Vidas paralelas. Poncio Pilato, que se lavó las manos en ocasión sobradamente conocida, y la asociación esa de Jueces para la Democracia tras el asesinato en Arriate (Málaga) de una niña de 13 años a manos de un menor. «Elevar las penas no soluciona nada; lo que debe hacerse es una labor preventiva y educativa», aseguran los que más parecen juristas al servicio del ministro Caamaño que funcionarios públicos al servicio de todos.

Los jueces progres no ven motivo alguno de alarma en este despertar de las patologías criminales en muchos menores españoles. Creen otra vez que lo mejor es mantener la apariencia ‘progre’ de ciertas normas garantistas, a pesar de sus trágicas consecuencias. Muchos de esos jueces viven en zonas exclusivas, rodeados de sofisticados sistemas de protección y seguridad, lo que aleja a sus hijas de un destino tan sangriento como el que tuvo la infeliz niña de Arriate. Espero que ninguno de ellos tenga que pasar nunca por un trance similar al de los infelices padres de la niña asesinada en Arriate. O bien que el Estado se declare en suspensión de pagos por lo que afecta al sueldo de algunos jueces, para equilibrar la balanza moral de nuestra enferma democracia.

Por lo cual, uno, modesto ciudadano y que no aspiró nunca a juzgar a nadie, le digo a esa colección de jueces progres que, o bien no se han enterado de nada, o acaso sepan demasiado bien que, sin la labor preventiva y educativa que lleva a cabo el Gobierno con miles de infelices jóvenes españoles, tal vez no estaríamos hablando ahora del crimen de María Esther, ni ayer del de Marta del Castillo, ni anteayer del de Sandra Palo. Lo primero sería malo. Lo primero para camuflar lo segundo sería peor. Y lo requetepeor es que dentro de cinco años, el asesino de María Esther estará en la calle. De nuevo el aforismo progre en defensa de los menores, aunque estos se dediquen a matar a niñas de 13 años. De nuevo el sistema que se ceba contra una familia humilde de esa España mansa que vota cada cuatro años para que el Estado cuente cada día menos con ella.

Por otra parte, me gustaría anotar que son abrumadoras las feministas que han condenado el crimen de la niña de Málaga, pero no podría hacerlo sin faltar a la verdad. Me gustaría señalar que han sido muchas las frases condenatorias y solemnes contra un sistema de Justicia que penaliza el delito con criterios sexistas y biológicos, pero de hacerlo estaría también faltando a la verdad. Me gustaría escribir que fueron muchas las instancias del Estado que hicieron por fin un certero diagnóstico de las patologías sociales y educativas que transforman al hijo de una familia laboriosa y humilde en un auténtico monstruo, pero si lo hiciera la verdad me estaría dando la espalda.

El sistema puede digerir episódicos crímenes como el de Arriate a condición de que la víctima pertenezca a una familia modesta y no a la de un diputado, un ministro, un alto cargo del Ministerio de Igualdad, un tertuliano progre, un magistrado o un tiburón financiero. No es lo mismo aceptar un crimen con resignación lanar que el riesgo de que algún padre con criterio exija, ante casos como el de Arriate, la responsabilidad subsidiaria del Gobierno, cuyas leyes, decretos y normas son el germen del que brotan todos esos menores españoles que no vacilan a la hora de segar la vida de sus víctimas con crueldad infinita.

Ya sabemos que para la odiosa partitocracia española no tiene el mismo valor emocional el asesinato de la hija de un temporero que el de la hija de un ministro, de un banquero o de un juez. Ya sabemos que, pese a todas las evidencias, los padres putativos de la patria prefieren condenar a muerte a hijas de familias humildes antes que cambiar ciertas leyes. Asumen antes consecuencias tan fatales como las de Arriate que el fracaso de sus diagnósticos ideológicos y morales. Ya se sabe que en esta democracia tan igualitaria, feminista y moderna, las niñas asesinadas de familias humildes son siempre de tercera, porque no hay cuarta.