Bélgica autoriza a la Policía a entrar en domicilios para detener y deportar a inmigrantes ilegales: «Son un peligro para la sociedad»
El Parlamento de Bélgica ha aprobado una ley que permitirá a la Policía entrar en domicilios particulares para detener y deportar a inmigrantes ilegales considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. La medida, promovida por el Gobierno del primer ministro Bart De Wever, busca facilitar la expulsión de extranjeros que se niegan a abandonar el país pese a contar con una orden de salida.
La legislación fue aprobada el pasado viernes, 6 de noviembre, después de un intenso debate parlamentario que se prolongó durante toda la noche. El texto establece que las fuerzas de seguridad podrán acceder a las viviendas de los afectados, incluso sin el consentimiento de sus ocupantes, siempre que exista autorización previa de un juez de instrucción.
Las intervenciones podrán realizarse entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche, con la participación de funcionarios de la Oficina de Extranjería. Los agentes también estarán facultados para buscar documentación de identidad y acceder a viviendas de terceros donde residan las personas objeto de expulsión.
La norma se aplicará únicamente cuando concurran determinadas circunstancias: que exista una orden de salida ejecutable, que el extranjero no colabore con su cumplimiento y que haya motivos razonables para considerarlo un peligro para la seguridad o el orden público.
El Gobierno de Bélgica defiende una medida «histórica»
La ministra belga de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha celebrado la aprobación de la reforma, que considera un avance histórico para garantizar el cumplimiento de las órdenes de deportación. La dirigente ha señalado que la nueva legislación permitirá intervenir en casos de delincuentes condenados que hayan cumplido sus penas o predicadores extremistas sin derecho a permanecer en territorio belga.
«Si alguien representa un peligro para nuestra sociedad, nuestros servicios deben poder intervenir», ha defendido Van Bossuyt. Hasta ahora, según el Ejecutivo, las autoridades encontraban importantes obstáculos para ejecutar determinadas expulsiones cuando los afectados se refugiaban en sus domicilios y se negaban a abrir la puerta a los agentes.
