La Junta de Andalucía, en su recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto que imputa a 20 altos cargos y excargos, entre ellos a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, acusa a la jueza Mercedes Alaya de utilizar “un camino harto peligroso para el sistema democrático” y “un ataque frontal al estado de Derecho” al poner en duda el propio sistema presupuestario de las leyes de Presupuestos. El escrito de la Junta, que es acusación particular en el proceso, es un durísimo alegato contra la actuación instructora de la magistrada que investiga el fraude en la Consejería de Empleo de las ayudas sociolaborales concedidas entre 2001 y 2010, 140 millones de euros hasta ahora de los 721 presupuestados. El escrito firmado por los servicios jurídicos de la administración autonómica pide la revocación del auto de la jueza Alaya que también imputa al actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano. Desde el conflicto por las actas de los consejos de Gobierno en 2011, la Junta de Andalucía no había mantenido un enfrentamiento tan duro con la jueza Alaya.

Alaya, en su auto fechado el 28 de junio, argumenta que todos los cargos imputados (entre ellos cuatro exviceconsejeros) tuvieron conocimiento del uso “indebido” del procedimiento de transferencia de financiación incluido en las leyes de Presupuestos para el pago de las ayudas sociolaborales (prejubilaciones y subvenciones a empresas). La jueza les atribuye inacción ante un sistema de reparto de ayudas que considera ilegal y opaco y que contribuyó al “dispendio” del dinero público. La jueza insiste en que las sucesivas leyes de presupuestos utilizaron de forma «inadecuada» el sistema de financiación en lugar de la subvención extraordinaria, que hubiera permitido mayores controles.

Para la Junta de Andalucía, “imputar a aquellos que en el ejercicio de sus competencias elaboran las Leyes de Presupuestos o sus modificaciones, así como a los que cumplen y ejecutan la norma conforme a su recto sentido, supone un ataque frontal al estado de Derecho”. Los servicios jurídicos siguen: “Pero aún más, no solo es que se afecte la seguridad jurídica sino que, al tiempo, subvierte el Estado Democrático, pues si se imputa a quien por su cargo público tiene el deber de elaborar el anteproyecto de presupuesto el siguiente paso es evidente: la imputación de todos aquellos que aprobaron las leyes de Presupuestos y, en un paso más, a todos aquellos que no votaron en contra, o lo que es lo mismo, todos los parlamentarios, pues no se comprende que sea susceptible de imputación quien elabora un anteproyecto y no quien lo aprueba”. En el recurso, al que ha tenido acceso este periódico, la Junta afirma que el estado autonómico “tambiém se ve asimismo perturbado, pues el Parlamento autonómico es soberano para la aprobación de las normas propias en su ámbito competencial constitucional y estatutario, sin que pueda ponerse en cuestión tal poder con la extraña fórmula de cuestionar penalmente a quien procede el cumplimiento de sus leyes”.

La Junta defiende como legal el sistema de transferencia de financiación e insiste en que el “incidiario dispendio de fondos públicos no tiene su origen en la ley de Presupuestos”, porque ello equivaldría a afirmar que ese dispendio es fruto de “la labor concertada” de todos los responsables públicos de los últimos 14 años que han integrado el poder legislativo de la Comunidad autónoma. El recurso alude a posibles responsables públicos en ese dispendio, los que han concedido ayudas y subvenciones “sin existir causa válida para ello o por motivos que nada tienen que ver con el interés público”. La Junta siempre ha situado las responsabilidades políticas del fraude en el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, aunque en el recurso no cierra la puerta a otros posibles responsables de la administración.

También advierte el recurso de la posible nulidad de las actuaciones de la magistrada al no concretar los delitos de que acusa a los imputados y la falta de motivación, lo que podrían vulnerarse sus derechos fundamentales y de esta forma estos pedir que se anule el proceso.

En el escrito, la Junta solicita que se revoque la parte del auto del 28 de junio de Alaya en el que imputa a 20 altos cargos y se suspenda la citación del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, prevista para el día 25 de este mes, y del resto de los imputados, aún sin concretar la fecha por la jueza Alaya. Manuel Gómez ha vertido duras declaraciones contra el Gobierno de la Junta al defender que remitió a este informes de advertencia sobre irregularidades en el procedimiento de las ayudas sociolaborales. Respecto al actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, llegó a decir que “engordó” la partida de los ERE fraudulentos año tras año, al autorizar aumento presupuestario para la misma cuando era consejero de Hacienda (2004-2009) sin atender a sus informes de advertencia. Griñán siempre dijo que nunca vio los informes porque no eran de actuación y no señalaban menoscabo de fondos públicos. Su ahora consejera de Hacienda y entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, sí ha admitido que conoció los informes.