Rafael Bermúdez.- Decía el diplomático israelí Abba Eban —aunque la frase se atribuya en ocasiones a Manuel Azaña— que los hombres y las naciones solo se comportan sabiamente después de haber agotado todas las demás alternativas.

Es una observación incómoda, casi ofensiva para nuestra autoestima colectiva, pero guarda una virtud: concede a los pueblos la posibilidad de rectificar.

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Y quizá convenga recordarlo cuando la discusión política española parece empeñada en demostrar que cada elección representa el último combate entre el bien y el mal.

La historia de la Segunda República ofrece abundantes motivos para reflexionar sobre esa inclinación. No porque la España actual se parezca a la de los años treinta —sus instituciones y circunstancias son radicalmente distintas—, sino porque algunos dilemas de la política sobreviven a las generaciones, como la pugna entre la lealtad al partido y la responsabilidad de gobernar, la tentación de confundir adversarios con enemigos y la dificultad de distinguir una alianza útil de una dependencia paralizante

Manuel Azaña vivió esas contradicciones desde el centro mismo del poder. Reformista republicano, defendió una transformación ambiciosa de España y el reconocimiento de la autonomía catalana, convencido de que ambas cosas podían fortalecer el proyecto común. Pero pronto descubrió que reunir apoyos contra un adversario no equivale necesariamente a compartir una idea de gobierno. Y que los desacuerdos entre quienes se consideran aliados pueden ser tan difíciles de gestionar como los enfrentamientos con la oposición.
En mayo de 1936, ya en la presidencia de la República, Azaña intentó que Indalecio Prieto encabezase el Gobierno. Prieto representaba una corriente socialista dispuesta a colaborar con los republicanos desde las instituciones.

La oposición de los partidarios de Francisco Largo Caballero frustró aquella salida y la presidencia del Consejo recayó en Casares Quiroga. Sería absurdo atribuir a ese episodio, por sí solo, cuanto vino después. Pero ilustra con precisión una constante: un mismo partido podía albergar proyectos enfrentados acerca de cómo ejercer el poder.

Aquellas diferencias no se limitaron a los órganos del partido. El 31 de mayo de 1936, pocas semanas después del fracaso de la candidatura de Prieto, un mitin socialista convocado en Écija terminó con graves incidentes provocados por partidarios de Largo Caballero.

Prieto ni siquiera pudo dirigirse a los asistentes y tuvo que abandonar la localidad. La confrontación había alcanzado el extremo de destruir los espacios de entendimiento dentro del propio partido.

Prieto y Largo Caballero no encarnaban simplemente la prudencia y el radicalismo, respectivamente. Sus trayectorias estuvieron llenas de cambios, contradicciones y decisiones controvertidas.

En una etapa decisiva, Largo Caballero defendió la ruptura de la colaboración reformista con los republicanos; Prieto, en cambio, apostó por la participación socialista en las instituciones y por la búsqueda de acuerdos que hicieran posible gobernar.

Con los años, Prieto expresaría también una concepción de España que trascendía las fronteras ideológicas. En un mensaje dirigido al IV Congreso del PSOE en el exilio, celebrado en 1950, expresó un sentimiento especialmente revelador: «Todos sentimos en el áspero destierro, además de hambre de justicia, hambre de patria«.

Una declaración que recuerda que la identidad nacional no pertenece en exclusiva a ninguna ideología y que las discrepancias políticas no deberían hacer olvidar la pertenencia a una comunidad compartida.

En medio de aquellos enfrentamientos, Azaña trataba de sostener una arquitectura institucional cuya estabilidad exigía algo más que sumar votos o proclamar coincidencias ideológicas.

Otra voz destacada de aquel socialismo fue la de Julián Besteiro. En 1935 alertó contra la idea de destruir las formas democráticas y depositar el porvenir de la sociedad en manos de «un grupo de redentores más o menos sinceros». No hablaba como adversario de su partido, sino como alguien que lo conocía profundamente.

Aquella advertencia conserva toda la actualidad: ninguna convicción, por intensa que sea, exime a sus defensores de respetar los límites institucionales. El entusiasmo por una causa no sustituye a un programa de gobierno ni justifica tratar las reglas comunes como un obstáculo secundario.

La reflexión de Besteiro plantea una cuestión que sigue vigente: ¿hasta dónde puede llegar un gobernante en nombre de un proyecto político que considera indispensable?

Los acuerdos y las concesiones forman parte del ejercicio legítimo del poder, pero también cabe preguntarse si responden al interés general o, fundamentalmente, a la necesidad de conservar una mayoría parlamentaria.

Las enormes diferencias entre la España actual y la de los años treinta impiden identificar a Pedro Sánchez con Largo Caballero, como a veces se hace.

Lo pertinente no es equiparar a ambos personajes, sino examinar cómo entienden la relación entre los objetivos de su partido, las alianzas necesarias para alcanzarlos y los límites que imponen las instituciones.

El discurso con el que Pedro Sánchez afronta las elecciones del 29 de noviembre ofrece un motivo adicional para reflexionar sobre aquellos límites.

El presidente ha presentado las próximas elecciones como una disyuntiva entre avance y retroceso, llegando a advertir de que una victoria de sus adversarios podría devolver a España varias décadas atrás.

Es legítimo cuestionar las propuestas de la oposición y advertir sobre sus posibles consecuencias. Pero resulta igualmente necesario distinguir entre combatir un programa político y poner en duda la normalidad democrática de una eventual alternancia.

Cuando la contienda electoral se presenta como una pugna entre quienes supuestamente representan el progreso y quienes encarnan el retroceso, la discrepancia adquiere una dimensión moral que dificulta reconocer la legitimidad del adversario.

Esa tentación no es exclusiva de ningún partido, pero merece especial atención cuando aparece en el discurso de quien preside el Gobierno.

Esa tensión entre la conservación del poder y la solidez institucional adquiere otra dimensión cuando entra en juego el problema territorial. Las dificultades de Azaña, sin embargo, no se limitaron a las divisiones ideológicas y a los enfrentamientos entre sus aliados.

El problema territorial añadió otra dimensión a una gobernabilidad ya extraordinariamente complicada. Defendió el Estatuto de Cataluña de 1932, pero durante la guerra expresó un desencanto creciente ante la falta de solidaridad entre quienes debían sostener un mismo Estado.

Sería injusto convertirlo retrospectivamente en adversario de unas autonomías que él mismo contribuyó decisivamente a establecer.

Tampoco puede ignorarse el profundo desencanto que le produjo la actuación de la Generalitat presidida por Lluís Companys durante la Guerra Civil, cuando determinadas decisiones del Gobierno catalán llegaron a cuestionar la autoridad del propio Estado republicano.

Azaña, uno de los grandes defensores del Estatuto de 1932, terminó descubriendo las dificultades de conciliar las aspiraciones nacionalistas con la lealtad a un proyecto político común.

Noventa años después, y en circunstancias radicalmente distintas, la cuestión territorial continúa condicionando la gobernabilidad española.

Los acuerdos de Pedro Sánchez con las formaciones nacionalistas e independentistas han reabierto el debate sobre dónde termina la negociación legítima entre diferentes proyectos políticos y dónde comienza la dependencia parlamentaria.

Desde el Gobierno y las formaciones nacionalistas se sostiene que esos acuerdos han favorecido la convivencia y la integración territorial; en cambio, desde amplios sectores de la sociedad española se considera que han subordinado decisiones de alcance general a compromisos particulares.

La experiencia de Azaña no resuelve esa controversia, pero invita a examinar sus consecuencias para el funcionamiento de las instituciones.

Las recientes declaraciones de Carles Puigdemont añaden un elemento significativo a esta controversia. Tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, y cuando su aplicación personal todavía estaba pendiente de resolución, el dirigente independentista llegó a afirmar que las autoridades «deberán acabar firmando la rendición«.

Resulta llamativo que una medida defendida por el Gobierno como instrumento de reconciliación sea interpretada por uno de sus principales destinatarios en términos de vencedores y vencidos.

La discrepancia sobre el futuro político de Cataluña es perfectamente legítima; otra cuestión es si ese lenguaje contribuye a la convivencia que se invocó para justificar la amnistía.

La legitimidad parlamentaria de un acuerdo no elimina la necesidad de examinar su contenido, sus consecuencias y su coherencia con los compromisos anteriores de quienes lo suscriben.

Tampoco convierte cualquier crítica a esos pactos en una manifestación de hostilidad hacia el pluralismo territorial. La negociación es consustancial a la democracia, pero también lo son la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos a cuestionar las decisiones de sus gobernantes.

La experiencia del exilio republicano ofrece otra reflexión. Claudio Sánchez-Albornoz, historiador y presidente del Gobierno de la República en el exilio entre 1962 y 1971, mantuvo sus convicciones republicanas durante décadas.

Sin embargo, cuando Juan Carlos I y Sofía visitaron Argentina en 1978, recibió favorablemente aquella presencia institucional. Según una conocida anécdota, cuando le anunciaron la llegada de los monarcas, Sánchez-Albornoz respondió: «¡Es España quien viene a la Argentina!«. Una respuesta que refleja la capacidad del viejo republicano para distinguir sus convicciones políticas de la representación institucional del país.

Es difícil no recordar aquella reflexión ante las visitas que Felipe VI y Letizia acaban de realizar a Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas cuya soberanía sigue siendo reivindicada por Marruecos. Más allá de las simpatías monárquicas o republicanas de cada cual, el viaje posee un significado institucional que trasciende a sus personas.

No representa solamente la visita de los monarcas, sino la manifestación visible del Estado español en dos territorios que forman parte de él y cuyos ciudadanos necesitan sentirse respaldados por sus instituciones. Esa continuidad institucional, especialmente significativa allí donde la soberanía española es cuestionada desde el exterior, resume buena parte de la lección de Sánchez-Albornoz.

Aquella lección invita a separar tres realidades que demasiadas veces se confunden: España, sus instituciones y el Gobierno de turno. Ningún gobernante encarna en exclusiva al país; tampoco quien lo combate puede arrogarse su representación moral. Las instituciones están llamadas a durar más que los partidos y las mayorías, y la alternancia no debería interpretarse como una derrota nacional, sino como una manifestación de normalidad democrática.

En julio de 1938, cuando España ya estaba desgarrada por la guerra, Azaña proclamó: «A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste«.

La gravedad del contexto de aquella frase impide trasladarla de manera irreflexiva al presente. Pero su apelación a una comunidad que trasciende a los bandos tiene un sentido que merece conservarse. El pasado no dicta respuestas automáticas para el presente; nos recuerda, más bien, el coste de olvidar que un adversario político sigue siendo parte del mismo país.

Quizá Abba Eban tuviera razón y las naciones necesiten agotar demasiadas alternativas antes de comportarse sabiamente. La diferencia decisiva es que hoy podemos probar, discutir y corregir sin renunciar a las reglas de convivencia.

Las urnas no garantizan el acierto, pero permiten rectificar. Y, después de tantas lecciones de nuestra historia, sería deseable no tener que agotar de nuevo todas las alternativas para aprender a distinguir entre los intereses de un partido, las ambiciones de sus dirigentes y los intereses permanentes de España.