se analiza la incidencia de agresiones, el informe del Observatorio ha mostrado que en el año 2015 se produjeron unas 1,5 agresiones por cada 1.000 colegiados. No obstante, en algunas comunidades el número de casos se situó por encima de la media como, por ejemplo, Melilla (28,47), Extremadura (4,50), Ceuta (3,09), Cantabria (2,92), La Rioja (2,54), Asturias (2,29), Comunidad Valenciana (2,10), Castilla-La Mancha (1,87), Madrid (1,84), Andalucía (1,76) y Navarra (1,53).

Estas agresiones se producen tanto en hombres (49,6%) como en mujeres (50,4%), aunque en la franja de edad de los 46 y 55 años son los varones los que más las sufren, mientras que en el resto de edades no hay apenas diferencias. En lo que sí se han observado diferencias es en el lugar en el que los profesionales médicos ejercen su trabajo, sufriendo más lesiones físicas (55%) o psíquicas (45%) los que trabajan en la sanidad pública (312), que los que lo hacen en la sanidad privada (49).

Todas ellas suelen ocurrir en las consultas de Atención Primaria (50%), seguidas de las hospitalarias, las Urgencias de Atención Primaria y los servicios de Urgencias de los Hospitales. En este punto, el secretario general de la OMC, Juan Manuel Garrote, ha informado de que los agresores suelen ser pacientes que tenían una cita programada (39%), familiares (31%) y enfermos sin cita previa (27%).

Atención y tiempo de espera

Los motivos que llevan a la agresión son por discrepancias con la atención que le están prestando (36%), discrepancias personales (15%), el tiempo en ser atendido (14%), no recetar lo que ellos mismos consideran conveniente (11%), recibir informes no acordes a sus exigencias (5%), mal funcionamiento del centro (4%) y motivos relacionados con la incapacidad temporal (3%).

Ante esto, Rodríguez Sendín ha avisado de que los recortes están haciendo «mella» en la relación entre el médico y el paciente, lo que, a su juicio, puede explicar el aumento de los casos de violencia hacia estos profesionales. Por ello, el presidente de la OMC ha instado a las autoridades a trabajar en ese sentido, a que «no oculten» las agresiones que se producen en las consultas médicas y a que colaboren activamente con los colegios de médicos para evitar que se produzcan más casos.

«Si a un paciente se le dice que tiene que esperar cuatro o cinco meses en recibir un diagnóstico se puede enfadar y esto es porque hay falta de personal y porque el que hay no tiene tiempo suficiente para atender a todos los pacientes. No podemos consentir más casos de esta minoría de salvajes y por eso las autoridades sanitarias y judiciales deben intervenir», ha apostillado.

De hecho, durante el año pasado se produjeron 64 sentencias, de las cuales el 41 por ciento (48) fueron condenatorias, el 22 por ciento (14) absolutorias y en el 3 por ciento (2) de los casos se llegó a un acuerdo. En concreto, de las sentencias condenatorias, 18 fueron como delito de atentado contra la autoridad, 29 delitos leves, 5 delitos graves y el resto fueron faltas por lesiones, amenazas, maltrato o falta de orden público.

De todas ellas, en 16 se impuso una pena de prisión, 17 conllevaron privación y derecho de inhabilitación, 8 medidas de seguridad y 37 multas con una cuantía «insignificante». «Se trata de un número importante porque demuestra que las denuncias que llegan a los colegios de médicos tienen motivos suficientes como para ir a un juicio y ganarlo», ha señalado Garrote.

Ejemplo de ello es el testimonio del doctor del servicio de Urgencias del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), Fernando Paul, quien ha explicado que fue agredido por el padre de un paciente cuando fue a darle la baja que el propio enfermo había solicitado y de la que, al parecer, el progenitor no estaba de acuerdo.

«Me dio un puñetazo por la espalda. En ese momento me sentí mal por una agresión cobarde, sin previo aviso. Psicológicamente me quedé mal porque no lo entendí y fue una situación de desesperación. Lo denuncié y le condenaron a seis meses de prisión y una orden de alejamiento. Se trata de unos hechos que crean inseguridades y que, además, perjudican la calidad asistencial. No queremos mandar a alguien a la cárcel con estas denuncias, pero sí evitar que se acuda a la calle a decir que para que te hagan caso hay que insultar, agredir o pegar, porque no es así», ha aseverado Paul.

«Stop agresiones»

Por todo ello, la OMC ha publicado un manifiesto en el que, con el lema «Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero», se pide reforzar las medidas preventivas para proteger a los profesionales sanitarios, y con ellos al conjunto del sistema sanitario, con un tratamiento multidisciplinar del problema.

Además, según ha informado el vicepresidente de la OMC, Serafín Romero, se insta a las administraciones públicas a que expresen su «claro compromiso» para erradicar este problema; a que añadan a las campañas de violencia de género actividades de concienciación sobre las agresiones a sanitarios; a que establezcan programas de formación en las competencias profesionales para afrontar situaciones difíciles; y a que el Ministerio de Sanidad active el grupo de trabajo para luchar contra las agresiones y lo lleve a la agenda política del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Del mismo modo, la OMC ha solicitado que las agresiones a sanitarios sean tratadas como violencia social, contemplando que el delito contra la autoridad en el ámbito público y privado tenga la «misma consideración jurídica»; que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades; que se avance en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes; se incrementen los acuerdos con las administraciones sanitarias y las fiscalías; y se realice un llamamiento global a todos los intervinientes para que tomen las medidas necesarias de protección a los profesionales y, con ellos, «al conjunto» del sistema sanitario.

«El delito de atentado está consolidado ya en el código penal, pero sólo al que se refiere al profesional médico que ejerce su trabajo en la sanidad pública. No obstante, hay que seguir trabajando porque, tal y como han demostrado los datos, se sigue vejando, amenazando e insultando con profusión a nuestros médicos», ha zanjado el coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, José Alberto Becerra.

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