¡No, Pedro Sánchez, esa no es tu bandera!
Ignacio Loring.- Pedro Sánchez ha descubierto la bandera de España. Después de más de ocho años en el Gobierno, de haber necesitado los votos de los partidos nacionalistas e independentistas para mantenerse en La Moncloa y de haber hecho de sus concesiones parlamentarias una constante de su acción política, el presidente ha decidido coger una bandera española, agitarla ante miles de simpatizantes y proclamar que también es la suya.
Ha ocurrido en un mitin celebrado en Alcorcón. Con las gradas repletas de enseñas nacionales, Sánchez ha levantado la rojigualda y ha proclamado: «¡Esta es nuestra bandera!». La ha presentado como la bandera de la Constitución, de la democracia, de los derechos, de la igualdad y de la diversidad territorial.
Una escena muy vistosa, conveniente y, sobre todo, una imagen que invita a formular una pregunta que el presidente debería responder: ¿de qué sirve envolverse en la bandera de España durante un mitin si después se demuestra tan poca exigencia a la hora de defender su presencia y su respeto allí donde algunos de sus socios políticos la rechazan?
No basta con agitar una bandera delante de las cámaras. Lo que hay es que defender lo que representa cuando hacerlo resulta incómodo y es ahí es donde el discurso de Sánchez empieza a chocar con su propia trayectoria política.
La bandera que falta en los ayuntamientos de sus socios
No estamos hablando de una cuestión simbólica menor. Estamos hablando de la bandera constitucional de todos los españoles, cuya presencia en los edificios públicos está regulada por la Ley 39/1981, que establece su utilización obligatoria en el exterior de los edificios de las administraciones públicas.
Sin embargo, durante décadas numerosos ayuntamientos gobernados por formaciones nacionalistas e independentistas han convertido el incumplimiento de esa obligación en una reivindicación política.
En el País Vasco, la ausencia de la bandera española en fachadas municipales ha sido una realidad recurrente en localidades gobernadas por el nacionalismo. No es una percepción ni una exageración retórica: en una comparecencia parlamentaria recogida en el Diario de Sesiones del Congreso de abril de 2022 se recordó que, durante una etapa anterior, se habían realizado más de 200 requerimientos a ayuntamientos vascos para exigir la colocación de la bandera española.
En Cataluña también se han sucedido los conflictos por la exhibición de símbolos independentistas en edificios públicos en detrimento de los símbolos oficiales. Un ejemplo reciente es Verges, en Gerona. En febrero de 2026, un juzgado obligó al Ayuntamiento a colocar las banderas oficiales de España y Cataluña en el exterior del consistorio y consideró contraria a derecho la exhibición de una estelada en el balcón municipal por vulnerar el principio de neutralidad institucional.
Es decir, mientras Sánchez agita una bandera española en un pabellón deportivo de Alcorcón, todavía hay ayuntamientos en territorios donde sus socios nacionalistas tienen una influencia política determinante que necesitan que los tribunales les recuerden cuáles son sus obligaciones respecto a los símbolos oficiales.
¿Ha reclamado Sánchez con la misma contundencia con la que ahora reivindica la rojigualda que se respete su presencia en todos los edificios públicos?
Hay otra realidad que tampoco conviene ocultar: el clima de hostilidad que determinados sectores radicales del independentismo y del nacionalismo abertzale han generado contra quienes defienden públicamente la unidad de España.
En determinadas localidades del País Vasco, mostrar una bandera española puede convertir a una persona en objetivo de insultos, amenazas, intimidaciones e incluso de agresiones físicas.
El episodio de Hernani hace unos días es especialmente ilustrativo. El candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echevarría, sufrió un ataque con piedras cuando se disponía a celebrar un acto político y tuvo que suspender su recorrido por la provincia. Sánchez no ha condenado aún la agresión, lo que hace más evidente la contradicción política del aún presidente: mientras su Gobierno depende parlamentariamente de fuerzas que representan proyectos nacionalistas e independentistas profundamente enfrentados a la idea de España como nación común, Sánchez intenta ahora presentarse como uno de los grandes reivindicadores de su bandera.
La incoherencia entre el mitin y la acción de gobierno
La cuestión no es que Sánchez tenga que pedir permiso a nadie para ondear la bandera española. Es su bandera, como lo es de cualquier ciudadano español, independientemente de su ideología. Tampoco pertenece a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún partido político.
Precisamente por eso resulta tan importante que su defensa no sea selectiva.
La bandera que Sánchez exhibe en Alcorcón es la misma que debe ondear en los edificios públicos del País Vasco, Cataluña y cualquier otro rincón de España. Es la misma que representa a los ciudadanos que viven en Hernani, Verges, Barcelona o Bilbao, incluidos aquellos que no se sienten identificados con los proyectos nacionalistas de sus gobernantes. Y, sin embargo, el presidente ha construido su mayoría parlamentaria sobre acuerdos con fuerzas políticas que cuestionan precisamente esa concepción común de España.
Sánchez ha pactado con ERC, ha necesitado los votos de Junts y ha convertido a EH Bildu en un interlocutor parlamentario imprescindible. Ha hecho concesiones políticas y territoriales a cambio de apoyos, y ha mantenido una relación de dependencia con formaciones cuyo proyecto político no pasa por reforzar los símbolos de la nación española, sino por avanzar hacia modelos de soberanía diferenciada o independencia.
Todo ello hace evidente que, para Sánchez, la defensa de los símbolos constitucionales depende de la conveniencia parlamentaria del momento. No puede ser una prioridad cuando hay cámaras delante y una cuestión secundaria cuando están sentados enfrente los diputados de ERC, Junts o Bildu.
La bandera española lleva siglos formando parte de nuestra historia y décadas representando constitucionalmente a todos los españoles. Por ello no necesita que Pedro Sánchez la descubra en campaña electoral. En cambio, lo que necesita es que se respete, que ondee donde legalmente corresponde y que ningún ciudadano sea señalado, amenazado o intimidado por exhibirla pacíficamente. También que quienes tienen responsabilidades de gobierno exijan ese respeto sin hacer excepciones por conveniencia política.
Por eso, cuando Sánchez levanta una bandera española en un mitin, no basta con escuchar sus palabras. Hay que recordar también sus pactos, sus socios y las exigencias que ha estado dispuesto a plantearles durante estos años.
La fotografía de Alcorcón puede servir para transmitir una imagen de patriotismo constitucional, para intentar disputar a otros partidos la identificación con los símbolos nacionales o para presentar una nueva estrategia electoral. Pero una bandera no se defiende únicamente agitándola delante de miles de simpatizantes. Se defiende cuando hay que reclamar que se coloque en un ayuntamiento gobernado por un socio independentista, cuando hay que exigir respeto a quienes la consideran un símbolo ajeno y cuando hay que plantar cara a quienes pretenden expulsarla del espacio público mediante la intimidación.
Sánchez puede coger la bandera que quiera. Tiene todo el derecho. Pero los españoles también tenemos derecho a preguntarle por qué ha sido tan poco exigente con quienes no quieren verla ondear en sus territorios.
No, Sánchez, esta no es tu bandera cuando se utiliza como atrezo electoral. Es la bandera de España, la de todos los españoles, y merece mucho más que un gesto de campaña. Merece sobre todo coherencia, respeto y una defensa que no se detenga ante los intereses parlamentarios de quienes quieren verla desaparecer de sus territorios.











