El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, tras la reunión de los Veintisiete en la cumbre de Bruselas

Los líderes de la Unión Europea han aceptado la exigencia alemana de retocar el Tratado de Lisboa para proteger al euro de otra eventual crisis de insolvencia como la que obligó a rescatar a Grecia la pasada primavera.

A regañadientes, después de una larga negociación nocturna y como exigía la canciller alemana, Angela Merkel, los gobernantes europeos han accedido a preparar una reforma que permita el establecimiento de un mecanismo permanente de estabilización financiera que resulte inatacable desde el punto de vista jurídico. La creación de ese mecanismo anticrisis cerrará el círculo de las drásticas reformas que los Veintisiete van a introducir en su unión económica y monetaria con el fin de protegerla de graves crisis futuras, y que hoy recibieron el espaldarazo al más alto nivel.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, llegó a reconocer públicamente en esta cumbre que toda la zona euro estuvo a punto de sucumbir en mayo arrastrada por el colosal agujero de las finanzas griegas. Desde entonces, los Veintisiete han negociado y pactado en un tiempo récord un amplio repertorio de nuevas reglas que otorgan a Bruselas más poderes de vigilancia sobre las cuentas y las estadísticas nacionales, así como armas de disuasión y sanción mucho más eficaces.

Pero, por si todas esas herramientas fallaran, lo que no es impensable, los socios europeos también han decidido comenzar a diseñar un instrumento estable que permita gestionar de forma ordenada la insolvencia de un Estado de la zona.

Alemania se impone

Merkel ha convencido a los dirigentes europeos de que ese elemento novedoso de la unión económica y monetaria no podrá considerarse seguro mientras no se retoque el Tratado de Lisboa, para hacerlo compatible con la estricta cláusula de “no corresponsabilidad financiera”. En virtud esa regla de oro ningún miembro de la zona puede hacerse cargo de las deudas del vecino: la moneda es de todos, pero las deudas, de cada uno.

El consentimiento de los socios ha sido posible debido al compromiso unánime de que la reforma del tratado será “limitada” y no se convertirá, una vez abierta, en otra “caja de Pandora”. Si a algo temen los dirigentes europeos, después de una década de debates constitucionales agotadores, es volver a caer en un ciclo de parálisis e introspección.

El presidente Van Rompuy recibió hoy el encargo de explorar, de aquí a diciembre, con cada uno de los gobernantes, la manera de enmendar el Tratado de Lisboa para que los cambios, mínimos, puedan aprobarse rápidamente y la ratificación transcurra sin sorpresas, a ser posible sin referendos, siempre impredecibles. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, dijo confiar en la “creatividad jurídica” de la Unión para superar el trago.

En paralelo, la Comisión Europea tratará de definir las características generales del mecanismo de estabilización “como por ejemplo el papel del sector privado, el del Fondo Monetario Internacional, y las condiciones muy estrictas en las que deben funcionar estos programas”, según se lee en las conclusiones de la cumbre. La definición del mecanismo no se anuncia nada fácil, según reconoció a los medios el presidente de la CE, el portugués José Manuel Durão Barroso.

El BCE se impone

Para empezar, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, no comparte la idea de Merkel de hacer pagar al sector financiero una parte del coste de la insolvencia de un estado. También el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, alertó hoy de los “riesgos” que podría conllevar que el sector privado intervenga en el mecanismo permanente y pidió “cautela” antes de decidir el papel de las entidades financieras.

Merkel se ha mostrado muy satisfecha de los resultados de esta cumbre, a la que acudió con el único apoyo expreso del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Ni siquiera ha sido abandonada por completo su exigencia de reforma más polémica, la que se refiere a la posibilidad de introducir como sanción política suprema la retirada del derecho de voto de un Estado incumplidor.

La probabilidad de que un parlamento nacional acepte esta especie de amputación voluntaria de soberanía es prácticamente nula, como reconocen casi todos los líderes, pese a lo cual las conclusiones de la cumbre indican que Van Rompuy estudiará la opción. Eso sí, no presentará sus conclusiones en diciembre, sino “posteriormente”, porque está claro que una suspensión del voto nunca podrá pasar dentro de una reforma “limitada” del Tratado de Lisboa, que es lo que los líderes tienen previsto aprobar a finales de año.