La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el ex secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) Josep Maria Matas (en la imagen) y el ex jefe de servicios jurídicos Francesc Xavier Solà por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental.

Según la querella, presentada ante el juzgado de instrucción decano de Barcelona, el fiscal considera que Josep Maria Matas “se aprovechó ilícitamente de su mando efectivo sobre la ACM para desviar de forma continuada fondos de esta entidad a su bolsillo particular” y al de Solà, con quien estaba concertado. Igualmente, considera que Matas “por propia iniciativa y sin autorización de los órganos colegiados -de la ACM- se autoconcedió una retribución desmesurada en la entidad”, además de que ambos querellados aprovecharon sus cargos en la ACM, en la Fundación privada de vivienda pública de Cataluña (FPHP) y en el Ayuntamiento de Vic -Solà era concejal de Urbanismo- para procurarse interés económico en operaciones inmobiliarias, según la querella.

El fiscal se querella también contra Ramón Grau, administrador de una de las empresas pantalla utilizada por Matas, Parés i Solé S.L., para facturar a la ACM servicios que no se prestaron, a quien califica de “testaferro y colaborador consciente del expolio patrimonial”; contra Lluís Tresserres Matas, primo de Matas, y contra José Escoda, responsables respectivamente de las mercantiles Tresserres Imatges Corporatives y Minamb Quattro, utilizadas por los Matas y Solà en sus actividades ilícitas. Según el Ministerio Fiscal, Matas, “prevaliéndose del control directo y en la práctica omnímodo sobre los mecanismos de contratación y gasto de la ACM, interpuso sociedades instrumentales igualmente controladas por él -Parés i Solé S.L., Tresserres Imatges Corporatives S.L.- en la contratación de servicios de la ACM”.

“Los servicios o bien eran prestados por terceros proveedores pero su precio se incrementaba ilícitamente frente a la ACM mediante la interposición social y el consiguiente sobreprecio, o bien eran completamente irreales”, prosigue el fiscal. Así, Matas interpuso “artificiosamente” a su agencia de publicidad Parés i Solé S.L. en la prestación de servicios a la ACM entre 2005 y 2009, engrosando con facturas falsas el precio del servicio, que en realidad realizaba una tercera sociedad, logrando en total casi medio millón de euros. A través de un mecanismo más sofisticado, montó un sistema triangular incorporando a una tercera sociedad, Tresserres Imatges Corporatives, utilizando a esta última como “aparente proveedor de servicios de la ACM, a quien facturaba mendazmente” para cobrar por servicios que no existían.

SUELDO DE MATAS

Según el fiscal, Matas aprovechó su cargo para engrosarse el salario en la ACM: mientras que entre 2006 y 2009 rondaba los 90.000 euros anuales, en 2010 pasó a ser de 198.500 euros, y en 2011 fue de 273.000 euros, contando la indemnización percibida por abandonar la asociación. “La decisión de incrementar tan desproporcionadamente el salario del querellado fue adoptada y materializada por éste sin contar con la eficaz autorización ni con el cabal conocimiento de los órganos colegiados de la entidad”, valora el fiscal.

Asimismo, el fiscal acusa a Matas y Solà de un pelotazo urbanístico en Vic en el que abusaron de sus cargos en la ACM, la FPHP y el Ayuntamiento de Vic para obtener en 2009 para su empresa, Promocu Habitatge S.L., un contrato para construir 18 viviendas sociales. Sobre esta operación urbanística, el fiscal considera que pese a que “nunca se cumplieron las condiciones establecidas en los contratos y que la obra acabó paralizada tras solo haberse construido un 8,9% del proyecto”, Promocu y Minamb -la que realmente efectuó la obra- facturaron a la FPHP gran parte de la retribución prevista para todo el proyecto, unos 200.000 euros.