La querella interpuesta contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su marido, Eduardo Leira, por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, por un delito contra los derechos de los trabajadores, en relación a la declaración de insolvencia de la empresa de arquitectura de Leira, que derivó en que los trabajadores que tenía en nómina dejasen de percibir sus honorarios, ya tiene un magistrado, en este caso, magistrada, que la instruirá. Se trata de la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta. La magistrada, una vez que le ha correspondido la causa por reparto, ha tomado la primera decisión, que no es otra que la de dar traslado al fiscal de las actuaciones para que se pronuncie sobre la competencia del juzgado para conocer esas actuaciones. Éste es paso previo para que la jueza decida si abre o no una investigación sobre lo denunciado. Sí señala la jueza, en cambio, que los hechos que resultan de las actuaciones procedentes del juzgado de Segovia que se inhibió en favor de los de Madrid, «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», aunque , en estos momentos, no están determinadas «la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido», motivo por el que acuerda dar traslado de las actuaciones para que informe el fiscal.

Se da la circunstancia de que el auto tiene como fecha de notificación el pasado día 23, pese a que una jueza de Segovia se inhibió el pasado 11 de noviembre, es decir, hacía más de tres años. Esa magistrada, además de acordar su inhibición, decidía incoar diligencias de investigación al apreciar que los hechos a que se refieren esas actuaciones «hacen presumir la existencia de una infracción penal tipificada contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores e insolvencia punible».

El caso salió a la luz tras el nombramiento de Manuela Carmena como candidata a la Alcaldía de la capital por Ahora Madrid, antes de las pasadas elecciones municipales de mayo. Varios trabajadores del estudio de arquitectura que tenía el marido de la actual regidora, Eduardo Leira, denunciaron que el empresario fue condenado a pagar una indemnización a tres de sus empleados por haberles contratado de foma irregular, no haberles reconocido su categoría profesional y no abonarles su nómina durante varios meses.

Tras los problemas laborales, llegaron las amenazas e incluso un «intento de agresión» por parte de un colaborador económico del marido de Carmena. «Nuestro día a día se convirtió en un calvario», denunciaron Carlos, Muriel y Antonio hace nueve meses a este diario.

Tras una primera «alegría» al haber sido condenado el empresario a pagarles la indemnización, llegó una «mala sorpresa»: al exigir la ejecución de la sentencia condenatoria, vieron que Leira se había declarado insolvente. Lo que se investiga ahora es si, en realidad, el arquitecto había incurrido en un delito de alzamiento de bienes, es decir, había puesto a nombre de su mujer sus propiedades para, de cara a la ley, no poder hacer frente a esos pagos.

Según los denunciantes, había hecho un «traspaso sin contraprestaciones» de su patrimonio a su mujer, haciendo efectiva la declaración de separación de bienes del matrimonio. Los empleados del estudio de arquitectura i3 Consultores –que se quejaban de que el matrimonio se paseaba en Lexus mientras no pagaban las nóminas a los trabajadores– interpusieron la correspondiente demanda por el presunto alzamiento de bienes que habría cometido Leira para hacer frente a sus obligaciones en i3 Consultores. Sin embargo, la demanda no llegó a buen puerto porque –según explican los empleados– «Carmena, como jueza, sabe moverse en las arenas judiciales y supo hacer que ese movimiento fuera imposible de condenar». Los tres denunciantes, Carlos, Muriel y Antonio, se quejaban de que habían trabajado para el marido de Carmena «de forma irregular».

«Fuimos contratados como falsos autónomos porque estábamos dados de alta y facturábamos bajo el régimen especial de trabajadores autónomo» pero, tal y como demostraron ante el juez, acudían a su puesto de trabajo todos los días en el mismo horario y facturaban casi las mismas cantidades cada mes. Eso sí, nunca firmaban los proyectos. «Nos dejó de pagar las nóminas y, al final, por el movimiento judicial que hizo, tampoco tuvimos indemnización».

Los problemas comenzaron cuando el Colegio Oficial de Arquitectos (COAM) anunció inspecciones a partir de enero de 2010. El empresario les contrató a todos ese 1 de enero pero como «técnicos de cálculo, una categoría inferior a la de arquitecto», explicaron los empleados. En agosto de 2010 comenzaron los impagos y en febrero de 2011 denunciaron. El clima laboral, lógicamente, comenzó a ser bastante tenso pero si se iban perderían su derecho a paro. «Al acto de conciliación ni siquiera se presentaron y el abogado de Leira reconoció los impagos». En concreto, las cantidades en concepto de las indemnización y retrasos salariales que debían haber percibido (si no fuera por el presunto alzamiento de bienes por el que Leira se declaró inlsolvente) serían de 41.896 euros a Carlos, 22.669 a Muriel, y 34.053 a Antonio. Aunque la Justicia les dio la razón en un primer momento, más tarde se sobreseyó al considerar el juez que el matrimonio quería hacer frente primero a un préstamo que tenían con Bankia.

Los que fueran empleados de Leira, que no han cobrado nada, aseguraron entonces que no querían hacer política de este tema pero sí era cierto que les molestaba ver cómo Manuela Carmena «abanderaba» los derechos de los trabajadores habiendo cometido su marido (y en parte ella al convertirse, de repente, en la propietaria de los bienes de su marido para no hacer frente a los pagos) estos hechos. Tras salir a la luz el escándalo judicial del matrimonio, Carmena anunció que defendería su honorabilidad y la de su marido querellándose contra los ex empleados de Leira, al tiempo que lamentó que se utilicen «este tipo de armas» contra ella.

Más tarde, un juzgado de Segovia abrió un procedimiento tras la querella del colectivo Manos Limpias por la declaración de insolvencia del estudio de arquitectura. Y es que es en esta provincia donde se encuentra el inmueble que Leira habría traspasado a Carmena. Así, ella habría contribuido –según la querella– a «salvar» el patrimonio familiar, «garantizando así la despatrimonialización de su marido». Manos Limpias acusa al matrimonio de tres delitos (contra la Seguridad Social, contra los trabajadores e insolvencia punible) penados con hasta 15 años de prisión.

Rodríguez Menéndez la acusó de tener dos millones de euros en paraísos fiscales

El pasado 11 de febrero, durante su intervención en el programa ‘La ratonera’ de AD TV, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez aseguró que Manuela Carmena tiene depositados dos millones de euros en entidades bancarias de los archipiélagos de Caimán, en el mar Caribe, y de Seychelles (Oceano Índico, al noreste de Madagascar), paraísos fiscales ambos.

En concreto, los depósitos de la regidora madrileña sumarían un millón y 700.000 euros, en Caimán y Seychelles, respectivamente. “Era una corrupta siendo magistrada y lo es ahora”, sentenció el exabogado de la Policía y de los principales altos cargos de la seguridad del Estado durante los gobiernos de Felipe González.

Al ser interpelado sobre la acumulación de dichas cantidades por parte de Carmena cuando solamente ha tenido reconocido su sueldo como magistrada, Rodríguez Menéndez, tras aclarar antes que “su marido es un arquitecto decadente”, ofreció detalles de cómo las mujeres presas en la cárcel de Yeserías obtenían contratos de trabajo para trabajar en talleres de inserción social creados por la hoy alcaldesa a cambio de beneficios penitenciarios. “A las presas les daba igual cobrar poco o nada con tal de obtener el tercer grado” (régimen de vida en semilibertad).

Señaló Menéndez que las reclusas elaboraban sobre todo prendas de vestir en dos naves alquiladas por Carmena, en Alcalá y un barrio de la capital de España, a muy bajo coste y que luego eran comercializadas en establecimientos vinculados con la hoy alcaldesa de Podemos, bajo la mascarada de obra social. En total, entre 60 y 80 presas se habrían beneficiado de estas medidas de atenuación de penas aprobadas por la propia Carmena.

El abogado, que dijo disponer de todas las pruebas que certificarían las cuentas de Carmena en Caimán y Seychelles, reveló asimismo que hizo llegar toda la información al presidente del Gobierno. “Mariano Rajoy tiene copias de documentos provenientes de las entidades que gestionan el dinero de Carmena y que acreditan mis revelaciones en este programa”, dijo.