Germinans.- El nuevo gobierno de la Generalitat catalana de Artur Mas está llevando una política de nombramientos ciertamente sorprendente. La designación como consejera de Justicia de una abogada del estado que había interpuesto recurso contra las consultas independentistas o la nominación de dos miembros del PSC como Ferran Mascarell y Joan Pluma en la consejería de cultura han constituido algunas de las inesperadas remociones de cargos. A ello se debe unir un absoluto hermetismo en la forma de proceder en los nombramientos, que impide tan siquiera la consabida rumorología. A día de hoy se halla por cubrir (si es que se cubre) la Dirección General de afers religiosos, cuya titular es Montserrat Coll, una independiente cercana a ERC que ha ocupado el puesto en los dos tripartitos, con la breve excepción del efímero Jordi López Camps, que tanto se pavonea de sus cinco meses al frente de aquel organismo.

Por el momento, no ha trascendido si se va a designar nuevo titular, si se va a confirmar en el cargo a la actual o si será definitivamente suprimida la dirección general. Además, la circunstancia de que Afers religiosos se halle incardinada dentro del organigrama de la vicepresidencia de la Generalitat , que la misma esté confiada a Unió Democrática, en la persona de Joana Ortega (ex-alumna de IESE y cercana al Opus Dei), ha hecho saltar las alarmas en el mundillo progre-eclesial, que ha empezado a desarrollar su función de lobby, la cual no es muy eficaz en el ámbito religioso, pero sí en el político.

Esta dirección general fue idea de Jordi Pujol que la creó en el año 2000. Empezó denominándose Secretaria de relacions amb les confessions religioses. Ya en el año 2001 se le cambió el nombre por el de Secretaría de afers religiosos. Cuando con el primer tripartito de Maragall la megalomanía alcanzó niveles de paroxismo se le cambió el nombre y se la elevó de rango, pasando a su configuración actual.

Sus competencias, según el decreto 184/2000 que la crea, son las siguientes:

a) Atención a las diferentes entidades religiosas establecidas en Cataluña.
b) Aplicación de los acuerdos del Govern con los órganos representativos de las diferentes confesiones religiosas en Cataluña.
c) Ejercicio de la representación ordinaria de la Generalitat ante las entidades religiosas.
d) Elaboración de estudios e informes en materia de asuntos religiosos.
e) Establecimiento y mantenimiento de relaciones con los responsables institucionales para temas del ámbito religioso.
f) Ejercicio de cualquier otra función que sobre la materia le encargue el titular o el secretario general del Departamento de presidencia (actualmente de la Vicepresidencia).

No parece que tan abstractos cometidos justificasen la constitución de una dirección general, con organización funcional propia, secretarías, técnicos especializados y siete funcionarios ad hoc.

Pero si poca explicación tenía su puesta en funcionamiento, nula es la que pretexta su mantenimiento actual. Las arcas de la Generalitat están totalmente exhaustas. Al parecer, a día de hoy, solo hay efectivo para pagar las nóminas de los funcionarios de los próximos dos meses. La ruina es inevitable y la vamos a pagar todos los contribuyentes. Por si fuera poco, la Unión Europea tiene en su punto de mira el despilfarro monstruoso del estado de las autonomías español.

¿Cual es el presupuesto que tuvo en el año 2010 la Dirección General d’afers religiosos? 3.651.230,44 €. De ellos 1.300.200 € se destinaron a subvenciones. Sí, sí, a todas esas subvenciones que detalló de forma prolija y documentada Quinto Sertorius Crescens en sus artículos de los días 9,17 y 24 de diciembre de 2010.
Porque esta es la única y verdadera razón de ser de esta dirección general: el reparto de subvenciones, a costa de todos los contribuyentes. El uso y abuso del dinero público, con la única finalidad de crear un magma nacional-eclesial de reparto de prebendas, que posibilite un pensamiento único nacionalista. La trama bien formada en la que se entrelazan políticos y para-eclesiásticos, que permite que jamás se critiquen unos a otros. Un régimen. El problema es que ese régimen ha salido muy caro y ha llegado el momento de pagar las facturas. Justo cuando en la caja solo quedan telarañas.

La paradoja radica en que la cebadura del animal se produjo con un gobierno de izquierdas. En el cual se pregonaba la laicidad como uno de sus principales objetivos. ¡Menuda laicidad! Con un presupuesto de tres millones y medio de euros para asuntos religiosos, de los cuales un millón y medio se destinaban a subvenciones a fondo perdido. Cuanto más progre el destinatario, mayor subvención. Incluso alguno, como la Fundació Joan Maragall, denunciada por la Sindicatura de Cuentas por haber obtenido los fondos de forma irregular.

En estos momentos de crisis no tiene ningún sentido la Dirección General d’afers religiosos. Es más, su homóloga a nivel estatal fue suprimida en Julio de 2010 y subsumida en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. La explicación del ministro de justicia ante el cambio no fue otra que el ahorro presupuestario. La misma lógica que debería seguir el actual gobierno catalán.
Veremos si esta lógica económica se traduce a la política. Tengo serias dudas.

Aquí solo ha habido un cambio de nombres, ya que se ha instalado definitivamente la auténtica sociovergencia. Curiosamente en Cataluña nadie quiere ejercer la oposición. En la investidura de Artur Mas los partidos mayoritarios (desde ERC al PP, pasando por el PSC) pugnaron por ofrecer sus votos al nuevo Presidente. Va a tener un gobierno sin oposición. También sin dinero, dicho sea. Veremos si ello afecta a la Dirección general d’afers religiosos. Y a los 25.000 euros que concede anualmente al portal de Llisterri.

En la imagen, Joana Ortega junto a su predecesor, Carod-Rovira.