Atención integral para todos, también para los inmigrantes en situación ilegal, a través de la tarjeta sanitaria. Para ello la Consejería de Sanidad trabaja en la elaboración de una norma que regule la concesión de las tarjetas sanitarias a los ‘sin papeles’, destinada a dar una atención universal que eliminó el decreto 16/2012 y cuya derogación pidió José María Vergeles en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Extremadura, al igual que otras comunidades autónomas, desoye las indicaciones del Gobierno central respecto a la prestación sanitaria que se debe dar a los inmigrantes irregulares. Esto permite hasta ahora que sean atendidos en los centros de salud, en atención primaria, pero no a través de las tarjetas sanitarias.

Precisamente, tras la polémica suscitada en torno a este asunto, el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión el próximo día 2 de septiembre, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de acordar una fórmula con la que armonizar la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en el conjunto del país, y evitar así que el inmigrante de turno tenga derecho a una prestación diferente en función de la comunidad en la que se encuentre.

Sin embargo, antes de esta reunión y a pesar de que el ministro de Sanidad ha dejado claro que la prestación a los ‘sin papeles’ no debe pasar por la tarjeta sanitaria, el departamento de José María Vergeles anuncia que en Extremadura los inmigrantes en situación irregular tendrán tarjeta sanitaria. No obstante, será en la norma que se elabora en la que se incluirán, además del presupuesto que necesita la puesta en marcha de esta medida, los requisitos que deberán cumplir los futuros beneficiarios, quizás en la línea de otras comunidades autónomas.

Lo cierto es que la propuesta realizada ahora por el Gobierno central dando vía libre para que los inmigrantes sean atendidos en los centros de salud (atención primaria) y derivados a los especialistas hospitalarios si así lo considera conveniente el médico del centro de salud, es lo que se lleva haciendo en Extremadura desde 2013, un año después de la publicación del decreto que acabó con la prestación sanitaria a los ‘sin papeles’.

El programa Pascaex

Precisamente entonces, con el mismo argumento que ahora expone Alonso, evitar la saturación de las urgencias hospitalarias, el SES, con Luis Alfonso Hernández Carrón como consejero de Salud, activó el Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento en Extremadura (Pascaex), con el que pretendió atenuar los efectos de la medida de ahorro del Ministerio y ofrecer una atención sanitaria lo más normalizada posible a este colectivo de la población.

De hecho, tal como señalan los nuevos responsables del SES, en Extremadura los inmigrantes sin papeles son atendidos con normalidad. Tanto los menores como los que van a urgencias disponen de atención universal. El único problema está en la prestación farmacéutica. Solo los que tienen la tarjeta Pascaex, una especie de documento social, tienen derecho al 50% de la prestación farmacéutica a través de oenegés. El otro 50% es a cargo de ellos. Y lo cierto es que son una minoría si se tiene en cuenta que se calcula que hay 6.000 inmigrantes sin papeles en la región, porque solo son 112 las tarjetas sociales concedidas desde 2013.

«Es que en esta comunidad no hay ninguna masificación en los centros ni tampoco un número significativo de inmigrantes, por lo que el anuncio del Gobierno central tiene poca repercusión real», señala Alfonso Barquilla, presidente para Extremadura de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Garantiza, de hecho, que no tiene constancia de que en la región los médicos de primaria hayan tenido problema alguno con los inmigrantes sin papeles. «Se les atiende y ya está y, si la dolencia que presentan es grave, se les deriva a las urgencias; el único problema puede estar a la hora de obtener los medicamentos si no tienen la tarjeta social», añade el doctor Barquilla, que se muestra partidario de volver a la situación anterior al decreto de 2012 y conceder la tarjeta sanitaria a todos. «Considero que el único requisito para no darla es que la persona ya tenga reconocido el derecho sanitario en su país de origen».

Cruz Roja es una de las organizaciones no gubernamentales, junto con Cáritas, que ha llevado a cabo con el SES el Programa Pascaex desde que arrancara en 2013. Fuentes de la organización aseguran, tal como ponen de manifiesto las 112 tarjetas sociales concedidas, que ha sido muy poca la repercusión que ha tenido la iniciativa, a pesar de que ha sido la opción dada en la región a los inmigrantes sin papeles para acceder a la prestación sanitaria y la farmacológica.

La organización mantiene que han sido muy pocas las peticiones de tarjetas que ha tramitado, del mismo modo que ha abonado las facturas de fármacos a menos de una decena de inmigrantes desde que arrancara el Programa Pascaex en toda la región. Según el plan, que continúa en vigor, las oenegés abonan la mitad del precio del medicamento de turno. Un dinero, aclara el SES, que después no se les reembolsa sino que aportan de fondos propios y ayudas públicas que reciben por otras iniciativas y convocatorias.