El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, la reforma de la vigente regulación del aborto, contemplará previsiblemente una ‘numerus clausus’ o listado cerrado de malformaciones incompatibles con la vida a partir de las cuales las mujeres podrán acogerse a la interrupción voluntaria de su embarazo, de acuerdo con los preceptos de la ley.

Así lo han confirmado fuentes parlamentarias, ante la previsible aprobación de la reforma legislativa que compete al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y ante la controversia suscitada al no contemplarse este supuesto en el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno.

Las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de que la malformación fetal no se recoja como un nuevo supuesto dentro de la norma del Gobierno, sino que se contemple en el que indica que se puede interrumpir de forma voluntaria un embarazo cuando tenga lugar un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre. El otro supuesto de la ley abre la puerta al aborto cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual.

Anomalías

Ese listado de anomalías fetales incompatibles con la vida podría basarse la que en su día elaboró el Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) para la Ley del Aborto de 2010, aún vigente, según señalan otras fuentes parlamentarias.

Así, este comité entiende por ‘anomalía fetal incompatible por la vida’ “aquellas que previsiblemente/habitualmente se asocian con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia pueda ser mayor”. En ella se contemplan: la anencefalia, exencefalia o acráneo; la hidranencefalia; la holoprosencefalia alobar; la atresia laríngea o traqueal; la agenesia diafragmática o la renal bilateral; una patología renal bilateral con secuencia Potter y de comienzo precoz; la Ectopia cordis; la Pentalogía de Cantrell; el Síndrome de bandas amnióticas; el Limb-body wall complex; la displasia esquelética letal con hipoplasia torácica y afectación precoz; y algunas cromosomopatías como la trisomía 18, la 13, la 9, o triploidias.

Precisamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el informe que avala en términos generales el anteproyecto de Ley, aunque también sugiere varios cambios como despenalizar el aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico a la madre, así como simplificar los trámites que la gestante debe completar para interrumpir su embarazo legalmente.

Otras fuentes parlamentarias han señalado que esta reforma tendrá en cuenta una de las recomendaciones efectuadas por el Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su informe en el que avalaba la ley de Gallardón.

Así, se vería con buenos ojos que, “para evitar que sea una carrera de obstáculos” la obtención de los cuatro documentos estipulados en la ley para poder abortar, sea la administración sanitaria la que se encargue del asesoramiento, información y certificación de los mismos. Para ello, el comité propone la creación de ‘Unidades Multidisciplinares de Asesoramiento ante el Embarazo en Situaciones de Conflicto’, formadas por expertos de la sanidad pública en la materia o acreditadas por ella.

“Así se lograría dar seguridad a estos trámites y ofrecer un asesoramiento asistencial con unos criterios más o menos homogéneos y con un nivel adecuado de competencia”, agrega. Es decir, un equipo fijo y preparado de profesionales en el SNS para atender este tipo de situaciones.

Calendario de la ley

El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio sea un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. Es por ello por lo que previsiblemente la presentación de enmiendas de totalidad a la misma, pidiendo la retirada del texto, se produzca en septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto.

Tampoco está cerrado aún si habrá comparecencias de expertos en la materia durante la tramitación, como suele realizarse con alguna ley. Para la tramitación de la de 2010 se creó una subcomisión especial de estudio en el Congreso. Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa.

Disidencias dentro del PP

Desde la dirección del PP, sin embargo, se observa esta reforma como una complicación y se considera que ha podido influir en que una parte de sus votantes se quedaran en casa en las elecciones europeas del 25 de mayo, los votantes de centro. De hecho, fuentes del PP han asegurado que el partido ha influido para que el ministerio que dirige Ruiz-Gallardón revise el proyecto inicial y añaden que les gustaría incluso que se retrasase su presentación en el Congreso.

Si el texto llega a las Cortes, otras fuentes ‘populares’ parlamentarias añaden que se buscaría la manera de prolongar la tramitación para evitar daños mayores en las urnas en 2015, año de elecciones municipales, autonómicas y generales.